El demandante cuestiona la “inacción” tras la sentencia del caso Yate: “Quienes se beneficiaron de licencias obtenidas mediante corrupción siguen explotando el dominio público”.
Las antiguas chozas y estancias del litoral majorero afrontan derribos y falta de protección mientras varios especialistas reclaman estudiar su valor patrimonial y etnográfico.