Llega mayo y se pone en marcha la cuenta atrás para las próximas elecciones. Anda ya el gallinero político majorero revolucionado con las encuestas, que los expertos dicen que marcan tendencias pero que en el pasado se han desviado más que la trayectoria del proyectil en una escopeta de feria.

Es pronto para dar por buena la foto demoscópica pero no tanto para que los cargos públicos, los que están en los gobiernos y en las oposiciones, empiecen con el sano ejercicio de introspección y evalúen para qué han utilizado el tiempo que los ciudadanos les han regalado en las instituciones, en muchos casos excelentemente remunerado.

¿Y qué avances reales se pueden esperar de los próximos meses? Pues más bien pocos. La política majorera hace tiempo que se ha instalado en la modorra del día festivo, cuando no en el postureo y en el selfie.

Un ejemplo de lo que no saldrá adelante en este año preelectoral es el nuevo Plan Insular de Ordenación. El escenario es el siguiente: el vicepresidente Blas Acosta lo quiere aprobar, despedirse del Cabildo por la puerta grande y regresar a Pájara. Lo ha diseñado durante meses y es prácticamente el único logro que podría presentar su área de Política Territorial.

Ha puesto empeño, con tournée incluida por las sedes de los partidos de la oposición. En Coalición Canaria se niegan a dar el visto bueno y es casi imposible que a estas alturas encuentre otros aliados. De momento, todo es silencio. Puede que se tense el pacto, que se produzca algún exabrupto en forma de declaración radiofónica. Pero ni a Marcial Morales, acomodado mejor que nadie a esta nueva era, donde solo pasa el tiempo, le interesa romper la alianza con Blas Acosta ni al jefe de filas del PSOE le conviene afrontar unas elecciones desde el frío de la oposición.

La política majorera hace tiempo que se ha instalado en la modorra del día festivo, cuando no en el postureo y en el selfie

Otra de silencios: la portavoz socialista en La Oliva, Rosa Fernández, se ve abocada al banquillo de los acusados –junto a Claudina Morales (CC)- por la contratación irregular, cuando era alcaldesa, de los principales cargos del Ayuntamiento (secretaría, intervención y tesorería). La Audiencia Provincial se ha pronunciado de forma inapelable y el juicio resulta inevitable después de que ya la Fiscalía la haya acusado de prevaricación y pida que se la inhabilite durante ocho años. Otros cargos públicos y orgánicos del PSOE en Canarias han dimitido incluso en fases procesales anteriores.

CC ha dado muestras de mayor laxitud con esas zarandajas de los códigos éticos y sorprendería que dejase sin nómina a quien tiene la losa de los indicios de haber delinquido como responsable público. Solo cuando hay condena, porque no queda más remedio (legal), y tras las correspondientes lágrimas derramadas.

Lo cierto es que el Ayuntamiento de La Oliva es digno de estudio. El último episodio roza el surrealismo político: el concejal Miguel Van Daele (CC) hereda en 2011 unos terrenitos junto al muelle de El Cotillo. Entre ellos, 327 metros sobre los que pasa la carretera. Deja de ser concejal cuatro años después y, al poco, demanda al Ayuntamiento de cuyo grupo de gobierno había sido miembro destacado, acusando a la institución, en román paladino, de ser un desastre. Y se lleva 564.000 euros en concepto de indemnización, sentencia judicial mediante.

De manera más que relacionada con este asunto se ventila una investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de Puerto del Rosario por una licencia de obras en terrenos que también eran del susodicho concejal. El juez Alfonso Silos tiene para entretenerse con mediciones de parcelas, retranqueos, informes y licencias que están en cuestión.

Hay quien dirá que la política majorera también se está “judicializando”, y quien piense que ya era hora de que la Justicia dejara de mirar para otro lado.