La actual situación de los hoteles de RIU en las Dunas de Corralejo empezó en conflicto diplomático y ha terminado desembocando en una guerra sin cuartel. El Hotel Tres Islas tiene abierto un expediente de caducidad de su concesión para ocupar el dominio público marítimo terrestre por la ejecución de obras ilegales, al Oliva Beach se le ha abierto otro expediente sancionador que, llegado el caso, sería la base para anular también su concesión, el Gobierno central ha elevado el tono contra la cadena hotelera por la comisión de ilegalidades, los trabajadores se movilizan ante la posibilidad de que los establecimientos pueden llegar a cerrar y el Gobierno de Canarias trata de poner paños calientes pero sabe que no podrá mirar para otro lado cuando asuma la competencia de Costas. Estas son las principales claves:

Tres Islas y la “demolición ordenada” que se incumplió. La encrucijada en la que se encuentra el Hotel Tres Islas en 2022 comenzó en realidad hace 15 años. El 6 de junio de 2007, dos vigilantes de Costas presentan el boletín de denuncia en el que dejan constancia de la “realización de obras” en el Tres Islas que consistían en un “aumento de volumen” no autorizado, por el cerramiento de un solárium en la última planta del hotel. RIU había levantado unos muros y techado unos 118 metros cuadrados. Una intervención aparentemente menor pero que vulneraba de plano la legislación de Costas y la concesión para ocupar el dominio público que le había sido otorgada menos de tres meses antes.

Esa concesión se autorizó para la finca del hotel, inaugurado en 1974. En el Catastro se especifica que la superficie construida asciende a 32.327 metros cuadrados, por lo que el aumento de volumen representa apenas un 0,36 por ciento del edificio. Pero la autorización para ocupar el dominio público es taxativa: no se puede llevar a cabo ninguna “obra o construcción” sin la “previa autorización” del Gobierno, solo caben las de “reparación y mejora” pero “siempre que no impliquen aumento de volumen” de la edificación existente.

En aquel momento, RIU trata de argumentar, sin ningún éxito, que el cerramiento forma parte de las obras de “rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones” que el Ministerio de Medio Ambiente había autorizado de forma paralela a la concesión del dominio público. No cuela. “Del reportaje fotográfico y de los documentos obrantes en el expediente se infiere que, con anterioridad a la fecha en que se formuló la denuncia, el hotel RIU Palace Tres Islas no incluía entre sus instalaciones las obras denunciadas por el Servicio de Vigilancia, las cuales suponen un aumento del volumen”, señala la resolución de Costas. El departamento de Medio Ambiente también concluye que ese cerramiento no tiene nada que ver con el proyecto autorizado para remozar el hotel. A RIU le cae una multa por las obras de 10.855 euros, que ingresa en febrero de 2010, pero pasa de derribarlas.

Hotel Tres Islas. Foto: RIU.

El expediente de caducidad del Hotel Tres Islas se puede alargar hasta 2023

Transcurre una década y el 13 de febrero de 2020, el Servicio de Vigilancia de Costas vuelve a pasar por el Tres Islas y levanta acta de que aquellos 118 metros cuadrados de más no se han demolido. Y otra vez se pone en marcha la maquinaria administrativa: a finales de ese mes, el Ministerio -ahora denominado de Transición Ecológica- se dirige a RIU y le concede “un plazo de 15 días para el inicio de la demolición de las obras sancionadas y la restitución” del hotel “a su primitivo estado”. El derribo, señala el órgano gubernamental, debe quedar finalizado “en el plazo máximo de dos meses". A finales de junio del mismo año, Costas regresa a “inspeccionar el cumplimiento de la demolición de las obras ilegales” y se comprueba que el derribo no se ha llevado a cabo. Seis días después, el Ministerio comunica a RIU la apertura de unas “actuaciones previas al inicio de un expediente de caducidad” y le da 10 días para que presente alegaciones.

En agosto, Costas vuelve a levantar acta de inspección, y en septiembre reitera a la empresa que presente “cuanta información y pruebas pueda aportar en defensa de sus derechos”. Un año después, el 2 de agosto de 2021, se inicia el expediente de caducidad de la concesión del dominio público “por incumplimiento”, que está en trámite. Antes de que se resuelva, tendrá que emitir informe el Consejo de Obras Públicas, la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado. El Gobierno tiene 18 meses para culminar el expediente. La fecha límite es enero de 2023.

El Oliva Beach sigue el mismo camino. Ahora mismo, el Ministerio de Transición Ecológica tiene abierto un expediente sancionador a RIU por “la ejecución no autorizada de obras e instalaciones” en el dominio público que ocupan el hotel y el complejo Oliva Beach, compuesto por 432 apartamentos y 10 locales. El Ministerio destaca que la cadena hotelera ha incurrido, también en este hotel, en un “aumento de superficie, volumen o altura” de las edificaciones e instalaciones que se encuentran en dominio público, sin permiso. El guion del Oliva Beach incluye escenas calcadas al del Tres Islas. En este caso, Costas también considera que se está incumpliendo la concesión del dominio público, otorgada inicialmente en 2003 para ocupar 59.768 metros cuadrados de superficie, que se modificó en 2007 y que se prorrogó en septiembre de 2016, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Cuando se produjo esa última prórroga, la actual directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, era responsable de los servicios jurídicos del Ministerio. En uno de sus informes relacionados con el Oliva Beach, Oñoro desliza que esa ampliación del plazo de la concesión se dio sin que se recabase su criterio legal. ¿Y cuál es su posición? Tal y como se desprende de diversos informes de su departamento, entiende que los terrenos sobre los que se levantó el Oliva Beach debían ser considerados playa y, por tanto, dominio público desde la Ley de Costas de 1969. El hotel se inauguró en 1976 y se empezó a construir cuatro años antes. Según ese criterio, nunca se debió de edificar. Y en cuanto a los apartamentos, la directora general ha recalcado en un informe que “no estaban construidos” cuando entró en vigor la siguiente Ley de Costas de julio de 1988 y resta importancia a que contasen con licencia de obras del entonces alcalde, Domingo González Arroyo. El Consejo de Estado también cuestiona por qué no se cumplió un expediente sancionador que incluía la paralización de las obras, avalada judicialmente.

El Gobierno central acusa a RIU de irresponsable por “incumplir” la normativa de Costas

El nuevo expediente sancionador al Oliva Beach apunta a que RIU habría llevado a cabo obras sin autorización que ocupan 13.922 metros cuadrados: una carretera y aparcamiento, sobre una superficie de 7.050 metros cuadrados, una acera que ocupa 2.020 metros cuadrados y la transformación de 4.851 metros cuadrados para jardines, incluyendo el “desbroce del terreno”, la “incorporación del césped” y el sistema de riego sobre una superficie “no concesionada” del dominio público marítimo terrestre. También se describe un vallado no autorizado de 566 metros de largo, la instalación de contenedores, de depósitos de propano y agua, y un grupo electrógeno. En total, la valoración económica de las construcciones y equipos instalados sin permiso por RIU asciende a 408.116 euros, tal y como se refleja en un informe de Costas.

Las fuentes consultadas por Diario de Fuerteventura aseguran que la consecuencia para RIU en el caso del Oliva Beach sería la misma que con el Tres Islas: llegar a enfrentarse a un expediente de caducidad de la concesión del dominio público por vulnerar la normativa de Costas, al efectuar obras y colocar instalaciones sin autorización. De hecho, esa vía ya la sugería el Consejo de Estado, que como órgano consultivo informó de otro expediente anterior contra el Oliva Beach, el de revisión de oficio de la concesión, archivado al año pasado al no haberse culminado en tiempo y forma, y que fue instado por el Ministerio de Transición Ecológica después de descubrir que RIU no era la única dueña de los terrenos de la concesión, una condición indispensable, sino que había otra veintena de propietarios de apartamentos, de los que nunca se informó durante los trámites de la concesión.

La diferencia, en términos políticos y administrativos, entre ambos tipos de expediente es sustancial: una revisión de oficio para anular la concesión implicaría reconocer que el Gobierno central cometió un error al otorgar el uso del dominio público, mientras que la declaración de caducidad invierte la responsabilidad hacia RIU, que sería la culpable por ejecutar obras ilegales y perdería por ello el permiso que mantiene en pie el Oliva Beach.

Denuncia por obras ilegales al Hotel Tres Islas.

“Apoyo a la actividad económica legal”. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez está desplegando una inusitada dureza al pronunciarse en las Cortes sobre la situación de los hoteles de las Dunas de Corralejo. En el caso del Tres Islas y en respuesta al senador Asier Antona (PP), le recuerda que dio a RIU varias oportunidades para que derribase las obras ilegales, en 2008 y en 2020, y que la cadena hotelera se ha negado. En contestación reciente a otro canario, diputado del PP, Sebastián Ledesma, el Gobierno central niega que, “en modo alguno”, este expediente de caducidad, “que se tramita por incumplimiento de la empresa de lo estipulado en la Ley de Costas, afecta en la actualidad a los puestos de trabajo”. “Es responsabilidad de la empresa, cuyas instalaciones se sitúan en dominio público, cumplir con la legalidad, y obligación de la Administración actuar en consecuencia ante los incumplimientos detectados”, añade el Ejecutivo, que concluye: “El Gobierno está comprometido con el cumplimiento de la normativa y con el apoyo a la actividad económica legal”.

Y cuando se acusa desde partidos de la oposición al Ministerio de Transición ecológica de la socialista Teresa Ribera de provocar el cierre de hoteles y se le pide que valore su impacto económico, el Gobierno dice que no le corresponde “hacer estimaciones sobre hechos hipotéticos, sino velar por el cumplimiento de la normativa”. “El Gobierno no promueve el cierre de ningún establecimiento hotelero en Fuerteventura”, asegura el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “El Gobierno vela por que la cadena RIU, y todas las empresas y particulares que tienen títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre, cumplan la normativa de Costas para defender la integridad del patrimonio de todos” los ciudadanos, resalta el Gobierno central.

También insiste en que “corresponde a la empresa cumplir con la legalidad” y asegura que “tiene todo el compromiso, la disposición y la sensibilidad con las familias de Fuerteventura y de toda España”. “Parece ser la empresa responsable de estos establecimientos hoteleros la que no la tiene, al incumplir de manera reiterada la normativa de Costas pese a disfrutar de concesiones de uso del dominio público marítimo terrestre, que es patrimonio de todos los españoles”, sentencia el Ejecutivo, en un tono contundente, nada habitual al referirse a compañías privadas como RIU, que declaró 1.375 millones de euros de facturación el último año, con un incremento del 66 por ciento.

Manifestación en febrero.

Movilizaciones, peticiones y regates. A medida que avanza el cerco administrativo de Costas hacia los hoteles de las Dunas, la incertidumbre de las plantillas aumenta. Estiman que una hipotética clausura de los establecimientos supondría la pérdida de 932 empleos, tanto directos como indirectos, y un volumen de negocio de RIU y de proveedores de unos 45 millones de euros al año. Para las organizaciones sindicales y empresariales que respaldan al Tres Islas y el Oliva Beach, su cierre produciría “un drama social y económico” en la Isla, resultando directamente afectadas “más de 700 familias”. “Económicamente sería un debacle para la Isla en general”, señalan en un manifiesto, en el que se llega a apuntar que el aumento del desempleo sería, a su vez, “un factor que incrementaría la inseguridad y la criminalidad en el municipio” de La Oliva.

Los trabajadores han llevado su reivindicación de que pervivan los hoteles de las Dunas, con acciones de protesta, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Madrid y en Bruselas. La convocatoria más multitudinaria, con al menos medio millar de personas, todavía está caliente. Se celebró el 21 de febrero en las calles de Puerto del Rosario, con proclamas como “estos hoteles no se tiran” o “salvar a 700 familias”, y notable presencia política. “Estamos donde siempre, en defensa del empleo y del sentido común”, dijo Fernando Clavijo (CC), mientras que Sergio Ramos (PP) se ofreció a ser “senador del pueblo majorero” por la “ausencia” de la socialista Paloma Hernández, y el presidente del Cabildo, Sergio Lloret (AMF) dio un encendido discurso: “Lo más importante es garantizar el empleo y unirnos todos”.

Los trabajadores aumentan sus reivindicaciones, pero Torres evita comprometerse por completo

En principio, esa unidad existe: todos los diputados por Fuerteventura apretaron al presidente Ángel Víctor Torres para que “solicite la suspensión de los expedientes” al Tres Islas y al Oliva Beach “hasta tanto en cuanto el Gobierno de Canarias no asuma las plenas competencias sobre las costas de las Islas”. El horizonte para que esto última suceda está fijado en el próximo 1 de julio. La petición tiene escaso recorrido, ya que supondría de facto que el Ministerio dejara en suspenso de ejercer sus funciones hasta entonces.

En lo que también hay casi unanimidad es en pensar que la situación de los hoteles podría cambiar cuando las competencias de Costas se traspasen a la comunidad autónoma. Lo cree RIU, que el pasado octubre renunció a la petición que había formulado en 2017 para reformar el Oliva Beach, y están seguros de ello políticos, sindicatos y patronales. ¿Y qué piensa Torres? Difícil saberlo. Lo que dice sí está claro (o no). Después de una visita de la ministra de Transición Ecológica, afirma que "nadie puede tener esperanzas de que no se aplique la ley". Tras recibir, en la frialdad de un despacho en Tenerife, a tres representantes laborales, afirma que “nadie” quiere que los hoteles “caigan” y les muestra el “apoyo absoluto del Gobierno”.