La complejidad de la sociedad actual supone una prueba constante para los tomadores de decisiones. El manejo de las expectativas se ha convertido en una cuestión fundamental para el calendario político, antes y después de unos procesos electorales cuya formulación programática desafía la lógica más elemental. Que la realidad no venga a estropearme el discurso, parece ser la tónica general. Por eso es posible escuchar relatos que prometen rebajas fiscales, mejora sustancial de los servicios públicos y una eficiencia administrativa propia de otras latitudes. Ah, y una cosa fundamental: en campaña, y en los cuentos de hadas de los programas, es posible y hasta deseable prometer una cosa y su contraria, dejar contentos a empresarios y trabajadores, a industriales e importadores, a hoteleros y ecologistas. Quizá la corta memoria del ciclo informativo de 24 horas promueva esta cultura del aquí te voto, aquí te mato. Es paradójico: en la era de la hemeroteca universal el contenido de esta importa muy poco, pues el incumplimiento de lo prometido siempre puede ser culpa de otro, con el adversario político como destinatario habitual.

Finalmente, la rebaja fiscal en Canarias se queda en una mueca. Es el primer año de la legislatura y hay margen temporal para cumplir lo prometido en campaña por las dos fuerzas políticas que comparten el nuevo Gobierno autonómico, CC y PP. De modo que tiempo hay, pero circunstancias no tanto. El retorno de las reglas fiscales a escala europea y española será un obstáculo importante, pues cualquier reducción en la previsión de ingresos vendrá acompañada a la fuerza por una rebaja idéntica en el capítulo del gasto público. Esta es una limitación importante que nos viene dada, pero hay otra más relevante que tiene que ver con la arquitectura del sistema institucional canario, en el que los cabildos y ayuntamientos se sienten con la libertad de dar rienda suelta a sus espíritus animales.

De cara a los próximos ejercicios, el Ejecutivo autonómico intentará rebajar el IGIC en un porcentaje relevante (del siete al cinco por ciento parece, ahora mismo, un bocado demasiado grande), pero tendrá que asumir el esfuerzo en solitario, pues no es previsible un compromiso equivalente de las corporaciones locales, receptoras del 58 por ciento de los ingresos derivados del bloque de impuestos de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF). Así que estamos en ese dilema: a favor de bajar los impuestos, pero que los baje otro. Es la condición humana hecha política, quizá.

Todo esto es relativamente normal, hay una disparidad incluso lógica entre el pensamiento mágico de los buenos propósitos y la dura y en ocasiones aplastante realidad. La política fiscal es muy propicia para la construcción de castillos en el aire. Pero tampoco es el apartado más sangrante. En la actualidad canaria, es la crisis migratoria la gran cuestión que desata los ánimos y los mensajes crispados, combinados por una pedagogía más o menos compartida por las principales fuerzas políticas, que de momento resisten las peores tentaciones ya anidadas en el continente europeo. Es algo que tiene su mérito.

Que la situación es muy compleja salta a la vista. Que la respuesta por parte de la Administración responsable, la estatal, es insuficiente, también. Hay cosas que mejorar y sobre todo tienen que ver con una respuesta más eficaz y humanitaria en la atención temprana, previa a una derivación a la Península que ya comienza a desatar tensiones de Cádiz para arriba. Quizá era ingenuo pensar lo contrario, pero hemos transmitido un mensaje a Europa: a los vecinos del norte les pedimos solidaridad, pero los españoles no la ejercemos en casa.

Cuando la política democrática transmite desidia o impotencia algo peor viene

Hay cosas, sin embargo, que exigen una respuesta más seria. Y en las que no es tolerable contemplar a los responsables públicos convertidos en comentaristas, no en gobernantes ni alternativa. Hay un ejemplo de libro en Canarias: la atención a los menores inmigrantes. Llevamos años debatiendo sobre ello con un principio más o menos convenido: la Comunidad de Canarias no puede hacerlo sola, es precisa la implicación de sus homólogas y la financiación del Ejecutivo central. Y hace falta retocar leyes, básicamente las del menor y de extranjería, para hacer posible la acogida obligatoria, no una simple buena disposición cargada de insuficiencias. Así que estamos ante una reforma legal que todo el mundo defiende, pero que nadie promueve. No lo hizo el Gobierno anterior en una legislatura pródiga en artefactos legales de dudoso éxito. No lo hace el actual Ejecutivo, limitado y en funciones. Tampoco el grupo ahora mayoritario en el Congreso, el PP; ni el segundo, el PSOE, cuando cualquier grupo parlamentario de la Cámara Baja puede registrar una proposición de ley para abrir un procedimiento. Hasta podría hacerlo Cristina Valido, diputada de CC, con la firma de otros 14 diputados del Congreso, que no deberían ser imposibles de recolectar.

Todos hablamos de ello, pero nadie hace nada, mientras la situación empeora hasta lo indecible y los perjudicados son siempre niños y niñas recién llegados a las Islas. Pues no, en este caso es preciso un esfuerzo de los servidores públicos, de distinto signo y en diferentes responsabilidades, para eludir uno de los peores males de la política actual: pensar que basta con comentar los asuntos sin intervenir en ellos. Y mucho ojo, cuando la política democrática transmite desidia o impotencia algo peor viene a pretender sustituirla.