El Consejo Consultivo de Canarias ha rectificado a la Consejería de Sanidad, que quería dar carpetazo a la denuncia de una enferma de cáncer de Fuerteventura que reclamó más de 200.000 euros por una “deficiente asistencia sanitaria”.

La paciente presentó en junio del año pasado una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Servicio Canario de la Salud (SCS). Argumentó que en su caso había existido “un mal funcionamiento del servicio sanitario público” por el “retraso de pruebas diagnósticas como mamografías, ecografías” y “especialmente” en la práctica de la denominada tomografía computerizada, TAC. De tal manera que, según resaltó en la denuncia, se perdió la “oportunidad de un tratamiento precoz” del cáncer.

En ese sentido, la denuncia insiste en que se demoraron las pruebas desde “los primeros síntomas de afección”, advertidos en las “continuas y numerosas visitas” al centro de salud de Puerto del Rosario II y al Servicio de Urgencias del Hospital General de Fuerteventura.

En la denuncia se destaca que se produjo “un retraso de más de ocho meses en el diagnóstico de la enfermedad”, cáncer de mama con metástasis hepática. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias pretendió zanjar la reclamación alegando que el derecho a hacerlo habría prescrito, al haberse formulado más de un año después de que la paciente fuese diagnosticada.

La paciente tuvo que esperar más de medio año a que se le efectuaran las pruebas adecuadas

En su informe, la Consejería considera que tenía “conocimiento” de su enfermedad “al menos” desde un ingreso hospitalario que se produjo entre enero y febrero de 2014. Sin embargo, el Consejo Consultivo subraya que, por el tipo de enfermedad diagnosticada, si se acredita que hubo una deficiente asistencia sanitaria se estaría ante un supuesto “daño continuado”.

Por ello, el Consultivo ha acordado que se dé marcha atrás al expediente para que se incorporen “los informes preceptivos de los servicios presuntamente causantes del daño, las pruebas sanitarias practicadas, la historia clínica de la paciente” y “cuanta documentación se considere necesaria” para determinar si el “daño” alegado fue causado por la actuación del Servicio Canario de la Salud.

En principio, la Consejería tendría que elaborar una propuesta de resolución, estimando o rechazando la reclamación, que sería dictaminada de nuevo por el Consejo Consultivo.

“Desesperación”

En la reclamación se hace hincapié en el largo periodo de tiempo que pasó, “con absoluta desidia” por parte del SCS, hasta que se efectuaron las pruebas precisas a la paciente, que tuvo que acudir, con “desesperación, sufrimiento y padecimiento”, a las consultas de “más de 13 de facultativos diferentes” en el centro de salud de Puerto del Rosario y en Urgencias.

Se reclaman más de 200.000 euros por no haber tenido “oportunidad de un tratamiento precoz”

Al acudir a los centros sanitarios, los médicos le diagnosticaban “lumbalgia” y “dorsalgia” y le prescribían “únicamente analgésicos para el dolor. Así durante más de seis meses. Hasta que el servicio de rehabilitación solicitó con carácter urgente la realización de un TAC.

La reclamación incluye 180.000 euros por los “daños físicos” y “psíquicos”, además de por “no haber tenido opción a tratar la enfermedad en un estado más inicial”, así como 21.369 euros por los días que la paciente estuvo hospitalizada o impedida.