Votemos La Oliva, que cuenta con tres concejales en el Ayuntamiento norteño, en tareas de oposición, acordó el viernes ampliar su ámbito territorial de actuación a toda la isla de Fuerteventura.

De esta manera, se encargó a una comisión que elabore nuevos estatutos para la formación política y que la organización se denomine Votemos Fuerteventura.

Desde la organización política, cuyos representantes públicos son los concejales Álvaro de Astica, Cirilo González y Patricio Ricardo Carneiro, se ha destacado que se trata de un acuerdo de “gran trascendencia”.

“Con la incorporación de nuevos afiliados de otros municipios de la Isla pretendemos extender nuestra lucha contra la corrupción a todo el territorio insular”, destacó Votemos.

Además, resaltó que “durante los próximos dos años, desde fuera de las instituciones”, tratarán de “llevar ante la Justicia a los saqueadores de las arcas y el territorio isleño”.

“Los golfos no son una exclusiva de La Oliva y no se puede enderezar un árbol podando sólo una rama”, destaca Votemos en un comunicado.

Además, en una asamblea extraordinaria y urgente se corroboró el acuerdo asesoramiento jurídico con el despacho Ferrer Peñate, “expertos en la lucha contra la corrupción representando a Transparencia Urbanística o Acción Cívica, entre otros”.

Sobre el denominado ‘caso Nóminas’, sobre el que el Juzgado ha acordado el sobreseimiento de la causa para una trabajadora municipal investigada, Votemos señala que la decisión se ha adoptado “pese a que el juez ha visto delito en los hechos denunciados”.

Sin embargo, añade, “no ha quedado comprobada fehacientemente la autoría del delito”. “Ni la Corporación presidida por Pedro Amador, ni la actual de Isaí Blanco se personaron en las diligencias previas, demostrando su actitud ante la corrupción que anida en nuestro Ayuntamiento”, señala Votemos.

La formación política no se personó ante la imposibilidad de hacer frente a una fianza de 3.000 euros que se había solicitado para su personación. “En adelante solicitaremos la colaboración económica” de los vecinos, apunta Vodemos, “para hacer frente a estas fianzas y no permitir que factores económicos torpedeen la lucha contra la corrupción” en Fuerteventura.