A pesar de las beach parties, carpas y demás fiestas que se aprietan en el calendario de la temporada estival majorera, la imagen de este verano ha sido, por ahora, otra: la de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pasando revista a las tropas en el cuartel de Puerto del Rosario y asistiendo después a un ejercicio de adiestramiento. Eso sí, evitó, como hizo en toda su tournée por el Archipiélago, las preguntas. Una incógnita clave que debe despejar su Ministerio es si acepta o no el convenio que el Ayuntamiento capitalino le ha planteado, por ahora sin éxito, para destinar una parte en la trasera del cuartel para levantar el Palacio de Justicia.

De año en año, generalmente en enero y aprovechando la feria turística Fitur en Madrid, se informa de que algún responsable municipal se reúne con alguien del Ministerio. El encuentro se convierte en noticia, cuando lo debiera ser el acuerdo, que no llega. Mientras tanto, se tienen que suspender juicios por la falta de salas disponibles y son notables las quejas por la dispersión de los órganos judiciales y la Fiscalía.

A ello hay que añadir el coste económico para las arcas públicas: nada menos que 25.745 euros al mes que abona la Consejería de Justicia en alquileres (3.628 por la sede de la Fiscalía en Secundino Alonso, 10.680 por el Juzgado de lo Social 2 y el Penal 2, y 11.435 por los Juzgados de primera instancia e instrucción 5 y 6, todos ellos en León y Castillo).

Los cuarteles en el centro de las poblaciones, en zonas que hoy son privilegiadas para el desarrollo urbano y la apertura de espacios públicos, son un vestigio del pasado. En otras ciudades –acaba de llegar al Congreso, por ejemplo, la reivindicación de Burgos- se están dando problemas similares.

El cuartel de Puerto del Rosario ocupa unos 125.000 metros cuadrados, encajado entre la calle Comandante Díaz Trayter –delegado del Gobierno en la Isla durante la dictadura de Primo de Rivera- y la calle Manuel Velázquez Cabrera -un político fundamental para la historia de Canarias y ‘padre’ de los cabildos-. Al Ministerio se le están pidiendo apenas 30.000 metros.

Cuenta la anécdota que cuando el Gobierno central pidió hace una década suelo para mejorar las condiciones y ampliar la cárcel de Tahíche, donde suelen cumplir condena los reclusos majoreros, un consejero del Cabildo de Lanzarote dijo, medio en serio medio en broma, que sin dudarlo porque “uno nunca sabe dónde puede acabar”. Hoy está pendiente de juicio. En una entrevista en Diario de Fuerteventura, el fiscal Tomás Fernández desvela que hay investigaciones en marcha que afectan a prácticamente todas las instituciones de la Isla. Una razón más para contar con un Palacio de Justicia.