Hoy ha salido publicada en los medios de comunicación la sentencia a favor de Domingo Álvarez Arroyo por la que sale absuelto tras ser acusado de haberse atrincherado en la Alcaldía de La Oliva, a pesar de encontrarse inhabilitado para ocupar el cargo.

Queridos vecinos y vecinas, esta sentencia, aunque pudiera parecer una derrota judicial, es sin duda un triunfo para todos y todas, ya que a través de la lucha titánica que desarrollamos desde la oposición en el Ayuntamiento de La Oliva, por primera vez, se aplicó en Canarias la Incompatibilidad sobrevenida encuadrada en la reforma de la Ley Electoral de 2011. Hemos sentado jurisprudencia.

Las implicaciones de la aplicación de la Ley Electoral han sido muy importantes a partir de ese momento y lo serán aún más en el futuro. Los ceses de Salvador Delgado de Coalición Canaria como alcalde de Tuineje, y de Gladys Acuña de Nueva Canarias como alcaldesa de Yaiza en Lanzarote, se deben a esa labor que nos enfrentó a todas las administraciones de Canarias.

Queremos recordar que en aquellos días convulsos y delirantes, tanto la Delegación de Gobierno como el Cabildo de Fuerteventura, capitaneados por PP, CC y NC, interpretaron a su manera la Ley mientras negociaban con el “ex marqués” los votos para el Senado.

Fue solo después de las famosas fotos de Domingo González envuelto en la bandera de las siete estrellas verdes asistiendo al mitin de Claudina Morales, cuando el PP dejo de sostener al alcalde inhabilitado. CC y NC lo acompañaron hasta el final, hasta el simulacro de Pleno del día de los inocentes de 2015.

Tan solo la Junta Electoral Central fue la que se aplicó para que se actuase dentro de la legalidad, también en Canarias.

Esta sentencia también nos habla de la importancia de la Acusación Popular, puesto que si Votemos Fuerteventura hubiera estado personado como tal, junto con otras formaciones, agrupaciones o personas físicas, quizás podríamos haber ayudado a Fiscalía aportando más pruebas, por ejemplo, el nombre del encargado de cambiar las llaves del Ayuntamiento de La Oliva, dato que se vino a saber sólo en el juicio, sin posibilidad de interrogarlo para conocer el ordenante.

Y aunque lamentamos que, a nuestro entender, se deberían haber sancionado muchas conductas de aquellos meses, no sólo la de Domingo González, estamos muy orgullosos de haber sentado jurisprudencia y haber dejado claro que, ante la primera sentencia por un delito de Corrupción, aunque no sea firme, el condenado debe abandonar el cargo público y recurrir, en su caso, como ciudadano de a pie.

¿Podríamos haber hecho más? Seguro que sí, pero queremos dejar constancia de que hicimos lo máximo que pudimos, sin medios económicos y escaso equipo humano, pero con mucha convicción y honestidad trabajando para el bien común de todos los vecinos y vecinas, y que la Ley sea igual para todos.

Desde la fecha, ya han sido inhabilitados tres alcaldes condenados por corrupción, y analizando el "calendario judicial", lo serán muchos más debido a nuestro esfuerzo de fiscalización y responsabilidad como partido político en Fuerteventura.