Cincuenta años después de que se aprobara por la entonces Comisión provincial de Urbanismo de Las Palmas el plan parcial Corralejo Playa, una de las principales zonas turísticas de Fuerteventura está envuelta en la polémica.

Las múltiples “irregularidades” urbanísticas, económicas y administrativas, confirmadas por una auditoría encargada por el Ayuntamiento de La Oliva, han acabado en la Fiscalía, tal y como confirman fuentes municipales.

La auditoría describe “actuaciones que pudieran calificarse de administración desleal, usurpación de funciones públicas, tráfico de influencias o malversación”. El estudio, encargado por el alcalde, Isaí Blanco, destaca que la constitución de una empresa de la que formaba parte el Consistorio para urbanizar el plan Corralejo Playa pretendía “escapar al control del pleno municipal” y tuvo un “coste directo de 6,7 millones de euros para el erario público”.

No sólo la institución pública ha resultado perjudicada. También los centenares de dueños de propiedades que hay en la urbanización, de más 1,7 millones de metros cuadrados, se han tenido que enfrentar durante años en los tribunales al pago de unas cuotas urbanísticas que consideran que no les corresponden.

Los tribunales les dieron la razón y anularon las cuotas. Luego el Ayuntamiento volvió a elaborar un censo y a girarlas, y nuevamente han interpuesto recursos. “Sentimos haber sido víctimas de una estafa monumental”, afirma uno de los afectados.

Estas son las claves de la génesis de la urbanización Corralejo Playa y las principales irregularidades detectadas por la auditoría encargada por el Ayuntamiento, a la que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura:

01. Cambio de manos. El promotor original de los terrenos conocidos como Heredad de Guariame, que luego se convirtieron en la urbanización Corralejo Playa, fue Plalafusa, que en junio de 1975 vende los terrenos a la sociedad Financiera Internacional Ibérica, excepto las parcelas que ya habían sido enajenadas en aquel momento.

En esa primera venta también se transmite la obligación de urbanizar la zona. En julio de 1982 los terrenos vuelven a cambiar de manos tras la quiebra de la promotora: pasan de Financiera Internacional Ibérica a la empresa Vertrage, que tramitó una ampliación del plan parcial. Para ello depositó en enero de 1988 en el Ayuntamiento un aval de 157 millones de pesetas de la época para garantizar las obras de urbanización.

En diciembre de 1991 se produce el tercer cambio de manos: Vertrage vende a la empresa Cahispa de Seguros de Vida las fincas de su propiedad por 390 millones de pesetas, una parte en acciones del banco privado de negocios Isbanc, otra parte cancelando una hipoteca y otra liberando a Vertrage “del aval prestado ante el Ayuntamiento de La Oliva para responder de las obras de urbanización”.

Además, en esa venta se asumen “los compromisos de urbanizar” el plan parcial y, en concreto, con 18 fincas que sumaban 296.000 metros cuadrados y que ya habían sido vendidas a otros propietarios.

02. La urbanizadora. La urbanizadora Corralejo Playa, de capital mixto, se constituyó en 1995 para hacerse cargo de las obras para el desarrollo del plan parcial. El Ayuntamiento de La Oliva era el socio mayoritario, mientras que el otro era la empresa Cahispa, principal propietaria de suelo en la zona.

Antes, en diciembre de 1991, el alcalde, Domingo González Arroyo, y Carlos Cebriá en representación de Cahispa firman un convenio urbanístico para cambiar el sistema de ejecución del plan parcial.

En julio de 1994 se firma otro convenio, en el que se “libera” el aval citado de los 157 millones de pesetas y el Ayuntamiento asume la constitución de una empresa urbanizadora “con participación de capital privado”.

En el mismo acto, Cahispa ya “manifiesta su interés” en formar parte de la empresa, que empieza a pasar cuotas urbanísticas a los que tenían propiedades en Corralejo Playa, que luego fueron tumbadas por los tribunales.

La auditoría destaca que desde el principio se cometió “una irregularidad” porque se tenía que haber abierto un “procedimiento de pública concurrencia” para la constitución de la sociedad mixta.

En la práctica, la urbanizadora Corralejo Playa se convirtió en una especie de Ayuntamiento paralelo sin las obligaciones que tiene una institución pública. La auditoría destaca la “inexistencia de controles internos” en la empresa, que ha “eludido de forma sistemática la normativa que sería de aplicación al sector público”.

03. Las adjudicaciones. En la auditoría se subraya que “no consta la existencia del expediente de contratación de la obra de urbanización, cuyo importe asciende a 16 millones de euros”. Ese expediente sería clave para justificar las obras.

Además, se produjo “un incumplimiento reiterado de la normativa referente a la contratación de proveedores y ejecución de obras según el régimen de libre concurrencia”. Las inversiones no salían a concurso a pesar de su elevado montante económico. Las empresas Cororasa y Dragados fueron contratadas directamente para hacer los trabajos.

Se trata de unas irregularidades que se extienden a los pagos, sobre los que no existe “certificación alguna” que apruebe los movimientos en la cuenta bancaria que la empresa mixta tenía en La Caixa.

Dragados llevó a los tribunales el incumplimiento de parte del pago y se determinó que se le adeudaban 4,2 millones. Sin embargo, para elaborar la auditoría se reclamaron a Dragados copias de las certificaciones de obra y sus facturas pero contestó que ya no obran “en sus archivos”, una respuesta que evidencia su “escasa voluntad de colaboración para esclarecer” los obras reales que se ejecutaron.