Denunciar el maltrato a las mujeres, el abandono de menores o la falta de gobernabilidad de las administraciones obligó a Sandra Osorio, defensora de los derechos humanos y líder social en Colombia, a huir de su país en 2017 y convertirse en solicitante de asilo en España. “El miedo a no tener oportunidades y a no ser yo fue lo que me obligó a emigrar”.

Amnistía Internacional considera Colombia como uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos. Los principales afectados son aquellos que ejercen liderazgos comunales, indígenas, afrodescendientes y quienes defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado. Según la Defensoría del Pueblo, 311 líderes sociales fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018.

Sandra Osorio tuvo que huir a Ecuador en 2016 en busca de protección internacional para no acabar como algunos de sus colegas. La condición de refugiada no le llegó y tuvo que regresar de nuevo a Colombia hasta que pudo viajar a España.

Sin embargo, la historia de esta mujer arranca en Quindío, uno de los departamentos del Eje cafetero colombiano. Allí vivió una infancia feliz junto a su familia y una adolescencia marcada por la muerte de su padre, hace ahora 23 años.

Quindío experimentó la prosperidad de ser una zona cafetera hasta que la violencia apareció por la puerta y los desgobiernos empezaron a campar a sus anchas. Quindío y su capital Armenia habían vivido al margen de las guerrillas. El departamento cafetero era la cuna de grandes líderes como el cofundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Manuel Marulanda Vélez. Ese privilegio, tal vez, la había librado del conflicto guerrillero que amenazaba a otros departamentos del país.

La bonanza cafetera convirtió a Quindío en un refugio para los colombianos de otros departamentos que sí sufrían las consecuencias de la guerrilla. Se calcula que más de 7,7 millones de personas han sido víctimas de desplazamientos internos desde 1985, como consecuencia del conflicto armado. A ello se une el reto humanitario que vive Colombia, tras convertirse en el primer receptor del éxodo venezolano.

Sandra explica cómo la llegada de miles de personas a Quindío fue acrecentando los problemas sociales, la drogadicción, la prostitución y cómo se crearon cordones de pobreza y miseria alrededor de la ciudad. Como consecuencia, las industrias y empresas han hecho las maletas y se han ido a otros lugares.

La situación animó a Sandra y a un grupo de amigos a empezar a trabajar en la zona a través de la Organización Comunal, una instancia a través de la cual las comunidades deciden organizarse para liderar e impulsar procesos comunitarios en barrios, a través de la participación. Se estructura a través de la Junta de Acción Comunal, conformada por líderes sociales y políticos de la zona, y su trabajo se centra en conocer las necesidades de la comunidad, intentar mejorar su calidad de vida y actuar como voceros ante las administraciones.

La joven recuerda cómo consiguieron “con esfuerzo” llegar a ciertos estamentos públicos y ser parte activa de Unidad Nacional, el partido de la U como se le conoce comúnmente, fundado por el expresidente Álvaro Uribe y con el que Juan Manuel Santos consiguió la reelección en 2014.

Poco a poco, los organismos comunales fueron ganando terreno en los departamentos de Colombia hasta que “empezaron a sufrir la persecución, no por parte de grupos armados de la guerrilla, sino de la delincuencia común por denunciar ciertas cosas”, recuerda esta defensora de los derechos humanos.

Cuenta cómo denunciar cosas tan básicas como el maltrato a la mujer, el abandono de menores, la falta de gobernabilidad de la administración frente a las comunidades o que no se invierta en un barrio por ser de un partido o de otro tienen un precio en Colombia.

El acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano no ha cesado la violencia en algunos de los departamentos del país. Quindío siguió después del acuerdo recibiendo los reductos de las FARC. “Esa gente que, supuestamente, quedó tras el proceso de paz y que no sabe otra cosa más que delinquir”, denuncia Sandra.

La joven empezó a ser testigo de episodios de violencia en su comunidad. Recuerda cómo vio matar a un vecino, con el que trabajaban para intentar apartarlo de la droga, a unos metros de ella y a plena luz del día, mientras el resto del pueblo oía misa.

La activista fue opositora a los acuerdos de paz de 2016. Deja claro que no se oponía a ella sino a la forma que se le quería dar. “Yo no puedo plantear una paz cuando el ciudadano común va en desigualdad frente al que ha empuñado un arma y al que luego le darán muchos beneficios como una vivienda y educación”, manifiesta.

Explica cómo, tras estudiar los acuerdos de paz, había cosas que no cuadraban. Por ello, Sandra y otros miembros de la Junta de Acción Comunal decidieron salir a la calle a explicarle al pueblo los motivos por los que no se podía votar el referéndum. Todo aquello le salió caro y tuvo que marcharse a Ecuador. Allí, se cansó de esperar que se admitiera a trámite su solicitud de asilo.

Finalmente, decidió emigrar a España. En una cafetería de Puerto del Rosario explica, mientras intenta entretener a su hijo de ocho meses y que las lágrimas le dejen seguir el relato, que cuando emigró fue “por el miedo a no tener oportunidades, a no ser yo”. Atrás dejaba, “lo que más quería, a mi madre”.

El 19 de septiembre de 2017 llegó a Galicia. Tres semanas después, solicitó asilo en la capital de Asturias, Oviedo. Allí, las cosas no le resultaron tan fáciles como pensaba que serían cuando decidió irse de Colombia. Al final, hizo de nuevo las maletas y viajó a Fuerteventura en busca de alguna oportunidad.

Según el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de 2018, Colombia es, tras Venezuela y Siria, el tercer país solicitante de asilo en España, con datos de 2017. Ese año, 2.460 personas procedentes de Colombia solicitaron asilo en España.

A principios de diciembre de 2017, Sandra obtuvo la tarjeta blanca, que indica que se ha solicitado la protección y que dicha solicitud está en proceso de admisión a trámite. En enero, la roja, el documento que certifica que se ha admitido a trámite la solicitud de asilo.

En todo este tiempo, la vida de Sandra no ha sido fácil, a pesar de llevar una cartulina roja que, en principio, le asigna una serie de derechos. “Los que tenemos una solicitud admitida a trámite estamos en stand by. No somos residentes, pero tampoco irregulares”, asegura.

La ley que regula el asilo y la protección internacional señala que se proporcionará a las personas solicitantes de protección internacional, siempre que carezcan de recursos, los servicios sociales y de acogida necesarios para asegurar sus necesidades básicas en condiciones de igualdad.

“Pero desafortunadamente en Fuerteventura no hay recursos. He tenido colaboración de los Servicios Sociales, que han sido muy buenos, pero en otras cosas como la ayuda para el alquiler de un piso se complica”, comenta. El pago del alquiler más la fianza que piden los caseros son obstáculos que Sandra no puede sortear sin trabajo, madre soltera y a la espera de que nazca su segundo hijo.

Cree que las autoridades frente al tema del asilo “tienen un desconocimiento total. Al tener la tarjeta tenemos las mismos derechos y deberes que un español, pero las entidades no conocen la ley”, lamenta. En Fuerteventura, a veces, se le han abierto las puertas y ha podido trabajar como camarera, dependienta, asistenta de hogar… Pero no siempre ha cotizado en la Seguridad Social.

Sandra comenta que, a pesar de todo ello, en la Isla ha recuperado muchas cosas que creía tener perdidas como el sentimiento de solidaridad. “Después de tanto tiempo trabajando con la comunidad, recibes desengaños pero, cuando he visto aquí la solidaridad con la que me han tratado, he creído que aún en el ser humano hay mucho que rescatar”, dice.

Entre las cosas buenas que ha encontrado en Fuerteventura está haberse topado con el Partido Socialista de Libre Federación. La organización política, formada por latinos residentes en Fuerteventura, concurrió a las elecciones del pasado 26 de mayo con candidatos al Parlamento de Canarias y al Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

A través de una antigua jefa, también colombiana, Sandra conoció la existencia del partido. Quedó para tomarse un café con los fundadores y cuando se levantó de la mesa ya sabía que se metería de lleno en este partido que lucha por los derechos de la población inmigrante. Uno de sus fundadores, Estervino Adame, de origen dominicano, no tardó en abrirle a ella y a su hijo las puertas de su casa.

Sandra se sintió identificada con el lema del partido (De todos para todos) y con sus propuestas de sanidad, empleo y vivienda no sólo para la población inmigrante. “También queremos trabajar para los españoles que sufren los mismos problemas que nosotros, como la falta de empleo o de una vivienda”, manifiesta la activista.

“Sentí que, a través de ese partido, estaba haciendo lo mismo que en mi país: mejorar la calidad de vida de todos los habitantes”, cuenta esta mujer que fue candidata al Concejo de Armenia en 2015 por la Unidad Nacional y, más tarde, militante del Centro Democrático. Con el partido ha recuperado las ganas de seguir adelante. A veces, la ilusión desaparece. Es cuando recibe la noticia de que alguno de sus compañeros de Colombia ha sido asesinado.