Todos los grupos parlamentarios han apoyado el informe del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 con la inclusión en ponencia de novedades: se deberá actualizar el registro de demandantes para adecuarlo al impacto de la covid y el Gobierno podrá adquirir para su conclusión promociones que quedaron inacabadas tras la crisis de 2008.

Estas son parte de las enmiendas que han presentado los grupos durante el debate en ponencia del plan, que este jueves ha quedado listo para su discusión en un próximo pleno del Parlamento regional y en el que todos han alabado el consenso alcanzado en su trámite.

El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 cuenta con un presupuesto de 664 millones de euros con el objetivo de edificar unas 5.900 viviendas protegidas, en su mayor parte de alquiler, y prevé en su conjunto más de 88.000 actuaciones que podrían generar unos 28.000 empleos en el archipiélago.

Por el grupo Socialista el diputado Jorge González señaló que en un momento de tanto ruido político se ha producido un ejercicio de responsabilidad para conseguir que la política sea una herramienta para arreglar los problemas de los ciudadanos.

El Plan se encuentra al final de un trabajo intenso pero ahora queda "un pasito más, que es el complicado", dijo Jorge González, y es su gestión por parte del Gobierno, que debe ser "rápida, eficiente y eficaz" y que debe concertar con cabildos y ayuntamientos la disponibilidad de suelos o de lo contrario, será imposible de ejecutar.

También se refirió Jorge González a que la cifra actual estimada de 17.000 demandantes de vivienda en Canarias se va a incrementar como consecuencia de la pandemia, sobre lo que el diputado del grupo Popular Manuel Domínguez se congratuló de que se haya incorporado su propuesta para actualizar la lista de solicitantes "a la real".

 Y para ello además será necesario "fajarse con una campaña de comunicación importante", continuó Manuel Domínguez, quien afirmó que el PP ha tendido la mano a un buen documento, real y alcanzable con tres tiempos, el primero de ellos, a corto plazo, el de facilitar el acceso a una vivienda digna a aquellas familias que lo están pasando mal.

A medio plazo se marcan dos objetivos, el de reactivar la economía a través de la construcción y el de poner lo que se vaya finalizando a disposición de los demandantes, y a largo plazo y con menos urgencia se establece la posibilidad de terrenos para edificar obra  nueva, concretó Domínguez.

Socorro Beato, del grupo Nacionalista Canario, indicó que se ha asumido su propuesta de que no haya un "numerus clausus" de viviendas sino que el plan sea un documento dinámico, además de facilitar mecanismos de apoyo a las corporaciones locales para gestionar la disponibilidad de suelo.

También habló de la necesidad de establecer un plan de choque para dar prioridad a la rehabilitación con criterios de accesibilidad y eficiencia energética y señaló que se trata de una oportunidad para reactivar la economía canaria, pues la construcción "no es solo poner bloques: es fontanería, electricidad, transporte, comercio y venta de materiales".

Socorro Beato dijo que el documento marca objetivos ambiciosos al Gobierno en cuanto a que requerirá tramitar muchos expedientes de ayuda y para ello deberá utilizar fórmulas de gestión imaginativas para poder dar respuestas más inmediatas.

"Este documento genera muchas esperanzas a mucha gente que está esperando una vivienda y no debemos fallar. Ahora el Gobierno debe trabajar para que no se frustren, y el grupo Nacionalista ayudará a que se cumplan", sostuvo la parlamentaria.

Esther González, de Nueva Canarias, opinó que es el plan de vivienda más ambicioso que ha tenido la Comunidad Autónoma y con una "potente inyección económica" necesaria ante los efectos aún impredecibles de una pandemia que en las islas, aseguró, serán devastadores.

La política de vivienda no puede dejar a nadie atrás y por ello se promoverán medidas de choque para quienes han sufrido un desahucio, viven en infraviviendas o en condiciones de hacinamiento, pero también se prevé edificar inmuebles para la población que, por tener una renta media, no accede a las ayudas en este ámbito, añadió.

Por Sí Podemos Canarias el diputado Manuel Marrero confió en que el documento no se convierta "en un brindis al sol" y sirva para "amparar" a las corporaciones locales que, a veces, son las únicas frente a las demandas ciudadanas.

También pidió que se adapten los criterios para adjudicar las viviendas sociales, de forma que no se haga por sorteo sino por baremación, y que se revitalice el derecho de tanteo y retracto a efectos de que los fondo de inversión, los llamados fondos "buitre", no sigan "imponiendo sus derechos sobre los de la ciudadanía".

Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, subrayó que se trata de una oportunidad única para construir vivienda pública en Canarias y satisfacer una de las principales reclamaciones ciudadanas, pero advirtió también de que para que este plan sea realidad es esencial la colaboración con cabildos y ayuntamientos y la coordinación con Visocan y el Instituto Canario de la Vivienda.

Asimismo es fundamental, continuó el parlamentario, que en el documento se haya plasmado la colaboración entre el sector público y el privado para construir vivienda protegida porque sin dicha cooperación, afirmó, "no se va a mover ni un solo bloque".