En los últimos años, el creciente, constante e imparable progreso de la tecnología ha cambiado por completo nuestra percepción acerca de los distintos medios de transporte. El automóvil ha pasado de ser algo que poseían unos pocos a un elemento esencial dentro del funcionamiento de la sociedad y de los hogares en concreto. Por esto, vivimos un creciente interés por todas las acciones que genera el petróleo y los países que lo poseen (ya que somos meros importadores en esta materia), y por cómo el precio de este influye sobre el final del carburante que consumimos de forma tan cotidiana.

En el caso de las islas no capitalinas, ese coste tiene una gran relevancia para los que vivimos en ellas, porque sufrimos la gran variabilidad que existe entre unas islas y otras, y tenemos unos precios más altos en la gasolina que en el resto de islas capitalinas.

Se trata de un problema de enorme complejidad provocado por una dejadez manifiesta de quien ha capitaneado el Gobierno de Canarias durante 26 años, cohabitando de forma amable con prácticas monopolísticas, Coalición Canaria, que, con total complicidad, ha mirado hacia otro lado durante tanto tiempo, sin querer terminar con una situación de oligopolio y falta de competencia, y sin tramitar los expedientes contra las evidentes prácticas de abuso existentes para acabar con estas diferencias, lo que ha impedido la entrada de más operadores y más competencia para bajar los precios.

Me sorprende por ello la actitud que tienen determinados grupos políticos, a los que le recuerdo que ni las reducciones fiscales sobre los carburantes ni las subvenciones adicionales al transporte que defienden, se traducen en bajadas de precio al consumidor, sino en aumentos del margen de la empresa y un coste de oportunidad al no poder destinar estos recursos hacia servicios públicos como la sanidad, la educación o las políticas sociales, o incluso para el impulso a la descarbonización de la movilidad en Canarias.

Por el contrario, la solución pasa por crear una mesa de trabajo entre los ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias, para eliminar las barreras de entrada a nuevos operadores, mejorar la competencia y bajar los precios del combustible en las islas no capitalinas.

Es obligación de las administraciones públicas la vigilancia de los precios y el comportamiento del mercado en la defensa del interés general, algo que está realizando el Gobierno de Canarias con informes como el solicitado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a instancias de la viceconsejera de Economía e Internacionalización Almudena Estévez, y que han servido para que la Comisión del Mercado de la Competencia haya iniciado un expediente de investigación a DISA por presunto abuso de su posición de mercado.

En esos informes se deja patente que no es un problema del coste del transporte, porque los datos no dejan lugar a dudas. Los fletes de combustible a La Palma son más baratos que a Fuerteventura, lo que hay son prácticas monopolísticas, y se ha demostrado en islas como La Gomera o El Hierro, donde los cabildos renunciaron a establecer exacciones al combustible que luego no han supuesto bajada de precios.

Incluso en la propia isla de Lanzarote, se abrió recientemente el debate sobre la oportunidad de eliminar este recargo del Cabildo al combustible y el propio portavoz de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, dijo explícitamente que solo se beneficiarían los dueños de las gasolineras.

Desde el PSOE entendemos a la vista de los datos, que facilitar y promover la entrada de nuevos operadores, principalmente independientes a través de incentivos, o la eliminación de barreras de entrada, es el modo más efectivo para incrementar la competencia. Incluso sí realmente se quiere ir más allá, promover desde las corporaciones insulares interesadas la creación de cooperativas de profesionales del transporte, o empresas públicas que preparen el escenario del modelo energético que impulsará la movilidad del futuro, estaciones de servicio capaces de ofrecer hidrógeno renovable, biometano, puntos  de recarga para vehículos eléctricos o híbridos enchufables y por qué no, surtidores de combustibles convencionales mientras sean necesarios y así actuar de forma directa ante los abusos del mercado.

También hay que poner sobre la mesa oportunidades de mejorar esa competencia, como por ejemplo que la entidad Puertos Canarios promueva concesiones para la instalación de estaciones de servicio en los puertos, que además pueden suministrar combustible a embarcaciones. Tenemos puertos en Canarias que no cuentan con este servicio, como Playa Blanca en Lanzarote; Corralejo en Fuerteventura; Valle Gran Rey en La Gomera, La Restinga en El Hierro y Tazacorte en La Palma.

Para nosotros los socialistas, la vigilancia de precios y el comportamiento del mercado como una obligación de los poderes públicos en su defensa del interés general no es una opción. Es una obligación, algo que hasta ahora, parece no haber interesado a gobiernos anteriores y que sí está demostrando este gobierno.

*Portavoz adjunto y diputado por Fuerteventura del Grupo Parlamentario Socialista