El Ministerio del Interior ha transferido al Gobierno de Canarias una partida de 10,5 millones de euros en concepto de subvención directa para cofinanciar la compra de hasta 107 viviendas y de los enseres de primera necesidad para el realojo de las personas que han perdido su hogar de residencia por la erupción volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha firmado este lunes la orden de transferencia, después de que el Gobierno de Canarias haya realizado los trámites administrativos pertinentes.

La transferencia de los 10,5 millones de euros fue aprobada el pasado 28 de septiembre por el Consejo de Ministros, en el marco de la declaración de La Palma como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y dentro de un paquete de medidas, tanto urgentes como enfocadas a medio plazo, destinadas a ayudar a las personas afectadas por la erupción del Cumbre Vieja y a articular la recuperación económica de la isla y la reconstrucción de las infraestructuras.

La comunidad autónoma de Canarias deberá destinar 5.500.000 de los euros transferidos este lunes a la adquisición de las 107 viviendas previstas por el Gobierno autonómico para realojar a los damnificados, mientras que los 5.000.000 de euros restantes serán destinados a subvencionar la adquisición de los enseres de primera necesidad necesarios para la habitabilidad de esas viviendas o de las dañadas por las distintas coladas de lava.

Estos 10,5 millones de euros forman parte de una primera partida de ayudas. La dimensión y magnitud de esta catástrofe natural, así como la imprevisibilidad de su evolución y duración, han llevado al Gobierno a aprobar, en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 5 de octubre, un segundo paquete de medidas de asistencia y apoyo a los afectados, así como para la reparación de sus consecuencias y el impulso de la reconstrucción económica, social, laboral y medioambiental.

En cumplimiento de este acuerdo, el Ministerio del Interior trabaja ya para facilitar a los damnificados el acceso a las ayudas destinadas a paliar daños personales y en viviendas y establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; a corporaciones locales por gastos ocasionados para hacer frente a la emergencia, y a personas físicas o jurídicas por prestaciones personales y de bienes.