La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana (Podemos), ha informado este viernes de que la renta canaria de ciudadanía estará disponible en el segundo semestre de 2022, periodo a partir del cual la empezarán a percibir sus beneficiarios.

En comisión parlamentaria y en respuesta a una pregunta del PSOE sobre la tramitación de la renta canaria de ciudadanía, Santana ha indicado que "posiblemente" en los primeros meses de 2022, entre finales de enero y principios de febrero, el anteproyecto de ley llegará al Parlamento de Canarias.

Tras recibir las oportunas aportaciones por parte de los grupos parlamentarios, la previsión de la consejera es que la renta canaria de ciudadanía "sea una realidad" y se cobre "como muy tarde" en el segundo semestre de 2022.

Este anteproyecto de ley, que cuenta con una partida presupuestaria en los próximos presupuestos del año que viene, ha recibido ya el informe favorable del Consejo General de Servicios Sociales, ha destacado Santana.

Asimismo, cuenta con el visto bueno de todos los departamentos del Gobierno involucrados, del Consejo Económico y Social de Canarias y del Consejo Municipal de Canarias, así como de las entidades del tercer sector y de las federaciones de ayuntamientos y cabildos.

El objetivo del Gobierno es "que salga la mejor ley", motivo por el que se ha involucrado al mayor numero de personas posible antes de que llegue al Parlamento.

Precisamente ayer el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó la remisión de este anteproyecto de ley al Consejo Consultivo, uno de los últimos pasos antes de llevarla al Parlamento para su debate y aprobación.

"Nos hubiera gustado que esta ley saliera adelante de manera más ágil y rápida", ha manifestado la consejera, quien, no obstante, ha señalado que había que cumplir con los procedimientos y con los pasos regulados por ley.

La diputada del PSOE Pino González ha destacado, por su parte, que esta renta es "la mayor herramienta para reducir la pobreza y exclusión social en las islas", pues garantiza unos ingresos mínimos para las personas en exclusión social o en riesgo de estarlo.

Ha pedido que esta prestación se mantenga mientras persista la pobreza, que se equipare al ingreso mínimo vital y se simplifiquen los tramites para conseguirla.

La consejera, en su intervención en la comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, también ha hablado de la situación de los menores inmigrantes no acompañados en las islas a instancias de PP.

Preguntada por el caso específico de La Palma, ha indicado que hay un recurso alojativo de 30 plazas para los menores hasta que cumplen los 18 años y no se cuenta con ningún otro recurso de emergencia.

Ha admitido que en este tipo de recursos los menores a veces conviven con personas adultas, si bien una vez se les realizan las pruebas óseas que lo confirman su edad son trasladadas a otros centros para proteger a los niños.

Una vez los niños cumplen 18 años son integrados en sus núcleos familiares si es posible, acceden a otros recursos alojativos, se van a otras comunidades o continúan con su viaje migratorio, ha agregado, pues ya son adultos y pueden decidir qué camino tomar.

Además, Santana ha valorado el trabajo del Gobierno central, al desarrollar una ley que es "garantista" con los niños para que cuando cumplan la mayoría de edad tengan su situación regularizada.

La diputada del PP Lorena Hernández se ha referido a los problemas de documentación que tienen estos niños, muchos sin pasaporte e incluso sin partida de nacimiento, para acceder a un puesto de trabajo cuando cumplen la mayoría de edad.

Sin papeles y sin trabajo "intentan sobrevivir como pueden", ha alertado, al tiempo que ha pedido al Gobierno que les garantice un recurso de vida en España si no quieren volver a sus países o continuar con su ciclo migratorio.