La situación es, más o menos, ésta. El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias negocian el traspaso de las competencias en materia de costas. Se tenía que haber producido ese traspaso en junio, pero se ha demorado. Canarias, en realidad, ya tiene gran parte de esas competencias (en la zona de servidumbre de protección marítimo terrestre) pero ahora asumirá las autorizaciones también en la zona de dominio público.

El consejero que asume las competencias, José Antonio Valbuena, dijo en septiembre en el Parlamento que la ley será la misma pero que hay distintas formas de interpretarla “y lo haremos con la sensibilidad que se requiere”. Por abundar, dijo: “Aunque la legislación será la misma, la gestión autonómica le dará proximidad y agilidad, porque la Dirección General de Costas, ahora en manos de la Administración central, ha sido por lo general muy lenta y poco accesible a las administraciones y los agentes económicos de Canarias; esta es una queja generalizada de cabildos y ayuntamientos, por ejemplo”.

Esto por un lado. Por otro, hay una gran cadena hotelera, RIU, que tiene dos hoteles en plenas dunas de Corralejo, en pleno dominio público, gracias a una concesión. Había solicitado hacer obras pero Costas no se lo autoriza. Solo pueden hacer obras de mejora o consolidación, no de ampliación y Costas le ha pedido hasta en siete ocasiones que subsane las deficiencias del proyecto y que convierta los tres proyectos en un solo que, por cierto, enviaron sin firmar.

A esto hay que sumar lo más relevante, y es que el Ministerio ha iniciado un expediente de revisión de oficio de la concesión del Oliva Beach porque la empresa propietaria del hotel no sería la única titular de los terrenos en los que quiere hacer las obras, sino que habría una veintena de propietarios que no están dentro en la concesión. Debe resolver la cuestión el Consejo de Estado. Y hay más: el mismo Ministerio inició el expediente para declarar la caducidad de la concesión del dominio público del otro hotel, el Tres Islas, porque considera que la cadena habría construido de forma ilegal varias habitaciones en la azotea del establecimiento.

Llegados a este punto, RIU acaba de desistir de la solicitud para hacer las obras. En ocasiones, cuando las cosas son tan evidentes, uno piensa que no se van a reconocer públicamente, pero no es así. La cadena hotelera reconoce que desiste de la vía del Ministerio para iniciar la del Gobierno de Canarias, cunado ya tenga las competencias. “Tenemos la esperanza de que la vía del Gobierno de Canarias sea de otro talante porque hasta ahora ha sido todo traba tras traba”, dicen. “El Ministerio no nos ha dejado ni discutir el proyecto y esperamos, al menos, poder sentarnos a la mesa con alguien”.

Pues la Ley será la misma, pero los procedimientos administrativos normales y corrientes siguen siendo para una mayoría, mientras que la mesa (camilla) lo es para una minoría. Y, por supuesto, si alguna vez, la cadena hotelera consigue el permiso para las obras (sin cambiar el proyecto) será por sensibilidad.