En 2022 se cumplen 20 años desde que el Ayuntamiento de La Oliva concediera tres licencias de obras para construir 748 viviendas y un área comercial en el plan parcial Casas de Majanicho. La urbanización se había aprobado dos años antes, con Domingo González Arroyo en la alcaldía.

Lo que iba a ser un oasis turístico en el norte de Fuerteventura terminó convertido en un desastre: el proyecto de urbanización fue anulado en los tribunales, el suelo no es urbano, sino rústico, la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción y la Fiscalía pide 30 años de cárcel y 82 años de inhabilitación para los siete políticos y dos técnicos que avalaron la licencia de obras para adaptar villas y convertirlas en un hotel.

En este avispero han decidido meterse el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, y el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Daños irreversibles. Tanto Valbuena como Torres firman el decreto por el que la comunidad autónoma asume “tramitar y resolver el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de urbanización Casas de Majanicho”, por delegación del Ayuntamiento de La Oliva, que preside Pilar González Segura. El Cabildo declinó la petición del Consistorio para asumir este complicado y polémico procedimiento.

Los ecologistas recuerdan que, cuando el 9 de diciembre de 2000, el pleno de La Oliva aprueba el plan parcial, “todos los informes del Gobierno de Canarias eran contrarios”. Ahora, el Ejecutivo regional de PSOE, Podemos, NC y ASG, llevará a cabo una evaluación ambiental que se tendría que haber efectuado antes de que se diera luz verde a la urbanización.

Desde hace cuatro años está abierto en la Comisión Europea un procedimiento de infracción (el número 2017/2113) por haberse vulnerado la normativa europea sobre protección ambiental en el desarrollo de la urbanización.

Se destruyó un hábitat de interés comunitario como el malpaís, del que se estima que se arrasaron un millón de metros cuadrados, se afectó otro hábitat de interés como las “dunas móviles embrionarias”, del que se invadieron unos 97.000 metros cuadrados, y se produjo una “transgresión” de más de 39.000 metros cuadrados de lo que es en la actualidad una Zona de especial protección de aves (ZEPA).

Demolición. Para el Gobierno de Canarias, que ya lanzó un documento previo de la futura evaluación de impacto ambiental, la demolición de las obras ilegales se antoja una conclusión tabú. Pese a que reconoce que “la restitución del medio al estado previo” es “la fórmula que se plantea” cuando se ejecutan construcciones “que conculcan la legislación urbanística, territorial y ambiental”, como es el caso de la que popularmente se conoce como Origo Mare, evita considerar el derribo una alternativa viable.

En ese análisis previo, el Gobierno no calculó los costes de posibles demoliciones, que dijo que llegarían a “cifras muy elevadas”, que no concretó, y dio por sentado que la población lo rechazaría. Ni siquiera planteó un derribo parcial, que afectaría a una esquina de la urbanización que ocupa espacios protegidos de la Red Natura 2000.

La tesis de partida del Gobierno es que, si se derriban villas, se tendrían que recolocar en otra zona, pero dentro de Origo Mare, lo que considera imposible: es “suelo rústico común” y no se podría construir nada nuevo, “salvo por procedimientos excepcionales”.

El Ejecutivo regional pretende evitar a toda costa la demolición de las villas

El objetivo indisimulado del Gobierno es legalizar todo lo construido y compensar con medidas que puede llevar a cabo sin tener que estar vinculadas a la regularización de Origo Mare. Por ejemplo, un plan de restauración ambiental en el norte de la Isla por algo más de siete millones de euros, la declaración de la Zona Especial de Conservación del tubo volcánico de la Cueva del Llano, donde vive el opilión majorero, una especie en peligro de extinción, o la ampliación de la red de zonas de especial protección de aves en la Isla.

Vía penal. La pretensión del Gobierno va camino de chocar de frente con el criterio de la Fiscalía y con la jurisdicción penal, porque ya está claro que habrá juicio por un delito contra la ordenación del territorio presuntamente cometido en Origo Mare.

Además de una licencia ilegal para transformar villas en un hotel, se construyeron dos edificios que no se podían haber levantado. Entre los acusados se encuentran Óscar Darias, jurista del Ayuntamiento de La Oliva, y Gonzalo María Tortajada, arquitecto municipal.

En el decreto de Torres y Valbuena se exige al Consistorio que aporte la “documentación necesaria y preceptiva” para esta evaluación ambiental sobre hechos consumados, que esté firmada y refleje la “conclusión” de sus autores, “personas que posean la capacidad técnica suficiente”.

La Fiscalía destaca que las obras contravinieron de forma manifiesta la normativa urbanística y de ordenación territorial, porque el Plan Insular de Fuerteventura, aprobado en el año 2001, asigna a los terrenos la clasificación de suelo rústico protegido y especialmente protegido.

El Gobierno de Canarias ha asumido la evaluación de Origo Mare ya que el Ayuntamiento carece de órgano ambiental propio, y después de que el Cabildo majorero, que sí cuenta con el citado órgano, haya “declinado” suscribir un convenio con La Oliva para este procedimiento. Una auténtica papa caliente.