El Consejo Económico y Social de Canarias (CES) aprobó, en un Pleno celebrado el pasado 24 de enero, el Dictamen sobre la normativa de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas. En ese documento el órgano consultivo del gobierno señala la necesidad de establecer un marco de referencia que conforme una política pública  integral para el desarrollo de esta actividad.

En este sentido el CES considera que la iniciativa normativa del gobierno no da respuesta a los aspectos planteados por el Parlamento de Canarias en su “Resolución de noviembre de 2019, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias”, pues aún sigue pendiente la constitución de la mesa de expertos que propugnaba el Parlamento para llevar a cabo la reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego y a las apuestas en  Canarias.

También señala el CES la necesidad de realizar una previa evaluación de la normativa en vigor para conocer sus efectos y resultados antes de proceder a su modificación, pues difícilmente se van a corregir los desajustes que puedan existir si se desconoce el resultado de la normativa aplicada, normativa que, por otra parte, se ha ido prorrogando sucesivamente, sin dar la respuesta adecuada de carácter general, lo que contribuye a mantener y alargar la situación existente del juego y las apuestas en Canarias.

En lo referido al texto articulado del anteproyecto el CES realiza un amplio número de propuestas concretas al mismo, relativas a diversos aspectos, tales como las distancias a centros de escolares, la vigilancia y acceso a los locales, la necesidad de disponer de un sistema adecuado de acceso a los registros de personas que tengan prohibida la entrada  a los establecimientos de juegos, conocidos como el “Registro de Prohibidos”, a los efectos de su efectiva aplicación.

En el documento aprobado por el CES se insiste en la importancia de que la Administración Pública establezcan los mecanismos de seguridad necesarios para los usuarios, evitando fraudes, aumentando la protección a determinados grupos sociales, como es el caso de los menores, y velando por el orden público.

Por otro lado, el Consejo Económico y Social de Canarias también recomienda que se emita un informe anual sobre la relación, efectos y repercusiones de los juegos y apuestas en Canarias y la ludopatía para su posterior remisión al Parlamento de Canarias.

Por último,  el CES recomienda una mayor justificación y motivación de determinados artículos del anteproyecto de ley, algunos de ellos referidos a los menores de edad y a los posibles fraudes, con el objetivo de proteger a los usuarios.

Consejo Económico y Social de Canarias

El Consejo Económico y Social de Canarias es un órgano colegiado que tiene por finalidad la de “hacer efectiva la participación de los agentes sociales en las políticas públicas del Gobierno de Canarias. Está constituido por organizaciones de consumidores, expertos designados por el Gobierno, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y Cámaras de Comercio.

Entre las funciones del CES se encuentran las de realizar informes y dictámenes preceptivos en materia económica, social y laboral.