Fuerteventura acelera su planificación territorial. Acaban de encomendarse a la empresa pública Gesplan un total de 14 instrumentos de ordenación y se espera que en los dos próximos años salgan adelante la mayoría de los planes. Estas son las principales claves:

PIOF

El Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) es la biblia del territorio majorero y ha cumplido dos décadas. En los últimos años ha resultado imposible sacarlo adelante: en 2009 se aprobó el avance y el informe de sostenibilidad ambiental, que se aprobó de forma provisional en 2015.

Se retomó al año siguiente, luego entró en vigor la nueva Ley del Suelo y, en abril de 2019, poco antes de las elecciones, un informe concluyó que era “imposible” determinar con tan poco tiempo el “alcance jurídico” de los cambios introducidos.

El Plan Insular de Ordenación podría técnicamente salir en este mandato si se cumplen los plazos

En el nuevo mandato, un dictamen del catedrático Francisco Villar Rojas, padre de la Ley del Suelo, concluyó que era posible ir directamente a una aprobación inicial y no tener que empezar de cero. Ese sería el siguiente paso, luego, la Declaración de Impacto Ambiental y, por último, la aprobación definitiva.

“Son los tres hitos que le quedan al Plan Insular y, en cuanto a plazos, podría salir en este mandato”, señala el presidente del Cabildo, Sergio Lloret. La institución lo ha encargado por 1,5 millones (el Plan General de Pájara se adjudicó solo por 200.000 euros menos).

La organización del contrato divide los pagos en cuatro anualidades, hasta 2025, pero si se termina antes se podría modificar el presupuesto. “No habría ningún problema”, dice Lloret.

Lobos y Dunas

En el paquete de encargos a Gesplan se encuentran los planes de ordenación de recursos naturales y los planes de uso y gestión de tres parques naturales (el de Lobos, el de las Dunas y el de Jandía) y un parque rural, el de Betancuria.

Con Lobos, se inició una modificación menor para cambiar la limitación de que hubiera 200 visitantes simultáneos en el islote. En este mandato se llegó a plantear una capacidad de carga de 704 visitantes. Ese procedimiento va camino del archivo: es inviable porque Lobos carece de Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Ahora se elaborará el Plan de Recursos Naturales, junto al Plan de Uso y Gestión.

En litigios relativos al islote en los que se ha notificado al Cabildo se ha hecho valer este déficit por los demandantes. “A raíz de esto, no hay soporte” para el cambio exclusivamente del Plan de Uso y Gestión para aumentar la capacidad de carga.

“No tiene sentido hacer una modificación de algo que no tiene cimientos”, señala Lloret, quien aclara que “no es una cuestión política, sino jurídica”. “El nuevo Plan de Uso y Gestión nos va a permitir preservar el poblado marinero de Lobos”, asegura.

Por otro lado, en el nuevo Plan de Uso y Gestión de las Dunas, explica, “se defenderá la continuidad de la carretera como una vía interior de acceso y comunicación a las playas”. “Timanfaya es Parque Nacional y está atravesado por una carretera”, pone de ejemplo Lloret.

El cierre de la carretera de las Dunas estaba contemplado en la Declaración de Impacto Ambiental de la autovía del norte. “No tiene sentido desmantelarla, aunque no sea una carretera de carácter insular”, sentencia.

Sergio Lloret.

Conflictos a la vista

En la actualidad, en Fuerteventura no hay ninguna concesión activa para la extracción de jable. La empresa que explotó durante tres décadas la cantera en la zona del Barranco de Los Encantados, en el municipio de La Oliva, ha pedido una prórroga por otros 30 años, pero el Gobierno de Canarias ya rechazó su concesión directa en 2019.

“Hasta ahora, el sector de la construcción ha ido recurriendo a acopios de arena, pero se están agotando y hay gran preocupación”, admite el presidente del Cabildo, quien reconoce que “va a haber un gran problema en los próximos meses” por la falta de material y “no hay una solución inmediata”.

“Va a haber un gran problema” al no existir concesiones para extraer jable, dice Lloret

La citada cantera está en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio. Uno de los planes de gestión encomendados a Gesplan es precisamente sobre esta área.

En el planeamiento, “habrá que plantear como alternativa compatibilizar la extracción, es la solución menos mala que tenemos en la Isla ahora mismo, porque en otros espacios sería ambientalmente inviable”. También en la revisión del PIOF se tendrá en cuenta: “No podemos aprobar un Plan Insular sin ninguna cantera de arena”.

Otro conflicto que se avecina es con el Gobierno de Canarias, que está tramitando la declaración integral de la montaña de Tindaya como Bien de Interés Cultural (BIC). Se trata, inicialmente, de una competencia del Cabildo, que a su vez ha encargado a Gesplan una modificación menor del Monumento Natural, porque existe “un desajuste”, con “yacimientos arqueológicos que se deben incorporar al planeamiento y el planeamiento vigente”, explica el presidente de la Corporación insular, que también es responsable de Ordenación del Territorio.

“Nos hemos dirigido al Gobierno porque ha asumido directamente una competencia del Cabildo con los bienes de interés cultural a la que no hemos renunciado y está embarcándose en un procedimiento que no le corresponde”, sentencia.