Varios colectivos sociales se han movilizado este sábado en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, y en otras capitales de provincia españolas, para recoger las 500.000 firmas necesarias para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busque regularizar a los alrededor de 450.000 inmigrantes irregulares que hay en España.

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz de la Plataforma Red Canaria por los Derechos Migrantes, Valeria Mastroiani, ha explicado que el objetivo es entregar las firmas a mediados de septiembre de este año y poder, así, llegar al Congreso de los Diputados para que se debata la ILP.

“Va a ser necesaria la unión de diferentes partidos porque necesita un impulso para salir adelante, en una lucha contra el racismo institucional”, ha apuntado Mastroiani, que ha señalado que no pretenden tocar ninguna ley orgánica, algo para lo que las ILP no tienen facultades.

Las regularizaciones son necesarias, ha expresado, porque hay mucha gente migrante que ya está en el país, trabajando, cubriendo servicios “importantísimos” y cuyos derechos son vulnerados porque no tienen acceso a cuestiones básicas.

“También es una cuestión de memoria histórica. Muchos de los extranjeros que viven aquí proceden de países con los que estamos en deuda”, ha opinado la portavoz, que ha criticado que la ley de extranjería es actualmente »bastante restrictiva« y acceder a la regularización a través de ella para trabajar o residir »requiere de mucho papeleo«.

En Canarias, ha añadido, hay una concienciación mayor porque se da una «situación especial» por la cantidad de personas que se reciben y a las que hay que acoger dignamente, pese a que todavía «queda mucho por aprender», especialmente a la hora de acogerlos.

“Canarias siempre ha sido un pueblo solidario», ha expresado Mastroiani, que se ha mostrado preocupada por el auge de partidos como Vox y ha llamado a «tomar las calles» para hacer frente al «racismo que se nos viene encima”, ha apuntado.

En un manifiesto, esta Red también ha indicado la compleja situación que atraviesan muchas de estas personas, que pese a trabajar no cotizan a la seguridad social, no pagan impuestos y esto les expone a explotación laboral, trata o incluso explotación sexual.

“La existencia de cerca de medio millón de personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos supone un déficit de gobernanza pública que es urgente corregir”, concluye la red.