través de internet y las redes sociales, práctica conocida como "engaño pederasta", mientras estaba en régimen de tercer grado cumpliendo una condena previa por hechos similares, afronta 74 años de cárcel.

Este vecino del municipio tinerfeño de Candelaria, que se valió de sus conocimientos informáticos para supuestamente cometer estos delitos, será juzgado la próxima semana en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La Fiscalía le atribuye cuatro delitos de acoso de menor a través de las telecomunicaciones (engaño pederasta), cuatro de agresión sexual, uno de ellos en grado de tentativa; cuatro de revelación de secretos y uno de corrupción de menores.

Según se recoge en el escrito de calificación, el acusado contactó con seis chicas, todas residentes en la península (Andalucía, Cataluña, Madrid y Extremadura), a través de whatsapp y las convenció de que tenía acceso a sus terminales telefónicos y redes sociales y a sus archivos de imagen y vídeo más íntimos de índole sexual.

Tras ello les instaba, tras manifestarles que podía publicar las mismas entre sus contactos, a que le remitieran imágenes o vídeos de ellas desnudas y que entablaran con él videollamadas, en las que si bien él podía ver a las menores, éstas no a él.

En esas videollamadas les exigía, aprovechando el clima de terror previamente creado, que se desnudaran de forma completa y se masturbaran o tocaran sus partes íntimas, logrando en alguna de las ocasiones que las menores se introdujeran sus dedos en su vagina.

Para la comisión de estos hechos, sostiene la Fiscalía, el acusado se valió de una aplicación informática que le permitía instalar en sus dispositivos informáticos la aplicación whatsapp en modo remoto en tarjetas SIM sin necesidad de tener el terminal telefónico de sus titulares.

Y para no dejar rastro, teniendo en cuenta que había sido detenido "en multitud de ocasiones" y condenado a 42 años por cinco delitos de corrupción de menores, aunque entonces se estableció una pena máxima de 9 años que estaba cumpliendo en el momento de estos hechos, se aprovechó de los medios y conocimientos de su puesto de trabajo en una empresa de servicio técnico informático.

El procesado se encargaba de la gestión de las tarjetas SIM que sus clientes adquirían en su propio nombre y que cedían a la empresa en donde trabajaba.

Aprovechando el acceso a dichas tarjetas SIM, el acusado descargó whatsapp sin conocimiento ni consentimiento de los titulares de dichas tarjetas SIM en sus dispositivos informáticos o telefónicos, para contactar con las menores de edad. También se valió de un teléfono de su madre.

Todas las víctimas sufrieron una sensación de angustia y desasosiego como consecuencia de la situación vivida, recoge el ministerio público en el escrito de calificación.

Además de la pena de cárcel, solicita indemnizaciones que suman los 69.000 euros, y también de sendas órdenes de alejamiento por tiempo efectivo superior a los cinco o diez años del cumplimiento efectivo de la condena, así como la medida de libertad vigilada una vez salga de prisión por idénticos plazos.