El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el anteproyecto de Ley de Economía Circular de Canarias, a través del informe por el que se valora la oportunidad y los objetivos de esta futura normativa.

El reto principal de este texto normativo es convertir los residuos generados por el conjunto de las actividades económicas de las islas en recursos, establecer la obligatoriedad del reciclaje, optimizar al máximo los productos o materiales, minimizar la generación de residuos y reducir su impacto en el planeta, contribuyendo a su vez a la lucha contra el cambio climático.

Además, establece obligaciones y régimen sancionador para todos los sectores y para la propia ciudadanía del Archipiélago, como parte activa de este proceso.

De esta manera, el Gobierno de Canarias ha logrado cumplir con este trámite para las tres leyes que conforman el ecosistema legislativo medioambiental que se anunció desde el inicio de legislatura.

Por su parte, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se encuentra ya en tramitación parlamentaria y el objetivo es que la de Biodiversidad y Recursos Naturales y la de Economía Circular entren en la Cámara regional antes de verano de este año.

Los principios generales que conforman este documento son el de responsabilidad compartida de las administraciones públicas, las empresas y la sociedad en general. Para ello todos estos sectores deben implicarse activamente, responsabilizándose en la aplicación del modelo de economía circular en su ámbito respectivo de competencia.

Además, como principio general se encuentra también el de enfoque integrado en el análisis del impacto ambiental de los ciclos de vida de bienes, productos y servicios.

El fomento de la información, transparencia y participación pública en el proceso de desarrollo de las políticas públicas a implementar a través de esta Ley también forma parte de los objetivos de esta normativa.

Y, de la misma manera, la promoción de la educación para la sostenibilidad, el fomento del progreso técnico mediante la promoción de la investigación, desarrollo e innovación en análisis de ciclo de vida y materia ambiental, y el fomento y apoyo a la actividad industrial en el Archipiélago canario como sector esencial para lograr que los objetivos de la Ley sean efectivos.

La oportunidad en la tramitación de esta Ley viene dada por la necesidad de dar cumplimiento a distintos hitos normativos tanto nacionales como internacionales en materia de residuos.

En el ámbito autonómico, el Estatuto de Autonomía de Canarias y la Estrategia Canaria de Economía Circular 2021-2030, y en el ámbito estatal, la Estrategia Española de Economía Circular 2030 (EEEC). Desde el punto de vista europeo, destaca el nuevo Plan de la Economía Circular para una Europa más limpia y eficiente, dentro del denominado Pacto Verde Europeo (EU Green Deal) y las políticas comunitarias, en el campo de los residuos.

Este hito se une a la reciente aprobación del Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan), un instrumento de planificación del que el Archipiélago carecía desde el año 2006, por lo que este trámite fue declarado de urgencia.