El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de sancionar a la cadena RIU por obras e instalaciones ilegales del Hotel Oliva Beach, que se levanta en el dominio público marítimo terrestre, y abre la puerta a caducar la concesión en las Dunas de Corralejo, una situación a la que ya se enfrenta el Hotel Tres Islas.

La directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, ha impuesto a una empresa controlada por RIU (Geafond número uno Lanzarote) una multa de 204.458 euros por cometer una infracción tipificada como grave en la Ley de Costas, así como dos infracciones leves.

El importe es la mitad del coste de las obras e instalaciones ilegales ejecutadas por la cadena hotelera en dominio público, vulnerando la concesión otorgada en julio de 2003.

En la resolución, a la que ha tenido acceso DiariodeCanarias.es, se ordena “el cese de las conductas abusivas” por parte de RIU en el dominio público marítimo terrestre, la “restitución” de la zona a su situación anterior y la “devolución” a la Administración “de la totalidad del beneficio obtenido de forma ilícita”.

La concesión del dominio público se estableció para 59.768 metros cuadrados en las Dunas de Corralejo, donde se encuentran el hotel y los apartamentos Oliva Beach, pero “limitada a los usos y aprovechamientos existentes”.

En septiembre de 2016, cuando se otorgó una “prórroga extraordinaria” de la concesión, también se fijaron “una serie de condiciones”, entre ellas, “el acceso público y gratuito” a una superficie de 18.122 metros cuadrados que pertenecen al dominio público y que forman parte de la concesión. Esa zona debería estar señalizada y ser de libre acceso.

Además, se determinó que “únicamente” estarían permitidas, “previa autorización” del Ministerio, “obras de reparación, mejora, consolidación y modernización, siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes”.

En cambio, cuando en abril de 2017 los técnicos de la Demarcación de Costas de Canarias acudieron a inspeccionar el cumplimiento de las condiciones, les fue imposible “localizar la existencia y ubicación de las superficies de acceso público y gratuito”. Le pidieron los planos a RIU, que los entregó unos tres meses más tarde.

Con ellos en la mano, comprobaron que había terrenos de dominio público ocupados “fuera de los límites de la concesión”, que no existían los accesos a las zonas de uso “público y gratuito” fijadas por Costas porque se había colocado un vallado y control de accesos.

Entre noviembre de 2019 y julio de 2020 se interpusieron varias denuncias por parte de Ben Magec y Turcón, colectivos vinculados a Ecologistas en Acción, que en su informe anual ha otorgado la bandera negra a las Dunas de Corralejo por el impacto de los hoteles de RIU.

En una inspección de Costas, en noviembre de 2020, se vuelve a comprobar que no hay acceso público y libre a la concesión, vallada en su mayor parte, o que a la pista de tenis solo se puede entrar “desde las habitaciones del hotel”.

El Ministerio impone una multa de 205.000 euros por vulnerar la concesión

Y, en octubre del año pasado se concluye que se han instalado, de forma ilegal, 566 metros de vallado, 7.050 metros cuadrados de carretera y aparcamiento, 2.020 metros de aceras, 4.851 metros cuadrados de jardines, contenedores, depósitos y una caseta.

Costas valora las obras en 408.116 euros y califica la infracción como grave “puesto que se ha llevado a cabo el aumento de superficie, volumen o altura” de lo construido sobre lo que se autorizó en la concesión.

“El hecho de ser titular de una concesión transitoria no implica la posibilidad de disponer y ejecutar actuaciones en la misma sin ningún tipo de reserva, ya que está sometida a limitaciones derivadas tanto de la Ley de Costas y su reglamento” como de las condiciones que establece el propio permiso de ocupación del dominio público, destaca Oñoro.

Concesión en entredicho

Los ecologistas trasladaron al Ministerio para la Transición Ecológica más irregularidades, con otras instalaciones que, a su juicio, tampoco estarían amparadas por la concesión de Costas, entre otras la desaladora, la toma de agua, el pozo filtrante para el vertido de la salmuera o la depuradora del complejo Oliva Beach. También denunciaron vertidos de aguas residuales sin tratar a la arena de la playa.

Sin embargo, la directora general de la Costa y el Mar señala sobre esas otras irregularidades denunciadas que “serán fruto de investigación en el eventual expediente de caducidad que, como consecuencia de los incumplimientos detectados, se pueda incoar”.

Se ordena a RIU “el cese de las conductas abusivas” en las Dunas

Además, en la resolución sancionadora indica que la multa y la obligación de restituir la realidad física, eliminando las instalaciones ilegales, apunta a que las medidas se imponen “sin perjuicio de lo establecido” en la Ley de Costas “respecto a la caducidad” de la concesión.

La directora general cita la legislación, que establece que se “declarará la caducidad” de la concesión cuando se privatiza la ocupación, cuando estuviera destinada al público, cuando se invade dominio público no otorgado o cuando se produce un aumento de la superficie construida. En todos estos supuestos habría incurrido RIU, según las fuentes consultadas.