El último año del mandato más turbulento que se recuerda en el Cabildo de Fuerteventura, con tres inquilinos distintos en el despacho de Presidencia, está a punto de comenzar. El actual grupo de gobierno (AMF, CC y PP) presume de datos récord de ejecución presupuestaria en medio de la peor crisis que se ha vivido en las últimas décadas, aunque la lista de tareas por hacer es amplia. Estas son las principales claves:

Eje de carreteras. El trazado del siguiente tramo de autovía del Eje Norte-Sur de Fuerteventura que está previsto que se ejecute, entre el aeropuerto y el cruce de Pozo Negro, obtuvo este mes de marzo la declaración de impacto ambiental. Será válida hasta dentro de cuatro años. El visto bueno ambiental hace viable el nuevo tramo, de 18,1 kilómetros, pero su ejecución no será automática.

“Es una gran noticia, porque ha costado años, pero ahora hay que licitar el proyecto de construcción, elaborarlo y aprobarlo, un proceso que no creo que sea inferior al año”, explica el presidente del Cabildo majorero, Sergio Lloret. “Luego hay que montar el expediente de licitación de las obras y adjudicarlas”. Concentrar todos estos pasos en un año y medio “sería un éxito, pero el horizonte de los dos años es una referencia razonable”, apunta.

En la ejecución, augura, se irán otros cuatro o cinco años, dependiendo de los fondos que inyecte el Gobierno de Canarias, que es el responsable del proyecto y de las obras. “Si todo va según lo previsto, faltarían unos siete años para que entre en servicio la autovía entre el aeropuerto y Pozo Negro, y siete años no aguanta la Isla ni sus actuales carreteras de interés regional con todo el tráfico que hay”, destaca Lloret.

“Al Gobierno de Canarias le exigimos que diseñe ya los otros tramos pendientes, entre Pozo Negro y El Cuchillete, y de ahí a Matas Blancas, además del acceso al puerto de Morro Jable”, demanda el presidente del Cabildo. “Si no, va a pasar otra generación y no tendremos el Eje Norte-Sur completado”, advierte Lloret. “Hay herramientas en la Ley del Suelo para sacar adelante los proyectos, el Plan Insular de Ordenación (PIOF) no es ningún impedimento, y debemos exigir tener todos los tramos desbloqueados ambientalmente, porque da la impresión de que el Gobierno los quiere ir dosificando”, apostilla.

Al margen de la actual autovía en ejecución, entre La Caldereta y el aeropuerto, una obra contratada por 95 millones de euros y de la que se espera este año la apertura del tramo más al norte, hasta el enlace de Guisguey, y de la conexión de la autovía de Corralejo con Parque Holandés, adjudicada por algo más de dos millones, no hay más proyectos de carreteras del Gobierno de Canarias en marcha.

“Sin querer entrar en polémicas, hay una serie de intervenciones que son urgentes”, reclama el presidente del Cabildo, que destaca la necesidad de acometer el desdoblamiento de la actual carretera entre el aeropuerto y la localidad de El Castillo. “Ni se puede esperar siete años ni se trataría de una inversión perdida, que caiga en saco roto cuando se inaugure la nueva autovía”, que discurrirá hacia el interior, subraya Lloret, quien apuesta por mejorar las conexiones entre la capital con las zonas residenciales, comerciales y turísticas entre Puerto del Rosario y Caleta de Fuste.

El coste de ese desdoblamiento ascendería a unos 16 millones de euros. “Desde enero de 2020 el Gobierno tiene en sus manos una propuesta de convenio, que ha estado bloqueada, para el desdoblamiento de ese tramo, que es el más urgente, entre El Cuchillete y Gran Tarajal y entre la avenida El Saladar y el acceso al puerto de Morro Jable”, detalla el también responsable insular de Obras Públicas. Para Lloret, hay dos posibles fórmulas: que esas mejoras las lleve a cabo el Gobierno de Canarias o que se desbloquee el convenio y que las asuma el Cabildo. “Estamos dispuestos”, asegura.

El Cabildo pide al Gobierno desdoblar del aeropuerto a El Castillo

El presidente del Cabildo estima que en el segundo trimestre del año se licite el contrato para el mantenimiento integral de la red insular de carreteras. En muchas de ellas, admite, “no se ha intervenido en 15 o 20 años”. El contrato de mantenimiento saldría por nueve millones de euros al año y, por “razones logísticas”, se contaría con dos equipos, uno para el norte y otro para el sur de la Isla.

De forma paralela, saldrán a licitación una veintena de lotes para reforzar el firme de las calzadas, entre ellos el de la carretera de Pozo Negro, o el del tramo entre Antigua y Valles de Ortega, con una inversión prevista “de entre 15 y 20 millones de euros”.

Y también están en rampa de salida otros dos planes: uno para mejorar las travesías, en zonas urbanas, y otro para desarrollar carriles bici. Hasta ahora, lo habitual era plantearlos separados de las calzadas. “El sector deportivo nos dice que esos valen para pasear, pero no para competir ni para que entrenen profesionales”, señala el presidente del Cabildo: “Se colocará el carril bici en una plataforma independiente pero pegado a la carretera, y se aprovechará para el soterramiento de líneas de media tensión y de telecomunicaciones”.

Inversiones para el agua. Uno de los grandes objetivos de lo que queda de mandato en la Isla es la ejecución de mejoras en la producción y distribución de agua, después de que se llegase a un balance preocupante: para que un litro de agua llegase al grifo de un abonado del CAAF se tenían que desalar prácticamente dos litros de líquido, con el coste económico y ambientalmente que suponen esas pérdidas. El Cabildo, que controla el Consorcio de Abastecimiento de Aguas, ha diseñado un plan de inversión hidráulica de 160 millones.

“Llevamos, entre ejecutados y contratados, 22 millones de euros desde que lo comenzamos el año pasado”, explica Lloret. “En materia de abastecimiento de agua potable, la inversión es, probablemente, más que en una década entera”, añade. El presidente del Cabildo reconoce que “no todos los problemas se van a arreglar en un año, porque hay que renovar el sistema, pero las inversiones se están notando”. A corto plazo, se ejecutará el sistema de impulsión de agua de la planta desaladora de la capital al depósito de La Herradura, por 3,3 millones, “una obra importante que llevaba 10 años trabada”.

Lloret detalla que ya están elaborados los proyectos para renovar las redes de abastecimiento en El Cotillo, Puerto del Rosario y Gran Tarajal, y eliminar las canalizaciones de uralita que quedan. También están planificadas conducciones y depósitos vinculados a la desaladora de Corralejo y se preparan los trámites para la nueva planta desaladora del sur de la Isla, cuya viabilidad ambiental se estima conseguir en “entre año y medio y dos años”, pero se quiere dejar encarrilada este mandato.

En mayo se prevé llevar al pleno la ordenanza insular que regulará las acampadas

Planificación y acampadas. La falta de planificación es un déficit histórico. Se han contratado 14 instrumentos de planeamiento. Entre ellos, el Plan Territorial de Energía de Fuerteventura, para “poner cordura en el caos” de parques eólicos y plantas fotovoltaicas, que está en consulta pública hasta la segunda semana de abril, y en mayo se prevé aprobar inicialmente la ordenanza insular de acampadas, que no llegará para esta Semana Santa, pero sí se prevé que pueda entrar en vigor en verano. “Parece que toda la presión está sobre el Cabildo, pero el problema empezó hace un par de décadas y nunca se había abordado”, señala Lloret.

El Plan Insular define los campings y las áreas de recreo, pero no las acampadas. La normativa la elabora la empresa pública Gesplan, que también ha contemplado la figura de las áreas de descanso de caravanas, con menos requisitos que un camping. En abril se presentará el borrador a los colectivos de campistas y a los ayuntamientos, que son los que tendrán que gestionar los espacios habilitados. La filosofía de la ordenanza insular, explica Lloret, es, por un lado, “regular, porque hay mucha presión por el territorio, excluir las zonas ambientalmente más sensibles” y evitar las “macrozonas” de acampada.