Isabel Martinón fue concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife ente diciembre de 2009 y junio de 2011. Aprobó con su firma algunas de las facturas con irregularidades de la empresa Inelcon.

En su declaración, la exconcejal y abogada de profesión, se escudó en que las facturas firmadas por ella venían fiscalizadas por el interventor, en que el entonces alcalde, Cándido Reguera, le dijo que se habían subsanado las irregularidades y en que tenía muchos expedientes que resolver.

Martinón contó que se enteró de que había unas facturas con irregularidades, pertenecientes a gastos de la Navidad de 2010, por un escrito de la entonces responsable técnico del departamento de Contratación, Elena Martín, que tardó una semana en comunicárselo y “lo coló en una tonga de expedientes”.

En ese escrito, la trabajadora municipal pedía que se le relevara de ese cargo, para el que había sido nombrada cinco meses antes por Reguera, e informaba de que no se iban a tramitar algunas propuestas de gasto porque no se habían cumplido los trámites.

Martinón se quejó durante su declaración del comportamiento de Elena Martín. El alcalde la relevó y la exconcejal dijo que pensó que esos expedientes se iban aquedar en un cajón y no se iban a tramitar. Reguera colocó de nuevo como responsable del departamento al interventor, Carlos Sáenz.

La exconcejal de Hacienda declaró que cuando accedió al cargo estaba muy tranquila porque tenía en su departamento a dos funcionarios habilitados nacionales, el tesorero y el interventor. Y, además, porque las competencias en materia de contratación son del alcalde.

Acabó dando el visto bueno con su firma a esas facturas, que, según señaló, habían sido fiscalizadas previamente por el interventor “sin ningún reparo”.

Martinón dijo que la fiscalización previa no le correspondía a ella y que su firma siempre iba después de la del interventor, así como que no examinaba las facturas, porque era no era su función -“yo era concejal, no técnica”- y porque tenía muchos expedientes.

Este lunes, en la primera sesión del juicio del caso Montecarlo llegó a decir que Arrecife es una ciudad con 100.000 habitantes “y se prestan muchos servicios”: “Tenía tantos expedientes para firmar que ni miraba los importes ni el nombre de las empresas, me limitaba a firmar”, dijo.

“¿En base a qué me niego yo a firmar una orden de pago?”, se preguntó la exconcejal. Afirmó que, para ella, Inelcon es “una empresa más” y que nunca firmó un mandamiento de pago no firmado por el interventor.

“¿Usted qué hizo?”

La fiscal le preguntó para qué sirve entonces la firma de la concejal y Martinón respondió que “para el buen funcionamiento” del Ayuntamiento y añadió que entendía que cada departamento hacía bien su trabajo. “Entonces la firma del concejal no sirve para nada”, dijo la fiscal.

La responsable del Ministerio Fiscal también señaló que no entendía que si había irregularidades no se paralizaran los expedientes. “¿Usted qué hizo?”, le preguntó la fiscal. “Dar cuenta al alcalde, y él me dijo que si viene con la firma del interventor es que se han corregido las irregularidades”.