El rally Isla de los Volcanes sigue generando ruido. Se ha convertido en la principal polémica en el Cabildo de Lanzarote en lo que va de año, amenaza con seguir capitalizando el debate público porque la oposición ha visto sangre y no va a dejar de morder, y ha provocado tensiones entre el PSOE y Podemos, en la que se puede considerar la primera crisis del gobierno insular, que apenas ha superado la barrera de los 100 días. Estas son las principales claves de un conflicto que ha tomado cariz político pero que tiene importantes connotaciones.

Las fechas. El 4 de febrero, el presidente del club Evesport, José Victoriano Rodríguez, organizador del rally, solicita la autorización de la prueba, que se celebraría entre el 28 y el 30 de abril. La anterior edición se había celebrado en agosto del año pasado. En el grupo de gobierno del Cabildo, tanto en las consejerías del PSOE como en la de Podemos, coinciden en que la institución tenía tres meses para resolver el expediente, un plazo que vencía ya entrado mayo, y que los tiempos que se manejaban eran “apretados”.

De entrada, el 23 de febrero, la Oficina del Plan Insular advierte al departamento de Actividades Clasificadas, que instruía el expediente, que no tenía “competencia alguna para autorizar usos ordinarios específicos en suelo rústico” y rechaza informar del rally.

El 29 de marzo, la Consejería de Medio Ambiente pide al Gobierno de Canarias que informe de la “posible afección” del rally a las especies protegidas. Ya en abril, el día 12, se pediría otro dictamen, más específico, al Museo Nacional de Ciencias Naturales sobre el “impacto potencial” en la hubara, un ave en peligro de extinción. Para la celebración de la anterior edición del rally de tierra no se había solicitado ninguna consulta a instituciones especializadas.

Ocho días después, el equipo del profesor Juan Carlos Alonso, del organismo vinculado al prestigioso Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), una agencia estatal adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, destaca el “serio riesgo” del rally para la hubara y pide que no se autoricen pruebas automovilísticas que afecten a la especie. De las ocho etapas del rally, destaca una de las “más conflictivas”, entre Tinajo y La Santa, que incluía zonas de jable, el “hábitat” de la hubara canaria.

Medio Ambiente. Ese análisis del impacto sobre la hubara sería el preludio de un informe contundente del Gobierno de Canarias, que considera el rally “incompatible” con la biodiversidad, por afectar “de forma muy significativa al hábitat y estado de conservación de especies protegidas”. Cita a la hubara, el guirre, el corredor sahariano, el halcón tagarote o la lechuza majorera y advierte que la legislación persigue “la destrucción del hábitat” de especies en peligro de extinción, vulnerables o con protección especial.  También avisa que por donde pasa el rally “se ha detectado la presencia” de “al menos 85 especies protegidas”.

Este análisis de la Consejería de Transición Ecológica que dirige el socialista José Antonio Valbuena marca el punto de inflexión en la tramitación del rally. Las fuentes consultadas aseguran que está fechado el 7 de abril, pero que no llega a la Consejería insular de Medio Ambiente hasta poco después de las nueve de la mañana del 21 de abril.

Ese mismo día se produce una reunión en la institución insular con los promotores de la competición. Queda una semana justa para el inicio de la prueba. ¿Podría haberse echado el freno en ese momento? Personas conocedoras del procedimiento sostienen que hubiera sido lo conveniente y que ya entonces se apuntó que el rally tendría que someterse a evaluación de impacto ambiental simplificada, lo que conlleva varios meses de trámites.

De ese encuentro, sin embargo, sale otra decisión: la de proponer cambios en el recorrido. Se acorta el de Tinajo a La Santa, el más problemático, y el de Tabayesco a Mala. Pese a las modificaciones, el Servicio de Biodiversidad de la comunidad autónoma mantiene objeciones: apunta a que sigue habiendo 26 especies protegidas por donde discurre la prueba y destaca otros tramos que no se habían tocado, uno donde hay guirres, y otro que afecta a hubaras, entre Puerto Calero y Playa Quemada.

Los técnicos estipularon una evaluación de impacto ambiental de la competición de motor, ya que a pesar de las modificaciones en el trazado seguía habiendo afecciones

“Es cierto que el Gobierno de Canarias no concede ni deniega ningún permiso, pero sus reparos no se puedan obviar”, destacan las fuentes consultadas. El Servicio de Biodiversidad firma ese informe sobre la una de la tarde del lunes 25 de abril. Al día siguiente, todavía se presentaría oficialmente la competición en el Islote de Fermina.

Las conclusiones del Servicio insular de Medio Ambiente, plasmadas en una resolución el 27 de abril, guardan coherencia con los informes del Servicio de Biodiversidad. Así, considera que aunque el rally se desarrollaría “fuera de los límites” de espacios naturales protegidos “no se puede descartar que pueda generar efectos negativos apreciables” sobre la Red Natura 2000 y recalca que el tramo cronometrado entre Tinajo y La Santa “deberá someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada”.

Tramo reformado Tinajo-La Santa, que seguía invadiendo zona de hubaras.

Política Territorial. Los informes de la Consejería de Política Territorial, adscrita a Presidencia del Cabildo, son si cabe más determinantes y abren otro debate, más allá de que no se haya celebrado un rally, acerca del estado de la planificación insular.

Tan solo un día antes del anunciado inicio de la prueba, Presidencia insta a Política Territorial a que se pronuncie sobre “si existe prohibición expresa en el Plan Insular” para el desarrollo del rally.

El departamento emite dos informes: uno jurídico, que concluye que “el órgano legalmente competente” para “incoar, instruir y resolver la autorización” que permitiría la celebración de una prueba deportiva por el suelo rústico de varios municipios es el Consejo de Gobierno. De aprobarse por Actividades Clasificadas, como se había hecho, por otra parte, en la anterior edición, habría “vicios” que podrían “dar lugar, en el peor de los casos, a la nulidad de la autorización solicitada”.

El análisis técnico de Política Territorial da por imposible la autorización del rally, aun obviando las objeciones de Medio Ambiente. La Ley del Suelo de Canarias autoriza eventos deportivos a motor en pistas, fuera de los espacios naturales protegidos “y siempre que no exista prohibición expresa en el planeamiento”.

La Oficina del PIO, adscrita a Política Territorial, advirtió de que el expediente del rally se tramitó por un departamento sin competencia, el de Actividades Clasificadas

Resulta que el Plan Insular de Ordenación, en vigor desde 1991, “prohíbe expresamente la práctica de deportes motorizados en todas las categorías de suelo rústico, salvo en los terrenos destinados a ello”. El PIO menciona como modalidades prohibidas “la práctica de moto-cross, trial, jeep-safari y en general deportes motorizados”.  Esas zonas en las que se podrían llevar a cabo, añade Política Territorial, “solo podrán localizarse en las categorías del suelo rústico cuyas normas particulares toleren este tipo de actividad”.

La Consejería concluye que solo caben pruebas a motor como el rally en las carreteras y pistas catalogadas como sistemas generales viarios. De esta manera, “en todos aquellos tramos que se localizan en suelo rústico” y que no son sistemas generales viarios  “estaría expresamente prohibido por el Plan Insular el desarrollo de pruebas deportivas con vehículos a motor”.

¿Y cómo se aplica esta prohibición al caso concreto del rally Isla de los Volcanes? Según el informe de Política Territorial, el shakedown de Puerto del Carmen “discurre por caminos o pistas en suelo rústico, no incluidas” en los sistemas generales viarios de la Isla. Lo mismo sucede en el recorrido entre El Mojón y Teguise, y en el que estaba previsto entre los municipios de Tías y Yaiza “sólo algunos tramos” podrían acoger el rally. Entre Tabayesco y Mala un tercio del recorrido estaría, en principio, prohibido por el Plan Insular, al igual que todo el tramo entre Tinajo y La Santa.

Con respecto a esos “tramos señalados como prohibidos”, Política Territorial planteaba que cada ayuntamiento aclarase si en el planeamiento municipal están contemplados como sistemas generales viarios. Las fuentes consultadas en el Cabildo, a falta de un análisis de cada Consistorio, dudan de que así sea. En cualquier caso, para este rally, era imposible comprobarlo.

Las consecuencias. La resolución denegando el rally, firmada por la Consejería de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, 24 horas antes de su anunciado comienzo, desató una oleada de críticas al Cabildo y, de forma personalizada, a la consejera Elena Solís, que ha denunciado en el Juzgado injurias y amenazas graves, así como un posible delito de incitación al odio.

Sin embargo, en el mundo del motor también hay voces críticas con la federación y la organización. El presidente de la Asociación de pilotos y copilotos, Luis Vilariño, declaró que no se podía permitir el traslado de los coches “sin tener los permisos para poder correr”. “La estrategia era que fuésemos hasta allí para presionar al Cabildo y obtenerlos sobre la hora”, afirmó a La Región.

En las filas socialistas del Cabildo se sostiene que se “auditará el expediente para depurar responsabilidades” y se considera que existía predisposición de la Consejería gestionada por Podemos de denegar la prueba. En esa estrategia se enmarcaría, aducen, la petición de informes externos al Gobierno de Canarias y al Museo de Ciencias Naturales.

La Ley del Suelo establece que el Cabildo debe elaborar “la red para vehículos a motor en el medio natural, definiendo su capacidad y régimen de uso”, pero no lo ha hecho

En cambio, en la formación morada entienden que lo correcto es evaluar si existen valores medioambientales en riesgo, algo que cuestionan que no se hiciera con anterioridad. También recalcan que han trasladado “sobre la marcha” los informes del Servicio de Biodiversidad y que, en última instancia, no era su responsabilidad autorizar la prueba. En las filas de Podemos, el respaldo a Solís es “total”, aseguran las fuentes consultadas.

Por otro lado, la Consejería de Política Territorial del propio Cabildo ha puesto el dedo en la llaga de la planificación: advierte de que la Ley del Suelo establece que la institución insular debe elaborar, aprobar y publicar “la red para vehículos a motor en el medio natural, definiendo su capacidad y régimen de uso”. No lo ha hecho. “Fuera de la red oficial queda prohibida la circulación de más de tres vehículos formando caravana”, añade la normativa. Este rally, que al final no se disputó, ha puesto el foco en otra asignatura pendiente.