La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas investiga al Servicio Canario de Salud (SCS) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al pagar cuatro millones de euros a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, para el suministro de unas mascarillas que nunca recibió, al inicio de la pandemia de Covid.

Fuentes cercanas al caso han confirmado a Efe que, como ha publicado "Canarias 7", la Fiscalía investiga tanto a la empresa, por estafa, como a la Consejería de Sanidad, que siguió contratando con ella a pesar de que no le suministró el millón de mascarillas que había cobrado por adelantado.

La Fiscalía trata de esclarecer si la Administración no verificó si la empresa RR7 United cumplía con los más elementales requisitos de solvencia, si investigaron el objeto de la misma, ya que no estaba vinculado al sector sanitario, y por qué no puso en conocimiento del Ministerio Público lo ocurrido con ese contrato para la compra de un millón de mascarillas, señala el periódico.

Anticorrupción ha solicitado a la Consejería los contratos entre ambas partes, resoluciones, informes jurídicos y demás información en el marco de estas diligencias de investigación y ha tomado declaración a  varios funcionarios sobre el contrato de emergencia suscrito entre el SCSy RR7 United SL el 25 de mayo de 2020, así como al denunciante de los hechos, el empresario Juan Manuel Pérez León.

El denunciante puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía y el Tribunal de Cuentas supuestas irregularidades detectadas en un total de 59 resoluciones emitidas a través de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS entre 2020 y 2021, para la adquisición de material sanitario para la lucha contra el Covid por valor total de 32 millones de euros.

Según ha comprobado Efe en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, la Directora de Recursos Económicos emitió la resolución para resolver el contrato adjudicado con la citada empresa el 13 de mayo de 2021, al no haber recibido las mascarillas por las que había abonado cuatro millones de euros y exigió el reintegro de los fondos, lo que se notificó a las empresa el 31 de mayo.

RR7 United, posteriormente, el 29 de junio de 2021, presentó un escrito en el que exponía su intención de cumplir con lo pactado y efectuar cuanto antes la entrega del material contratado.

Ante la imposibilidad de suministrar las mascarillas N95 de la marca 3M, como se había comprometido, solicitó autorización para el cambio de modelo por otras tipo FFP3 NRD, del fabricante Honeywell, y que se dejase sin efecto la resolución del contrato.

El SCS consideró que como "se mantenía la necesidad del material objeto de contratación" y por "principios de interés público, racionalidad y eficiencia", accedió a ese cambio.

Para ello, el 14 de julio de 2021 contactó con la empresa a efectos de valorar la modificación propuesta y ajustar el contenido de la prestación a los precios actuales de mercado, considerando que se mantenía el equilibrio económico del contrato con un incremento en el número de unidades a suministrar del 20 % (se pasaba de 1 a 1,2 millones de mascarillas)

Sin embargo, RR7 United tampoco entregó las mascarillas Honeywell, por lo que Sanidad volvió a resolver el contrato.

El director del SCS, Conrado Domínguez, explicó ayer que el organismo que dirige ha iniciado todos los procedimientos administrativos para recuperar el dinero adelantado y recordó que en esa época se efectuaron más de 15 contratos de este tipo y que todos se completaron "con una satisfacción importante, porque todo el material llegó y fue utilizado para proteger a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos".