El juicio del caso Montercarlo sobre la facturación de las empresas Inelcon y Señalcon al Ayuntamiento de Arrecife ha celebrado su última sesión en Lanzarote. Las acusaciones y las defensas realizarán sus conclusiones los próximos 7 y 8 de junio en Las Palmas de Gran Canaria y el juicio en la Audiencia Provincial quedará visto para sentencia.

En la sesión de este lunes declararon los peritos. La declaración principal, la más extensa, fue la de José Manuel Adán Cardona, auditor del Estado, ya jubilado, quien realizó durante la instrucción una pericial encargada por el Ministerio de Hacienda. Hizo un informe a partir de unos mil folios de documentación sobre dichas facturas.

Según señaló Cardona, la iniciativa para contratar parte de los concejales, no de los técnicos o del alcalde, aunque reconoció que no sabía si el alcalde había delegado esas competencias en los ediles. “Quien decide las necesidades de la concejalía es el concejal”, dijo.

Cardona explicó la cadena o proceso de contratación y de asunción del gasto. Dijo que “todo tiene que estar reglado” y que todas las personas que participen en los expedientes tienen que conocer el procedimiento. “Si hay irregularidades hay que parar la cadena”, señaló.

Respecto al procedimiento extrajudicial, el auditor señaló que se acude a él porque el presupuesto está agotado, pero que no es un procedimiento para pagar “algo indebido”. “Una cosa es pagar y otra es saber por qué se ha realizado un gasto innecesario”, diferenció el auditor del Estado.

Cardona también aclaró que por cada propuesta de gasto solo debe haber una factura, no varias, como ocurre en el caso Montecarlo. Ese fraccionamiento de facturas puede dar lugar a una malversación de fondos.

Respecto a la labor de los técnicos, señaló que deben comprobar que se ha realizado correctamente la obra o el servicio y que “no tiene lógica que una persona no cualificada” en una materia firme una factura de esa materia.

Sobre la firma de los concejales en los expedientes, el auditor del Estado apuntó que significa que dan el visto bueno a todo lo que se ha hecho, que están de acuerdo “con todo el proceso”.

Gran parte de la declaración giró en torno a saber si se pueden aplicar gastos generales y de beneficio industrial a facturas que no sean de obras, sino de servicios.

“Si hay irregularidades hay que parar la cadena”, señala el auditor del Estado

Cardona aseguró que esos conceptos no los ha visto nunca en contratos de servicios, solo de obras. El auditor del Estado también declaró que la mesa de contratación debe comprobar que la empresa contratada tenga el objeto social necesario para la obra o servicio para la que se le contrata.

Las defensas intentaron demostrar el escaso margen de maniobra de los concejales en el caso de que el interventor, como en este caso, reconozca que se saltó la ley.

El auditor reconoció que los concejales o técnicos confían en el interventor pero señaló que el concejal debe conocer el procedimiento “porque para eso se le nombra concejal, para que conozca su función”.

En ese sentido, apuntó que se han dado las irregularidades porque los concejales “no han visto nada, no han comprobado nada, se han limitado a firmar sin más”. 

Cardona aclaró que es incompatible, como ocurría en Arrecife, que el interventor ejerciera de interventor y de técnico de otro departamento del Ayuntamiento. “En este caso, el engranaje ha fallado porque todo ha fallado”, señaló Cardona.

Auditoría

Enrique Salvador, perito de la defensa, es auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Hizo una auditoria de los expedientes de 2009 en Arrecife a petición de una de las defensas. Examinó 43 expedientes y dijo que no había reparos de Intervención en ninguno. “No hay fiscalización previa por parte del Interventor”. Señaló carencias en los expedientes,  no solo en los investigados en esta pieza, y una forma de hacer las cosas “no normalizada”.

Este perito declaró que el interventor debía haber valorado si eran contratos menores o si se estaba haciendo un fraccionamiento, además de que para cualquier expediente de contratación debe iniciarse una propuesta de gasto, el presupuesto de ese contrato y dejar claro qué se contrata, por qué cuantía  y motivar la necesidad del contrato.

“Si hay irregularidades, el alcalde debía haber exigido un informe”, señaló. Sin embargo, no dejó la responsabilidad solo en el interventor. También dijo que era todo un cúmulo de responsabilidades que no se limitaban al interventor.