La Comisión Europea ha exigido este jueves al Gobierno de España “que repare los daños al medio ambiente” y, en particular, a un espacio de la Red Natura 2000, por la construcción del complejo ilegal Origo Mare en Fuerteventura.

Europa abrió un expediente de infracción a España en diciembre de 2017 por el complejo Origo Mare, que destruyó un hábitat protegido en el municipio de La Oliva. La Comisión Europea ha recordado este jueves que el complejo hotelero afectó a un espacio protegido “de gran importancia para la conservación de especies de aves” en peligro de extinción.

Además, la Comisión Europea destaca que las autoridades aprobaron el proyecto del Origo Mare en 2001 “sin haber evaluado sus efectos sobre el medio ambiente”, lo que era obligatorio de conformidad con la Directiva relativa a la evaluación de impacto ambiental y la Directiva sobre los hábitats.

“Aunque los tribunales españoles declararon la nulidad del proyecto por estos motivos en 2011, las autoridades decidieron seguir adelante con las obras de construcción, causando daños irreparables a los hábitats de las aves en situación crítica”, subrayó este jueves la Comisión Europea al informar sobre sus “principales decisiones” adoptadas en mayo en cuanto a los procedimientos de infracción que tiene abiertos.

Así, la Comisión señala que envió una carta de emplazamiento a España en 2017, comunicándole el expediente de infracción por el Origo Mare. “Sin embargo, las autoridades españolas no han cumplido ninguno de sus compromisos para subsanar los efectos medioambientales del complejo”, levantado en la costa del municipio de La Oliva, en las inmediaciones de Majanicho.

Por consiguiente, la Comisión ha decidido emitir un dictamen motivado. “España dispone ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias”, advierte la Comisión Europea. “En caso contrario”, la Comisión amenaza al Gobierno de España con que “puede optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

Foto: Carlos de Saá.

Polémica intervención del Gobierno canario

Este año 2022 se cumplen 20 años desde que el Ayuntamiento de La Oliva concediera tres licencias de obras para construir 748 viviendas y un área comercial en el plan parcial Casas de Majanicho. La urbanización se había aprobado dos años antes, con Domingo González Arroyo en la alcaldía.

Lo que iba a ser un oasis turístico en el norte de Fuerteventura terminó convertido en un desastre: el proyecto de urbanización fue anulado en los tribunales, el suelo no es urbano, sino rústico, la Comisión Europea tiene abierto el citado procedimiento de infracción y la Fiscalía pide 30 años de cárcel y 82 años de inhabilitación para los siete políticos y dos técnicos que avalaron la licencia de obras para adaptar villas y convertirlas en un hotel.

En este avispero han decidido meterse el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, y el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Tanto Valbuena como Torres firmaron hace unos meses el decreto por el que la comunidad autónoma asume “tramitar y resolver el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de urbanización Casas de Majanicho”, por delegación del Ayuntamiento de La Oliva, que preside Pilar González Segura. El Cabildo declinó la petición del Consistorio para asumir este complicado y polémico procedimiento.

Los ecologistas recuerdan que, cuando el 9 de diciembre de 2000, el pleno de La Oliva aprueba el plan parcial, “todos los informes del Gobierno de Canarias eran contrarios”. El Ejecutivo regional de PSOE, Podemos, NC y ASG, se ha comprometido a llevar a cabo una evaluación ambiental que se tendría que haber efectuado antes de que se diera luz verde a la urbanización.

El procedimiento de infracción de la Comisión Europea (el número 2017/2113) se basa en que se vulneró la normativa comunitaria sobre protección ambiental en el desarrollo de la urbanización.

De esta manera, se destruyó un hábitat de interés comunitario como el malpaís, del que se estima que se arrasaron un millón de metros cuadrados, se afectó otro hábitat de interés como las “dunas móviles embrionarias”, del que se invadieron unos 97.000 metros cuadrados, y se produjo una “transgresión” de más de 39.000 metros cuadrados de lo que es en la actualidad una Zona de especial protección de aves (ZEPA).

Ángel Víctor Torres.

El Ejecutivo regional, en contra de demoler

Para el Gobierno de Canarias, que ya lanzó un documento previo de la futura evaluación de impacto ambiental, de la que no ha trascendido nada, la demolición de las obras ilegales se antoja una conclusión tabú. Pese a que reconoce que “la restitución del medio al estado previo” es “la fórmula que se plantea” cuando se ejecutan construcciones “que conculcan la legislación urbanística, territorial y ambiental”, como es el caso de la que popularmente se conoce como Origo Mare, evita considerar el derribo una alternativa viable.

En ese análisis previo, el Gobierno no calculó los costes de posibles demoliciones, que dijo que llegarían a “cifras muy elevadas”, que no concretó, y dio por sentado que la población lo rechazaría. Ni siquiera planteó un derribo parcial, que afectaría a una esquina de la urbanización que ocupa espacios protegidos de la Red Natura 2000.

La tesis de partida del Gobierno es que, si se derriban villas, se tendrían que recolocar en otra zona, pero dentro de Origo Mare, lo que considera imposible: es “suelo rústico común” y no se podría construir nada nuevo, “salvo por procedimientos excepcionales”.

El objetivo indisimulado del Gobierno es legalizar todo lo construido y compensar con medidas que puede llevar a cabo sin tener que estar vinculadas a la regularización de Origo Mare. Por ejemplo, un plan de restauración ambiental en el norte de la Isla por algo más de siete millones de euros, la declaración de la Zona Especial de Conservación del tubo volcánico de la Cueva del Llano, donde vive el opilión majorero, una especie en peligro de extinción, o la ampliación de la red de zonas de especial protección de aves en la Isla.

Vista satélite de Origo Mare, en el municipio de La Oliva.

Vía penal

Mientras tanto, la Fiscalía ha puesto el foco en el Origo Mare por la comisión de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Además de una licencia ilegal para transformar villas en un hotel, se construyeron dos edificios que no se podían haber levantado. Entre los acusados se encuentran Óscar Darias, jurista del Ayuntamiento de La Oliva, y Gonzalo María Tortajada, arquitecto municipal.

En el decreto de Torres y Valbuena se exige al Consistorio que aporte la “documentación necesaria y preceptiva” para esta evaluación ambiental sobre hechos consumados, que esté firmada y refleje la “conclusión” de sus autores, “personas que posean la capacidad técnica suficiente”.

La Fiscalía destaca que las obras contravinieron de forma manifiesta la normativa urbanística y de ordenación territorial, porque el Plan Insular de Fuerteventura, aprobado en el año 2001, asigna a los terrenos la clasificación de suelo rústico protegido y especialmente protegido.