La jueza que instruye el caso Reparos ha elevado una pieza separada al Tribunal Supremo para que investigue al senador Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, por un posible delito continuado de prevariación administrativa cuando era alcalde de La Laguna (Tenerife).

La titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de La Laguna, la magistrada juez Ana Serrano-Jover González, ha elevado a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo una exposición razonada en una pieza separada sobre las posibles responsabilidades de Clavijo por prorrogar contratos municipales contra el criterio del interventor en múltiples expedientes.

Clavijo fue alcalde de La Laguna entre 2008 y 2015, después presidente del Gobierno de Canarias de 2015 a 2019 y actualmente es senador por designación del Parlamento de Canarias, así como secretario general de Coalición Canaria.

Su aforamiento nacional determina que sólo el Supremo podría investigarlo en el caso de que se estime el escrito de la magistrada de La Laguna.

La jueza sigue con su exposición razonada al Supremo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que aprecia indicios de prevaricación en la decisión del alcalde de dar continuidad "reiteradamente a contratos de servicios públicos extinguidos, algunos de ellos millonarios, levantando por decreto los reparos de legalidad de la Intervención General".

La denuncia del caso Reparos fue promovida por Santiago Pérez, quien actualmente es el responsable de urbanismo en el grupo de gobierno municipal de La Laguna y senador autonómico a propuesta del PSOE.

La magistrada explica en su exposición razonada que ya ha practicado las pruebas documental, testifical y pericial y solo quedaría como diligencia la declaración de Clavijo.

En los años que van de 2011 a 2014, Fernando Clavijo salvó reparos de la Intervención "de manera reiterada y sin sujetarse al procedimiento administrativo", según los indicios que expone la jueza.

En la exposición razonada se detallan, uno a uno, los aproximadamente ochenta decretos del alcalde en esos años en los que se levantaron los reparos de la Intervención.

Van desde contratos de limpiezas de colegios y dependencias municipales por 7 millones de euros a talleres de ocio (1,8 millones), servicios sociales de ayuda a domicilio (3,3 millones), actividades extraescolares (500.000 euros) o mantenimiento de jardines (un millón de euros).

El entonces alcalde antes de dictar "todos y cada uno" de los decretos solventando los reparos "tuvo total y absoluto conocimiento de que se estaban produciendo prórrogas extemporáneas con efectos retroactivos, así como autorizaciones de continuidad de la prestación del servicio", en algunos casos con duraciones de hasta dos y ocho años.

La magistrada entiende que Clavijo "tenía conocimiento de que podría estar ocasionando un perjuicio a las arcas municipales" y señala que en los plenos del Ayuntamiento había concejales que manifestaban su preocupación porque la Intervención había puesto reparos hasta un 25 por ciento del presupuesto municipal.

El criterio de la instructora es que los hechos pueden ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 9 a 15 años.