La diputada por Canarias, Meri Pita, ha presentado en el Congreso una pregunta que considera "fundamental" como primer paso para iniciar un trabajo de mayor calado en relación con la Ley de Aguas en Canarias, a la que califica como un "atropello a la soberanía alimentaria".

“Y es que en el Archipiélago, el agua -pese a ser declarada como un bien de interés público y general- se ha normalizado que algunas personas tengan derecho sobre los acuíferos por razones de herencia que vienen desde la colonización. Es evidente que nuestra tierra no se libera de las consecuencias de lo que significó este pasado. Heredar un apellido no solo ha traído consigo el acaparamiento de los espacios de poder político y económico, sino también, como en este caso, el de heredar los acuíferos", explica la diputada.

El problema tiene su origen en la demanda de agua para los nuevos cultivos en aquella época. La perforación de pozos y galerías o la construcción de presas se llevaron a cabo con capital privado y por tanto, su explotación, quedó en mano de los inversionistas, sin que la concesión del bien fijara un plazo máximo para su explotación. De este modo, se transformó en un tipo de "herencia por derecho natural".

Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la nueva legislación estatal de aguas, las antiguas heredades se transformaron en comunidades de regantes. De esta manera, el agua, pese a ser declarada un bien público que no deja, no obstante, de tener “un aprovechamiento netamente privado” y respecto a cuya concesión la la Ley 12/1990 de aguas plantea que los derechos adquiridos se conservarán durante un plazo máximo de 75 años.

Es decir que según esta ley, hasta el año 2065 los derechos adquiridos por este tipo de herencias tendrían “secuestrados” los acuíferos de las Islas, aunque a su vez, el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, establece la transformación de derechos privados en concesionales fijando el plazo máximo en el año 2035.

Por tanto, y partiendo de esa posible contradicción, la diputada ha preguntado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico si va a instar a la comunidad autónoma de Canarias a que adapte, con carácter urgente, lo establecido por el Real Decreto y se ajuste a la normativa estatal para liberar en 2035 los derechos adquiridos sobre las aguas.

"Ya es hora que los canarios y canarias sean propietarios de sus acuíferos, sin concesiones por cuestiones de herencia, sino como un bien público al cual todas las personas tienen derecho tanto a su uso como su cuidado", explica Pita, quien recuerda que "solo de esta manera podemos dar un paso para lograr esa soberanía alimentaria de la que tanto se habla, pero por la que poco se hace desde las instituciones autonómicas".