La Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes, en el marco de la Operación Lightning, ha incautado 25 armas prohibidas a raíz de una operación iniciada el pasado mes de noviembre en la que se detuvo a un hombre de 37 años y una mujer de 43 años como presuntos autores de un delito de tenencia y distribución de armas prohibidas.

Esta investigación se inició en el mes de noviembre de 2021, cuando la Guardia Civil logró desarticular un clan familiar dedicado a la importación, depósito y venta de armas prohibidas (defensas eléctricas), promoviendo su venta en redes sociales desde el municipio de Ingenio (Las Palmas).

En el inicio de la operación la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia y seguimiento que dio como resultado la localización, identificación y detención de una mujer y un hombre, como presuntos autores de un delito de tenencia y distribución de armas prohibidas, siéndoles intervenidas defensas eléctricas en perfecto estado de funcionamiento y preparadas para su venta a terceros, así como un “spray paralizante”, no homologado.

Estas actuaciones iniciales dieron como resultado la incautación de dos defensas eléctricas, en perfecto estado de funcionamiento (una de ellas con capacidad para proyectar 980.000 voltios), y preparadas para su venta a terceros, así como un “spray paralizante”, no homologado.

Nueva incautación de armas a los mismos destinatarios

Sin embargo, la Guardia Civil bajo las sospechas de la posible existencia de nuevas importaciones de armas prohibidas, en meses posteriores a la ocurrencia de los primeros hechos, inició nuevamente las investigaciones oportunas y recabó todas las pesquisas necesarias para la localización de envíos postales dirigidos a los investigados, todo ello bajo el amparo judicial del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Telde.

Este seguimiento dio como resultado en el mes de marzo, la detección de un envío postal en el que uno de los investigados recibiría como destinatario, susceptible de contener armas prohibidas, por lo que se la Guardia Civil procedió a su incautación y posterior apertura en Sede Judicial, comprobando como se trataba de un nuevo envío de armas prohibidas, conteniendo 10 defensas eléctricas de 5000 voltios y 15 defensas de 980000 voltios, todas ellas de tenencia prohibida en España y que en aplicación del actual Código Penal podría conllevar penas de entre 1 y 3 años de prisión.