El Ministerio de Transición Ecológica ha incoado el expediente de caducidad de la concesión del dominio público que ostenta RIU sobre los terrenos de las Dunas de Corralejo en los que se asienta el hotel y los apartamentos Oliva Beach, el mismo mes que está previsto el traspaso de las competencias de Costas a la comunidad autónoma de Canarias.

En una resolución del jefe de la Demarcación de Costas, Alberto Martín Coronel, a la que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se acuerda iniciar la caducidad de la concesión de 59.768 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre.

La concesión se otorgó en julio de 2003, se modificó en abril de 2007 y se prorrogó de forma extraordinaria en septiembre de 2016, con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, por un plazo de 75 años, hasta el 11 de febrero de 2089.

El fundamento del expediente de caducidad de la concesión son las infracciones cometidas por la cadena hotelera RIU, que ejecutó obras e instalaciones en dominio público “sin título habilitante”. En agosto del año pasado se inició el expediente sancionador, que concluyó en una infracción grave y dos leves. El pasado mes de marzo se le impuso una sanción de 204.458 euros, que se ratificó en el mes de mayo.

Desde el 1 de junio, RIU tenía un plazo máximo de un mes para “la restitución de las cosas” y la “reposición” de los terrenos “a su estado interior”, como cuando se otorgó la concesión del dominio público marítimo terrestre en las Dunas de Corralejo.

El Ministerio de Transición Ecológica determinó que, sin ninguna autorización, la empresa había vallado la parcela, construido una carretera y un aparcamiento, así como una acera, además de transformar los terrenos para una zona ajardinada, instalado contenedores de residuos, un contenedor marítimo, un depósito de propano y otro depósito de agua sin tratar.

Además, sin permiso, RIU instaló una pista de tenis y desarrolló “una actividad no contemplada” en la concesión del dominio público, al instalar una tienda. Desde noviembre de 2019, Ben Magec-Ecologistas en Acción solicitó que se sancionara a la cadena hotelera. Los informes del servicio de vigilancia de Costas le dieron la razón.

Aumento del volumen

El jefe de la Demarcación de Costas recuerda que las condiciones de la concesión del dominio público eran claras: solo están permitidas, previa autorización del Ministerio, “obras de reparación y mejora, siempre que no impliquen aumento de volumen”.

Sin embargo, el responsable de Costas en Canarias subraya que, “como ha quedado probado durante la tramitación del expediente sancionador, se ha producido un aumento de superficie y volumen del 22 por ciento del total autorizado”.

El reglamento de Costas establece que el incumplimiento de las condiciones por las que se otorga el uso del dominio público “darán lugar a la caducidad de la concesión con independencia de la tramitación del expediente sancionador”. Además, en caso de infracción grave, “la Administración podrá declarar la caducidad del título”.

La propia concesión otorgada a RIU estipula que “si las infracciones cometidas fuesen de importancia notoria se incoará asimismo expediente de caducidad de la concesión”. En otro apartado se recalca que “el incumplimiento por el concesionario” de las condiciones “será causa obligada de incoación del correspondiente expediente de caducidad”.

“Uso exclusivo”

En la resolución con la que se inicia el expediente de caducidad del Hotel Oliva Beach y de los apartamentos se apunta que los elementos construidos y que nunca fueron autorizados suponen “instalaciones auxiliares para la explotación comercial” del establecimiento “y suponen una ruptura frente al parque dunar colindante”.

“De no haberse producido la ampliación de superficie de los terrenos, presumiblemente, mantendrían unas características propias del sistema dunar que ha motivado la declaración del espacio protegido” de la Red Natura 2000. En el año 2009, las Dunas de Corralejo, incluidos los terrenos de los hoteles, se declararon Zona de Especial Conservación (ZEC).

“Por otro lado”, apostilla el jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, “el vallado perimetral de los jardines” y la carretera “dejando en su interior el hotel y los apartamentos, suponen “la privatización de facto de unos terrenos que son de uso público y gratuito, concibiéndose como de uso exclusivo de los clientes del hotel y limitando el uso para el resto de ciudadanos”.

Incumplimiento de RIU

El 4 de julio, en la Demarcación de Costas de Canarias se recibió un escrito de la Subdirección general de Dominio Público del Ministerio de Transición Ecológica, a raíz de un recurso de Turcón-Ecologistas en Acción, en el que se pide “comprobar sobre el terreno si la mercantil concesionaria ha dado cumplimiento a la obligación de restitución de las cosas y reposición a su estado natural”.

Sin embargo, RIU no ha tenido voluntad de cumplir con la sanción de Costas de forma voluntaria en el mes de plazo que le concedió el Ministerio. Por ello, desde el Gobierno central se instó a la Demarcación de Costas de Canarias a incoar “el correspondiente procedimiento de caducidad de la concesión otorgada, sin que se precise autorización previa” por parte del Ministerio.

Al día siguiente, el 5 de julio, el personal de vigilancia de Costas en Fuerteventura constató que RIU no había dado cumplimiento a la obligación de eliminar los elementos construidos o instalados sin permiso. Ese mismo día por la tarde, el jefe de la Demarcación de Costas firmó la incoación del expediente que puede acabar con la concesión de la cadena hotelera sobre los terrenos del Oliva Beach.

Traspaso de competencias

La incoación del expediente de caducidad del Oliva Beach, que se une a uno similar que ya tenía el Tres Islas por unas obras de aumento de volumen sin autorización que RIU se negó a derribar, dejan en una situación complicada al Gobierno de Canarias, cuyo portavoz, Julio Pérez, anunció este mes que a finales de julio se aprobaría el traspaso de Costas a la comunidad autónoma, en una comisión bilateral con el Ejecutivo central. Desde RIU confían en que el Ejecutivo autonómico les permita ejecutar obras en los hoteles.

En el caso del Oliva Beach, el Gobierno central ya intentó anular la concesión del dominio público tras acusar a RIU de haber ocultado que no era el único propietario de los apartamentos, una condición indispensable según el Ministerio para que se le otorgase la explotación de los terrenos en las Dunas.

El Ministerio inició una revisión de oficio de la concesión, pero no fue capaz de culminar el expediente en tiempo. El Consejo de Estado ya le sugirió entonces que había otras herramientas en la legislación para eliminar la concesión: en vez de una revisión de oficio, que implica anular un acto de la Administración, una declaración de caducidad por actos ilegales que se imputan a la empresa.