La compra directa por 1,8 millones de euros de la conocida como finca de Ajuy, por parte del Ayuntamiento de Pájara presidido por Pedro Armas (AMF), se ha convertido en una de las principales polémicas de lo que va de mandato en Fuerteventura. La oposición ha tachado de “cacicada” la forma en la que se han comprado los terrenos, ha dado traslado a la Presidencia del Gobierno de Canarias y a la Delegación del Gobierno, y ha instado a la Fiscalía a intervenir. Estas son las principales claves:

Acuerdo oculto. El 12 de octubre del año pasado, el alcalde de Pájara firma en Las Palmas de Gran Canaria un “acuerdo de adquisición preferente” sobre la conocida como finca de Ajuy. Los terrenos, suelo rústico de protección natural, suman más de medio millón de metros cuadrados.

En ese “contrato”, en el que aparece la rúbrica de Pedro Armas y, estampado, el cuño de la Alcaldía, ya se establece que “el futuro adquirente”, el Ayuntamiento de Pájara, “tendrá derecho de adquisición preferente del inmueble por el precio de 1.872.004 euros”. Se fijaba su plazo de vigencia hasta el 29 de abril de 2022. En ese momento, la operación ya estaba en marcha y se terminó de materializar este pasado 29 de julio, cuando el Ayuntamiento emitió tres cheques para comprar de forma directa la finca.

De ese acuerdo de compra con la empresa propietaria del 99 por ciento de los terrenos, Paraje Natural de Ajuy, administrada por José Antonio Jorge Fierro, y Gualberto Ancor Gil, dueño del uno por ciento restante, no se sabe nada de manera oficial hasta más de dos meses después. El 15 de diciembre, en una notaría de Morro Jable se eleva a público el contrato privado que ya estipulaba lo que le iba a costar la compra a las arcas públicas del Ayuntamiento de Pájara.

Al día siguiente, la institución emite un comunicado donde justificaba la adquisición, entre otros motivos, por “la puesta en valor de los espacios libres en la post pandemia” de coronavirus. No dice nada del coste de la operación.

Acuerdo de adquisición preferente firmado por el alcalde de Pájara. 

Tasación en duda. Dos meses más tarde se registra en el Consistorio un informe externo de tasación de la finca de Ajuy, que la institución municipal había encargado a un ingeniero agrónomo, Tomás Pérez Santana, para “determinar el valor de mercado actual” de los terrenos, que cifra en 577.779 metros cuadrados y “cuyo valor el Ayuntamiento de Pájara tiene interés en conocer”.

La finca de Ajuy estaba “tasada a efectos de subasta” hipotecaria en medio millón de euros, según una certificación

El perito dice que visita la finca en dos ocasiones –el 11 de enero y el 1 de febrero- y concluye que el “suelo improductivo” alcanza los 496.024 metros cuadrados, mientras que habría una superficie cultivable de 81.755 metros cuadrados. Valora el metro cuadrado improductivo a 2,47 euros y el cultivable a 5,79 euros. Añade otros 148.036 euros por las edificaciones, unas antiguas casas de labranza, 15.293 euros por un estanque y 821 euros por viales. La tasación, afirma, se ha realizado “considerando la finca como una explotación agraria”, pese a que “está en abandono”.

El perito agrícola se aventura a resaltar los aspectos “paisajísticos, medioambientales y morfológicos”, además de los “hábitats naturales” y “pequeños palmerales”, aunque “no se valoran” en términos económicos. En la línea de la justificación que dio al alcalde para la compra, concluye que su “uso y disfrute” por “la población local y turística” que visita la Isla “sería un buen atractivo para el municipio de Pájara”.

El informe de tasación externo ha sido echado por tierra por funcionarios del Ayuntamiento de Pájara. La técnico de Gestión Patrimonial, que emitió informe desfavorable y concluyó que no procedía la adquisición directa de la finca, resaltó que no incluía el estudio previsto en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas sobre suelos similares y que se desconocía “si la valoración realizada se corresponde con el precio de mercado”.

Ningún funcionario municipal validó el precio de la tasación, “responsabilidad del técnico externo contratado”

Como el informe externo no lo había hecho “una sociedad de tasación debidamente inscrita” ante el Banco de España “ni empresa legalmente habilitada”, la valoración tenía que ser ratificada por personal del ayuntamiento.

Esa ratificación la hace un arquitecto técnico municipal, pero la responsable del patrimonio del Ayuntamiento de Pájara pone en duda su “alcance” al no quedar definido de forma “concluyente”. Es decir, el técnico municipal que tenía que validar la tasación “no entra a valorar los importes económicos de cada parcela” y hace hincapié “en que es responsabilidad del técnico externo contratado”.

Foto: Carlos de Saá.

El “espacio temático”. Para dar cobertura a la compra directa de los terrenos, el alcalde se ampara en un proyecto, denominado Parque Natural del Espacio Temático Patrimonial de Ajuy. Lo menciona en una “memoria justificativa” de ocho folios con el que inicia el expediente de compra. Sin embargo, la responsable de Gestión Patrimonial del ayuntamiento recalca que “no se encuentra aprobado ni definido su ámbito territorial” como para justificar “la adquisición de la finca registral completa”.

En ese documento, un esbozo genérico sobre la finca de Ajuy y las intenciones del ayuntamiento, el alcalde apunta que “debe considerarse una previsible entrada a las cuevas como parte de la explotación”del “espacio temático”. Esta opción de cobrar entradas no es nueva. En 2013, una empresa vinculada a la que ahora ha vendido los terrenos, se puso a cobrar por la visita a las Cuevas de Ajuy.

La funcionaria que rechazó la compra destaca que no había “proyecto definido y aprobado” para la finca de Ajuy

En aquel momento, el Cabildo se opuso de forma radical a impedir “el paso y uso general”. En agosto de ese año, se notificó la orden de suspensión de la explotación turística del espacio y la Demarcación de Costas de Canarias impuso una sanción de 44.000 euros.

Una sentencia posterior, de junio de 2018, no cuestionaría los motivos de la penalización, pero la anuló porque “tanto la empresa como el personal a su servicio que realizaba las tareas de control de las visitas a las cuevas era otra distinta” a la que fue multada. La sancionada fue Paraje Natural de Ajuy y la que explotaba comercialmente en zona de dominio público marítimo terrestre era la mercantil Las Cuevas del Paraje Natural de Ajuy. En ambos casos figura como administrador José Antonio Jorge Fierro.

El terreno sombreado corresponde a la finca comprada por el Ayuntamiento.

“Interés general”. En su informe desfavorable, la técnico de Gestión Patrimonial insiste en que debe entenderse “lo que significa el interés general y su carácter vinculante”, que no considera justificado en la compra impulsada por el alcalde de Pájara.

El alcalde apunta en el expediente a “una previsible entrada a las cuevas como parte de la explotación”

Los motivos que aduce Pedro Armas para comprar, señala la funcionaria, no se concretan “en un proyecto definido y aprobado que justifique adecuadamente la adquisición de una finca rústica de más de medio millón de metros cuadrados, de la cual más de la mitad de su superficie se encuentra dentro de un paisaje natural, limitando ampliamente los usos permitidos”.

Si hubiese un proyecto, añade la técnico, se podría declarar de utilidad pública y vincular “a un instrumento urbanístico, habilitando en su caso para proceder con la expropiación forzosa”. Si existiese un proyecto, añade, se conocería si es necesario comprar toda la finca o solo una parte. Sin proyecto aprobado, se carece de “garantías suficientes” sobre la “viabilidad” -“en principio compleja”- de la ejecución del citado Parque Natural del Espacio Temático Patrimonial. Y sin viabilidad “no tendría ningún sentido” la adquisición de los terrenos, concluye.

Sospechas con el banco. En su informe negativo, el secretario pone sobre la mesa las sospechas que levanta la actuación del Banco Santander, con el que la empresa Paraje Natural de Ajuy arrastraba una deuda de 2,2 millones de euros. La mercantil presentó en el ayuntamiento un borrador de acuerdo para que el banco le perdonase casi 1,6 millones “a cambio de la entrega líquida de 633.363 euros”.

En los servicios jurídicos levanta sospechas que el Santander se conforme con 633.000 euros de la operación

“No se alcanza a comprender el motivo”, reflexiona el secretario, por el que un banco “renuncia” a una suma de dinero tan elevada a la que tiene derecho, “cuando uno solo de los bienes” de la empresa, la finca de Ajuy “tiene un valor (para la Administración) de 1.862.691 euros”.

“Es presumible que cuando un acreedor que tiene un ánimo de lucro acepta una quita es porque presume que de la realización de los bienes del acreedor no cobrará todo lo que se le debe”, añade el secretario, quien considera que la renuncia a 1,6 millones “parece una cantidad bastante excesiva para descontarla”.

Certificación del Registro de la Propiedad donde se estipula una tasación a efectos de subasta de alrededor de medio millón de euros.

Otro detalle relevante: en una certificación del Registro de la Propiedad se detalla que la finca de Ajuy respondía por una hipoteca de 250.000 euros, formalizada originalmente por la empresa propietaria en febrero de 2003. La finca de Ajuy, se añade en la certificación, estaba “tasada a efectos de subasta en el doble de la responsabilidad por principal”, es decir, unos 500.000 euros.

“Muy serias dudas”. El secretario también se refiere en su informe negativo a que existe un procedimiento de ejecución hipotecaria contra la empresa en un juzgado de Gran Canaria, “nada menos que del año 2016”, que no consta que se hubiera resuelto.

“Si a ello le unimos que no consta estudio de mercado en el expediente de precios comparables de superficies rústicas en similares circunstancias, que al tratarse de una adjudicación directa no hay licitación alguna que determine el precio de mercado de la presente finca, se ofrecen muy serias dudas de que el precio determinado por la Administración en el expediente administrativo esté correctamente formado”, concluye el funcionario.

El informe del secretario en el que manifiesta todas las irregularidades y objeciones que impedían que se adjudicase la compra está fechado el 27 de julio. Al día siguiente, poco después de las ocho de la mañana, ya estaba firmado el decreto de alcaldía acordando la adquisición. Y, a las 15.40 horas, el alcalde firmó el contrato con los vendedores. El 29 de julio se llevó a notaría y la concejal de Hacienda, Dunia Álvaro, ordenó expedir tres cheques: uno de 1.216.398 euros para Paraje Natural de Ajuy SL, otro de 633.999 euros para Banco Santander y uno más de 12.293 euros para Gualberto Ancor Gil.