El expresidente del Cabildo de Lanzarote y antiguo responsable del Consorcio del Agua, Pedro San Ginés, ha sido citado a declarar este martes a las 9.30 horas en el Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife en el marco de la investigación por el pago de más de un millón de euros al abogado Ignacio Calatayud durante la tramitación del concurso de acreedores de la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa).

Según ha podido saber DiariodeCanarias.es, para el mismo día también está citado Calatayud, con quien San Ginés ha reconocido tener una “amistad sobrevenida”. Un informe encargado por el Consorcio del Agua concluyó que el abogado habría presuntamente incurrido en delitos de apropiación indebida y deslealtad profesional por haberse quedado con las costas de los procedimientos judiciales relacionados con su empresa Inalsa.

Ese mismo informe, del que se dio cuenta en junio del año pasado a la asamblea del Consorcio y que sirvió de base para emprender acciones legales, añadía que también pudo cometerse  “prevaricación administrativa y tráfico de influencias” si los hechos “fueron conocidos y consentidos” por el entonces responsable del organismo público.

Tanto San Ginés como Calatayud han sido citados  en el Juzgado en calidad de investigados. El pasado mes de marzo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la vivienda del expresidente del Cabildo en Arrecife, así como dependencias vinculadas con Ignacio Calatayud en Madrid.

En aquel momento, el Juzgado ordenó la prohibición de disponer de la vivienda de San Ginés, es decir, de su compraventa y de posibles anotaciones registrales a partir de ahora. En el Registro de la Propiedad seguía a nombre de la empresa Adelfas 24, sociedad relacionada con el abogado Felipe Fernández Camero, suegro de Calatayud.

Investigación

Según los datos dados a conocer por el Consorcio del Agua de Lanzarote, que derivaron en una denuncia en Fiscalía, Calatayud se embolsó más de un millón de euros a lo largo del procedimiento concursal de Inalsa, ya que al importe abonado por la compañía pública se añaden las costas judiciales que se embolsó directamente de las empresas contra las que se litigaba, sin autorización de los órganos de administración de la empresa pública y del propio Consorcio del Agua de la que depende.

En el seno del Consorcio del Agua se puso sobre la mesa, tras un rastreo de documentación, que el expresidente ocultó la existencia de todos los pagos percibidos por Ignacio Calatayud, incluyendo las costas judiciales. En ese sentido, se han cuestionado certificaciones emitidas bajo la presidencia de San Ginés que recogían solo una parte de los importes realmente cobrados por el letrado.

Protección del Poder Judicial

Cabe destacar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomó el acuerdo, el pasado mes de abril, de dirigirse al Ministerio del Interior para que pusiera protección al titular del Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife, Jerónimo Alonso.

La Comisión Permanente del Poder Judicial atendió las peticiones del juez Alonso, que solicitó protección policial, y un equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, unidad que llevó a cabo el registro en el domicilio de San Ginés.

Además, el CGPJ acordó dirigirse al Gobierno de Canarias para dotar al Juzgado de más funcionarios y un equipo de gestión procesal específico para esa investigación judicial. Según trascendió, el juez contó a personas allegadas que estaba siendo víctima de seguimiento y de amenazas.