El juez apunta al funcionamiento del centro y señala que si hay responsabilidad sería de la Administración, pero la descarta de los cuatro investigados
El Juzgado archiva la muerte violenta en el Hospital Insular de Lanzarote
El juez apunta al funcionamiento del centro y señala que si hay responsabilidad sería de la Administración, pero la descarta de los cuatro investigados
El Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife ha vuelto a archivar de forma provisional el caso de la muerte de Ángel Rosendo Deroes en el Hospital Insular en agosto de 2019, considerada violenta según un informe forense.
Las circunstancias del fallecimiento no se han aclarado, pero se ha archivado para tres de los cuatro investigados, tres enfermeras y el médico de guardia. Para la tercera enfermera, que no ha podido declarar por su estado de salud, el caso queda temporalmente suspendido por ese mismo motivo, porque aún no ha declarado.
Según el auto del juez, “las diligencias de instrucción practicadas hasta el presente momento determinan que la actuación de estos investigados no tiene un nexo causal con relevancia penal para atribuirles por imprudencia el fallecimiento de Ángel Rosendo Deroes Moscoso, pues por más que en el informe médico forense se apreciara que este persona falleció a causa de un traumatismo toracoabdominal con hemotórax, fracturas costales y hemoperitoneo, no cabe atribuir dicho resultado ni a quienes en la noche del día 9 de agosto de 2019 o en la madrugada del día 10 de agosto de 2019 ejercían sus funciones en el Hospital Insular de Lanzarote como auxiliares de enfermería o como médico de guardia”.
Lo que dice el juez es que “de existir algún tipo de responsabilidad, debería residenciarse en el propio funcionamiento del servicio del Hospital General de Arrecife y en la Administración que gestionaba el mismo”.
Aunque se refiera al “Hospital General”, se trata del Hospital Insular, que lo gestionaba el Cabildo hasta diciembre de 2018, cuando quedó integrado en el Servicio Canario de Salud. El Juzgado ya procedió al sobreseimiento provisional de la causa cuatro días después de su apertura, que volvió a denegar unos meses después.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó reabrir la pieza en marzo de 2021. Este mes, la Fiscalía había solicitado al Juzgado que ordenara la práctica de las diligencias de investigación que fueran necesarias para la averiguación de los hechos relacionados con el delito, como “asegurar la presencia del culpable, las posibles responsabilidades civiles ex delicto así como la preparación del juicio oral”, o en cualquier caso, que tomara una decisión sobre el caso, si continuaba o se archivaba.
Antecedentes
Ángel Rosendo Deroes tenía 52 años y estaba internado en el Hospital Insular de Lanzarote cuando falleció. Había ingresado un mes antes “con alteraciones de conducta y agresividad relacionadas con las secuelas de una encefalitis vírica sufrida en el año 2016”.
Los trabajadores del Hospital lo encontraron muerto en su cama en la mañana del 10 de agosto y la explicación inicial que recibió la familia fue la de una muerte súbita, pero los familiares encontraron restos de sangre en la habitación y denunciaron los hechos.
Un informe forense determinó que se trataba de una muerte violenta. La rotura de varias costillas le produjo un encharcamiento en el pulmón y la causa inmediata de la muerte fue un fallo de centros vitales. Esas lesiones serían compatibles con que se hubiera producido una caída. Otro informe posterior, de dos forenses, hablaba de posible mala praxis.
La familia de Rosendo. En primer plano, su madre.
“No era un paciente de edad avanzada y no debía estar en el Hospital Insular”
Durante la instrucción, además de los cuatro investigados han declarado dos celadores como testigos. Las declaraciones de las auxiliares y de una celadora dejan contradicciones claras. Las dos auxiliares coinciden, pero no lo hacen con el relato de la celadora.
Las primeras aseguran que el paciente tenía movilidad suficiente, que no encontraron restos de sangre y que no se quejaba de ningún dolor, así como que no tenía lesiones que llamaran la atención. La versión de la celadora es que sobre las 22.00 horas lo encontró en el patio del edificio y lo levantaron con la ayuda de la enfermera y una de las auxiliares.
Del patio, según la declaración de la celadora, no hay posibilidad de que se hubiera caído desde el exterior o desde arriba, sino que debía haber llegado allí cruzando el pasillo y bajando las escaleras. Podría haber habido también una segunda caída, según la celadora.
Por su parte, el médico declaró que durante su guardia, que abarcaba esa noche, no recibió ninguna notificación para actuar respecto a este paciente y que es el personal de enfermería el que valora si los pacientes deben ser vistos o no por el médico. El paciente no estaba adscrito a su cuidado, pero lo había visto en alguna guardia anterior. Dijo que ese día no lo vio deambular, pero en otras ocasiones sí, y siempre con supervisión.
Señaló que el ingreso de Rosendo en el Hospital Insular fue obligado por parte de la dirección del Hospital José Molina Orosa, porque no es un paciente de edad avanzada y “no debía estar en el Hospital Insular”.
Fue avisado por la enfermera responsable del turno y le examinó de manera superficial. Solo vio laceraciones o raspaduras en los antebrazos y no vio signos de hematomas o contusiones aunque no comprobó la zona costal izquierda, que es, según la autopsia, donde se había roto las costillas, porque estaba tumbado sobre ese lado.
El médico preguntó si había pasado algo y le dijeron que lo habían encontrado en la zona de velatorio con signos de laceración, que le habían curado y llevado a la cama, sobre las diez de la noche. No le informaron de que lo hubieran encontrado en el baño.
Vio restos de sangre entre el marco y la puerta, preguntó por ello y, según su declaración, por eso no firmó el certificado de defunción. Dice que el jefe de guardia fue el que le dijo que notificara al Juzgado para una autopsia judicial, aunque la familia sostiene que fueron ellos quienes avisaron a la Policía.
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