La exdirectora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS) Ana María Pérez ha respondido este martes a las preguntas que se le han formulado en su declaración ante el juez que investiga el llamado caso Mascarillas y en el que está imputada como presunta autora de un delito de prevaricación.

Pérez “no tiene nada que ocultar”, según ha comentado a los periodistas su abogado, José Antonio López de Vergara, quien ha declinado hacer declaraciones sobre el contenido de sus manifestaciones y solo ha señalado que respondió a todo lo que se le preguntó a su clienta, quien dimitió en el cargo a los pocos días de conocerse el caso.

López de Vergara ha dicho que hará las valoraciones pertinentes cuando conozca lo que declaren ante el juez Francisco Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, el director del SCS, Conrado Domínguez, y el responsable de la empresa RR7 United, Rayco Rubén González, que han sido citados también esta semana por el instructor de la causa, tras admitir la querella presentada por el fiscal Anticorrupición, Javier Ródenas, contra sus tres presuntos implicados.

Además, ha acusado al fiscal de haber “filtrado” todo lo publicado sobre el caso, por lo que ha instado a que se le formulen las preguntas a él para conocer lo declarado este martes por su clienta ante el juzgado.

Domínguez y Rubén González son investigados también por la presunta comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, el primero, y estafa y blanqueo de capitales, el segundo.

Se trata de las irregularidades apreciadas en la compra por cuatro millones de euros de una partida de un millón de mascarillas que nunca se recibieron y que se pagaron por adelantado en mayo de 2020.

La querella del caso Mascarillas trata de esclarecer una estafa agravada que supuestamente cometió el administrador de RR7 United Limited, Rayco Rubén González, en perjuicio de la sanidad pública, así como las irregularidades que pudo cometer el director del SCS, Conrado Domínguez, y la directora general de Recursos Económicos de ese organismo en aquellas fechas, Ana María Pérez.

El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, cuestiona que una empresa sin experiencia en la importación de material sanitario, como era RR7 United Limited, con solo un capital social de 3.000 euros, se hiciera con un contrato de suministro a los hospitales públicos de Canarias por un importe de cuatro millones de euros.