Del Plan Insular de Ordenación (PIO) se dice que fue pionero, en un momento en el que Lanzarote experimentaba un incremento acelerado del turismo, y que situó a la Isla en la vanguardia de la contención del crecimiento. En efecto, eliminó 135.000 camas turísticas de los planos y fijó ritmos de crecimiento. También estableció un amplio catálogo de directrices y determinaciones urbanísticas, que ahora el Cabildo está identificando para eliminarlas del planeamiento insular, que sigue en vigor 31 años después.

De forma paralela, tramita el archivo de la revisión del PIO encargada al urbanista José María Ezquiaga en 2007, sin que se despejen las dudas de cuál es la hoja de ruta en planificación territorial, en un mandato que entra en la recta final y en el que, en Lanzarote, no se ha avanzado. Estas son las principales claves:

Pasar página. Cuando faltan apenas ocho meses para las elecciones, el Cabildo va a pasar página de forma definitiva a la revisión del Plan Insular contratada a Ezquiaga hace 15 años. En realidad, ya desde el pasado mandato se había paralizado la tramitación del nuevo planeamiento, pero durante los más de tres años que han pasado desde los comicios de 2019 no se ha tomado una decisión definitiva.

El Plan de Ezquiaga, que aterrizó en Lanzarote después de haber sido premiado por el Plan Territorial Turístico de Menorca, estuvo lleno de tropiezos. En abril de 2010 se acordó el inicio de su tramitación y, al mes siguiente, se aprobó el documento de avance y el informe de sostenibilidad ambiental.

Cuatro años después, se aprobó la memoria ambiental condicionada, un documento clave. El siguiente paso, el documento de aprobación inicial del PIO se entregó a mediados de noviembre de 2017. Dos meses y medio antes había entrado en vigor la nueva Ley del Suelo de Canarias, que cambió las reglas del juego, entre ellas el alcance de los planes insulares. Fue la puntilla al PIO de Ezquiaga.

En un informe de la directora insular de Planificación y Ordenación Insular, Alicia Concepción Leirachá, al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, se indica que el contrato de asistencia técnica con el urbanista José María Ezquiaga para que redacte el nuevo PIO “venció el 1 de octubre de 2019 sin posibilidad de más prórrogas”. Además, destaca que su último trabajo parte de un análisis de la Isla de los años 2008 y 2009, que no es el mismo que en 2022.

El Plan Insular de Ezquiaga tendría que haberse adaptado a la Ley del Suelo y modificar su estructura, además de haber efectuado una nueva evaluación ambiental estratégica. Si se hubieran hecho los deberes, el estudio ambiental estratégico “debería haber estado elaborado antes del 11 de diciembre de 2021”, fecha límite establecida por la legislación autonómica para los planes en tramitación con modificaciones sustanciales, como es el caso del de Lanzarote. La aprobación definitiva debería producirse “antes del 22 de diciembre de 2023, lo que es de imposible cumplimiento”, concluye el informe de la directora insular.

Este mes de octubre, está previsto que el pleno del Cabildo dé por enterrado el PIO de Ezquiaga, con su “archivo definitivo”, si bien va a conservar “todos aquellos documentos elaborados” por el equipo del urbanista, aunque estén desactualizados, por “economía procesal”.

La intención, plasmada en la propuesta de acuerdo, es iniciar “un nuevo procedimiento de modificación sustancial del PIO”, aunque no hay equipo redactor contratado ni plazos para hacerlo.

Eliminar directrices. El Plan Insular de 1991, que fue encargado por el socialista Enrique Pérez Parrilla en la presidencia del Cabildo y lleva la firma del urbanista Fernando Prats, contiene en su interior una lista de directrices y de disposiciones urbanísticas.

Cuando entró en vigor la Ley del Suelo hace cinco años, se dieron por derogadas, “en particular, las determinaciones urbanísticas del planeamiento insular”. Cada cabildo tenía que suprimir lo que se interpreta que ya no está amparado en la legislación autonómica.

Del Plan Insular se eliminará la directriz de regular “la prohibición de la circulación de vehículos todoterreno fuera de pistas o caminos, especialmente en el suelo rústico protegido”

En el análisis que ha hecho la Consejería de Planificación Territorial de Lanzarote, que tiene que ser ratificado en el pleno del Cabildo, se dejarán de aplicar del PIO en vigor las denominadas directrices indicativas, además de los estándares que se han tenido que cumplir hasta ahora en edificaciones turísticas y residenciales.

El PIO de 1991 contenía una batería de directrices, que ahora se borrarán, que parecen actuales pese a haberse enunciado hace más de tres décadas. Por ejemplo, la “construcción de aparcamientos disuasorios en Papagayo, Famara y las caletas del Malpaís de la Corona, como forma indirecta para evitar la penetración del automóvil hasta las propias acumulaciones de arena, produciendo fuertes deterioros biológicos y una intrusión visual discordante en el paisaje”.

En el Plan Insular se planteaba también un concurso de ideas para rehabilitar las salinas abandonadas, manteniendo en “lo posible” su estructura primitiva. Para los espacios naturales se consideraba “urgente” la redacción de sus planes rectores de uso y gestión, algo que no se ha cumplido en la actualidad para muchos de ellos, como el Archipiélago Chinijo o La Geria.

Por otro lado, “para que la prohibición de verter residuos en toda la Isla” fuera “eficaz”, en el PIO se recomendaba, por un lado, “sancionar” y, por otro, primar su entrega al Cabildo a cambio de “un canon”.

Del Plan Insular se eliminará la directriz de regular “la prohibición de la circulación de vehículos todoterreno fuera de pistas o caminos, especialmente en el suelo rústico protegido”. Otra directriz que se elimina es la de que “toda instalación, obra o edificación que se realice en la Isla deberá adaptarse en la medida de lo posible a la forma del terreno, cuidando de no modificar sustancialmente su estructura morfológica”, y “no construir en altura”.

En el Plan Insular de 1991 ya se planteaba localizar “preferentemente en la capital” los “centros de enseñanza universitaria” y el “Palacio de Congresos y Exposiciones”. Ni se ha cumplido lo primero -Turismo y Enfermería están en Tahíche- ni es una realidad lo segundo.

Otra directriz sobre equipamientos sociosanitarios era ubicar en Arrecife las residencias insulares de ancianos -en Altavista sigue la obra parada de la Cruz Blanca en suelo público- o los “centros de acogida e inserción social” para “marginados” o personas en “situación de extrema pobreza”, que no existen de iniciativa pública.

Sobre los cuartos de aperos, se tacha la directriz de que fuera necesaria una parcela mínima de 3.000 metros cuadrados para una edificación de 20 metros

Cuando se aprobó el Plan Insular, Lanzarote tenía menos de 65.000 residentes, una población similar a la que tiene ahora Arrecife. Se establecía una directriz, a punto de ser suprimida: tres camas de hospital por cada 1.000 habitantes. Con ese parámetro, el Molina Orosa debería contar con casi 470 camas para pacientes.

Un artículo del Plan Insular abordaba de forma específica la “unificación de la gestión integral del agua”, la base sobre la que ha pivotado el intento de que la desalación estuviese en manos públicas. Así, se eliminará el planteamiento de que el Consorcio, compuesto por el Cabildo y los ayuntamientos, a medio plazo gestione “directamente todas las instalaciones de desalinización”.

Sobre los cuartos de aperos, se tacha la directriz de que fuera necesaria una parcela mínima de 3.000 metros cuadrados para una edificación de 20 metros. Y otra más que se elimina, relacionada con el paisaje: “Siguiendo la recomendación del Consejo de Europa para núcleos valiosos, no deberían existir tendidos aéreos ni publicidad en los cascos urbanos”.

El ejemplo. Mientras que Lanzarote no ha superado el fracaso en la elaboración y aprobación de planeamiento territorial, Fuerteventura ha tomado la delantera en planificación. El Cabildo majorero ha encomendado a la empresa pública Gesplan, que depende del Gobierno de Canarias, la redacción de 14 instrumentos de planeamiento.

Fuerteventura tramita 14 instrumentos de planeamiento, con un encargo a la empresa pública Gesplan por 3,1 millones de euros, y Lanzarote casi ninguno

El principal es el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF), pero también se está redactando la ordenanza insular para ordenar las acampadas, cuyo primer documento ha salido a exposición pública, así como la ordenanza insular sobre la implantación de aerogeneradores y plantas fotovoltaicas en suelo rústico.

También los planes de ordenación de recursos naturales y de uso y gestión de cuatro espacios naturales protegidos (Lobos, Corralejo, Jandía y Betancuria), entre otros documentos de planificación. En total, la Maxorata ha comprometido 3,1 millones de euros para actualizar su planeamiento y buena parte de los instrumentos saldrán entre este año y el próximo.

En cambio, el Cabildo de Lanzarote solo ha sacado a consulta previa los criterios para elaborar una ordenanza de acampadas y otra para instalaciones energéticas, pero se desconoce su calendario de tramitación. Sobre el Plan Insular, se avanza la incoación de “un nuevo procedimiento de modificación sustancial”. ¿Para cuándo, de qué manera y con qué objetivos? De momento, no hay respuesta.