El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha presentado este jueves su dimisión como consecuencia de su imputación por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el "caso Mascarillas", una presunta estafa de cuatro millones de euros a la sanidad pública que se remonta a los meses iniciales de la pandemia de covid-19.

En la rueda posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez (PSOE), ha confirmado primero que "se ha acordado" el cese de Conrado Domínguez, para después precisar que el afectado había presentado una carta de renuncia que se ha aceptado.

"Se han producido en los últimos días algunos hechos de los que han dado cuenta los medios. El presidente se reunió con el director (del SCS) y, tras esa reunión, hoy le envió la carta al presidente rogando ser cesado", ha detallado el consejero portavoz.

En esa carta, adelantada por el digital "Tiempo de Canarias", Domínguez explica que, tras la decisión del juez encargado del caso de declarar secretas las investigaciones, considera que debe apartarse del cargo para poder "mantener" sus "derechos de defensa sin que ello pueda repercutir en el Servicio Canario de la Salud".

En el "caso Mascarillas" se investiga un contrato firmado en los meses iniciales de la pandemia de covid-19 por el cual el Servicio Canario de la Salud abonó cuatro millones de euros por una partida de un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió a la sociedad RR7, una empresa dedicada al comercio de coches sin experiencia anterior en la importación de material sanitario.

Este procedimiento penal se abrió a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que apreció graves irregularidades en un expediente en el que se pagó por adelantado cuatro millones a una empresa sin experiencia en el sector, que trató de importar una partida de un millón de mascarillas de la marca 3M que resultaron ser falsas y fueron interceptadas y destruidas por Aduanas.

Meses después, con los cauces de importación ya más normalizados, el SCS "revivió" el contrato adjudicado a RR7, que ya había sido resuelto por incumplimiento, y le dio una segunda oportunidad de importar otra partida de 1,2 millones de mascarillas. Ni este segundo envío llegó ni la sanidad canaria ha recuperado hasta la fecha los cuatro millones de euros que pagó por adelantado.

En su querella, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Rayco Rubén González, el administrador de RR7, consiguió ese contrato por los amigos en común que tenía con Conrado Domínguez, algunos de los cuales participaron en la operación como intermediarios.

Esta semana ha vencido el plazo que el juez instructor dio al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para que declarase como testigo en la causa, de forma presencial o por escrito. Torres se ha acogido a esta última opción, pero aún no ha podido formalizar su testimonio porque el Juzgado no le ha remitido hasta la fecha las preguntas que las partes quieren que conteste.

Por su parte, Rayco Rubén González, imputado en estafa agravada y blanqueo de capitales, decidió guardar silencio cuando fue citado por primera vez y la semana pasada compareció ante el juez para ofrecer sus explicaciones sobre lo ocurrido, en una declaración que aportó novedades sobre los mensajes de móvil que supuestamente intercambió con Conrado Domínguez cuando sucedieron los hechos.

“Giro radical”

Tras esa declaración, el juez emitió este domingo un auto en el que explica que esa declaración de González "ha propiciado un giro radical" en las investigaciones, "aportando unas fuentes de prueba de cuyo análisis pueden surgir numerosas derivadas, respecto a los hechos y nuevos contratos, así como a la extensión de la investigación a más personas, que requieran la práctica de nuevas diligencias".

Por ello, decidió declarar el secreto de sumario, con el fin de "evitar que se puedan destruir fuentes de prueba o neutralizar el resultado de las diligencias que se acuerden".

Las fuentes consultadas por EFE han explicado que una parte del Gobierno de Canarias, formado por cuatro partidos, era partidario de destituir este mismo jueves a Domínguez si este no daba el paso de renunciar al cargo, aunque el ya exdirector del SCS también tenía apoyos dentro del Ejecutivo que abogaban por su continuidad.