La conquista de Canarias no fue una excepción a la práctica de enviar convictos como fuerza de combate y, ya en 1480, la reina Isabel de Castilla ordenó reclutar condenados en Cantabria para luchar en la batalla de Gran Canaria con un mandato: "Que los infieles sean convertidos o lanzados de la isla”.

Antonio M. López, promotor del Proyecto Tarha de divulgación de la historia antigua de Canarias, explica en una entrevista a EFE que la guerra viste al delincuente con un manto de impunidad que le permite seguir cometiendo crímenes y delitos "sin más cortapisa que la de su propia voluntad", al mismo tiempo que permite a las esferas del poder establecido canalizar esta agresividad al servicio de sus intereses "a coste cero".

Los Reyes Católicos, al igual que otros monarcas de Castilla, expidieron durante su reinado diversas cartas de perdón por las que se comprometían a amnistiar a delincuentes que residiesen en determinadas partes de sus dominios a cambio de que les sirvieran voluntariamente en conflictos bélicos por un periodo de tiempo mínimo estipulado, y siempre que los reos corriesen con sus propios gastos.

La conquista de Canarias –particularmente la de las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma– no fue exceptuada de esta política, subraya Antonio M. López, que ahora da a conocer en su integridad la transcripción de los cuatro documentos públicos que exponen estos hechos, tres de ellos ya reseñados o transcritos parcialmente con anterioridad, entre otros, por los profesores Antonio Rumeu de Armas y Eduardo Aznar Vallejo.

Según el primer documento que transcribe Antonio M. López, el 10 de diciembre de 1480, en plena guerra contra Gran Canaria, la reina Isabel I de Castilla ordenó una recluta de condenados en las villas cántabras de San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro-Urdiales, y comarcas colindantes.

La razón esgrimida por la monarca es que la isla no podía "enteramente acabar de ganarse" y reducir los infieles sin que vaya más gente "en socorro de la que allá está, y acatando cuánto Nuestro Señor ... será servido que los dichos infieles sean convertidos a la dicha nuestra fe o sean lanzados de la dicha isla".

En consecuencia, la reina ofreció una amnistía a los delincuentes de la región siempre que sirvieran al menos durante seis meses en la campaña de Gran Canaria, periodo cuyo cumplimiento debían certificarles por escrito los jefes militares destacados en la isla: Pedro de Vera, gobernador y capitán, y Mikel de Moxica, receptor del tributo denominado «quinto» real.

En cuanto a los delitos perdonables, la corona no escatimó en anchura de manga pues, según detalla Antonio M. López en la transcripción de los documentos, se perdonarían "todos y cualesquiera crímenes y excesos y delitos y robos y fuerzas (violaciones), muertes de hombres y otros cualesquiera que hasta aquí hayan cometido, del caso mayor al menor inclusive".

Aunque, naturalmente, la tolerancia del trono castellano hacia los delitos perpetrados también tenía sus límites: no serían perdonables la traición, falsificar moneda, incurrir en falsedad hecha en nombre del rey o de la reina ni el "delito de sacar moneda u oro o plata de estos mis reinos".

El segundo documento que hace referencia a estos reclutamientos de delincuentes "es aún más interesante" al tratarse de la respuesta de la reina Isabel I a una petición a la Corona presentada por un reo, Gonzalo Fernández Mansino, vecino de la villa gallega de Noia, para que se le confirmase la amnistía ganada por los servicios prestados en la conquista de Gran Canaria, puesto que las autoridades locales no se la respetaban.

En este documento se recoge otra amnistía que Isabel de Castilla ordenó el 17 de enero de 1481, esta vez dirigida a los convictos del reino de Galicia y en la que a la anterior nómina de delitos condonables se añadieron los de salteamientos de caminos y quebrantamientos de iglesias y monasterios.

Esta vez el destino de los refuerzos era la conquista de La Palma y Tenerife, pero es sabido que esta invasión no dará comienzo hasta 1492 y 1494, respectivamente, puntualiza Antonio M. López.

Por ello "podemos aventurar que esta temprana tentativa de ocupar las dos islas es identificable con la encomienda de la misión al capitán Juan Rejón, depuesto jefe militar de la campaña de Gran Canaria, que había sido remitido prisionero a la Corte en la segunda mitad de 1480 por el gobernador Pedro de Vera para que respondiera por el irregular juicio sumario y ejecución del también gobernador Pedro de la Algaba", apostilla el divulgador.

También llama la atención que en esta oferta de amnistía, que se expidió a solo 37 días de la anterior y en la que se decía que Gran Canaria no podía acabar de conquistarse sin la asistencia de refuerzos, la reina asevera que la isla está ya bajo control "y los infieles de ella se convirtieron a nuestra santa fe católica".

Tal vez ello guarde relación con la muerte del caudillo Doramas a manos de Pedro de Vera y sus hombres, y una supuesta primera «rendición» de la isla que el 30 de mayo tuvo eco en la llamada Carta de Calatayud, si bien la guerra no se daría por finalizada hasta al menos dos años después.

En todo caso Fernández Mansino, acusado de matar a una mujer, Inés de Lema, declara que se le ordenó servir ocho meses en Gran Canaria junto a otros nueve homicidas y relata el convicto que, llegando cerca de Lanzarote, quedaron atrapados en una fuerte tormenta de la que salieron con vida in extremis a costa de perder los bastimentos y armas que transportaba el navío.

"Estos sucesos nos traen a la memoria una vieja leyenda que en Gran Canaria atribuye la fundación de la desaparecida ermita de Santiago el del Pinar o El Chico –Morro de Santiago, en el hoy municipio de San Bartolomé de Tirajana– a unos supuestos marineros gallegos que se dice la erigieron en agradecimiento por haber sobrevivido a una fuerte tormenta", añade Antonio M. López.

Por último el tercer y cuarto documentos, aunque inéditos, no revisten mayor interés al recoger únicamente, el primero, la protesta "de un tal Alfonso Rodríguez, vecino de la ciudad de Santiago, para que se le respetase el perdón real concedido por la reina Isabel a los homicidas de Galicia a cambio del mencionado servicio en la guerra de Canaria".

El segundo documento hace lo propio con otro reo, Gonzalo Carrillo «el Mozo», vecino de Pontevedra, quien además solicitó que se le dispensase de servir en la guerra «contra los moros» por haber ganado ya el perdón en la de Canaria.

En cualquier caso, parece que la recluta de delincuentes en poblaciones gallegas y cántabras tuvo una finalidad eminentemente política y estratégica, ya que se trataba de regiones gravemente afectadas por una severa conflictividad social "donde el antiguo modelo feudal de terratenencia campaba aún a sus anchas en abierta oposición a los intentos de la corona castellana por someter a las familias y bandos nobles locales, enfrentados entre sí, y que a su vez ejercían prácticas insoportablemente abusivas sobre las clases populares y el campesinado".