El viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, ha asegurado este martes que el ejecutivo regional explorará "todas las vías jurídicas y administrativas posibles" para acabar con una "anomalía democrática", el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife.

En declaraciones remitidas a los medios, Márquez se refiere de este modo a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de protección cautelar del monumento, hasta tanto no se resuelva el recurso presentado por una asociación contra la resolución del Cabildo de denegar la incoación de un expediente de declaración de bien de interés cultural (BIC) del mismo.

Márquez lamenta que "al final ha tenido que ser una decisión de la Justicia, aunque de manera cautelar, la que mantenga en nuestras calles la estatua de un dictador fascista, una estatua que supone una anomalía en términos democráticos, no solo en España sino en nuestro entorno europeo".

Y garantiza que desde el Gobierno de Canarias "seguiremos explorando todas las vías jurídicas y administrativas posibles para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y seguiremos trabajando por los valores democráticos que una sociedad como la nuestra merece".

El Boletín Oficial de Canarias publicó el pasado noviembre la resolución de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes por la que se aprueba el catálogo de vestigios franquistas de Canarias, que inicialmente se ciñe a los de Santa Cruz de Tenerife, donde se identifican 79 y se recomienda la retirada del monumento a Franco.

En el catálogo se incluyen una serie de recomendaciones, entre ellas la retirada del grupo escultórico del monumento a Franco, tanto la base, “símbolo de la contribución de Tenerife a la sublevación militar”, la figura del arcángel, que simboliza el vuelo de Franco para iniciar la guerra en el avión ‘Dragon rapide’, y la figura alegórica del general sobre el arcángel representado como un joven atlético vestido con una túnica que alude a la bandera nacional y presenta al frente una espada que se identifica como una cruz.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentó hace una semana un recurso contra dicho catálogo al discrepar con que se ciña solo a esta ciudad cuando es de carácter regional.

En su sentencia, el TSJC señala que el objeto del recurso que ha admitido "no es la confrontación" del monumento a Franco con la Ley de Memoria Histórica de 20/2022, algo que suscitaría "una indudable apariencia de buen derecho" a favor de la administración, sino determinar "el posible interés cultural" de la escultura de Juan de Avalos.

Toda vez, abunda el alto tribunal canario, que es la Ley de Memoria Democrática, "con absoluta coherencia" la que "pone freno" a "posibles excesos que pretendan la destrucción de algo que se considere de interés cultural o artístico".

En ese caso, la ley prevé "la posibilidad de reinterpretación o resignificación" del monumento "en otro sentido al que pudiera tener como monumento franquista", añade el TSJC.

Recalca la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, que "el discutir a priori en fase cautelar sobre el alcance del interés artístico o cultural de una escultura, carente por otra parte de símbolos franquistas, sí que implica una verdadera intrusión en el fondo de la cuestión".

Y también que al no incoarse el expediente de declaración como BIC del monumento, "el peligro de la pérdida de la finalidad del recurso, para los demandantes interesados, sería en este caso clamoroso".