El departamento primero del Tribunal de Cuentas ha comunicado al Servicio Canario de Salud la apertura del procedimiento de reintegro por alcance por el caso Mascarillas, una presunta estafa de cuatro millones de euros a la sanidad pública canaria que se remonta a los meses iniciales de la pandemia.

Así lo han informado a EFE este jueves fuentes del órgano fiscalizador, que han explicado que la apertura de este procedimiento, a instancias de la Fiscalía, podría terminar con la orden de devolver al erario público las cantidades desviadas irregularmente.

El pasado mes de noviembre, el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, presentó su dimisión a raíz de su imputación por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en este caso.

En el caso Mascarillas se investiga un contrato firmado en los meses iniciales de la pandemia, por el cual el Servicio Canario de Salud abonó cuatro millones de euros a la sociedad RR7 por una partida de un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió. La empresa RR7 era una firma dedicada al comercio de coches sin experiencia anterior en la importación de material sanitario.

El procedimiento penal, paralelo al abierto por el Tribunal de Cuentas, apreció graves irregularidades en el expediente por el que se pagó por adelantado cuatro millones de euros a esa empresa que trató de importar una partida de un millón de mascarillas de la marca 3M que resultaron ser falsas y que fueron interceptadas y destruidas por Aduanas.

Un segundo envío que tampoco llegó

Meses después, con los cauces de importación ya más normalizados, el Servicio Canario de “revivió” el contrato adjudicado a RR7, que ya había sido resuelto por incumplimiento, y le dio una segunda oportunidad de importar otra partida de 1,2 millones de mascarillas. Ni este segundo envío llegó ni la sanidad canaria ha recuperado hasta la fecha los cuatro millones de euros que pagó por adelantado.

En su querella, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Rayco Rubén González, el administrador de RR7, consiguió ese contrato por los amigos en común que tenía con Conrado Domínguez, el dimitido director del Servicio Canario de la Salud, algunos de los cuales participaron en la operación como intermediarios.