El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha defendido en el Parlamento de Canarias el proyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los juegos y apuestas.

Ha hecho un llamamiento a las formaciones con representación en la Cámara autonómica para que estudien la propuesta y la perfeccionen durante su tramitación, pero sin perder de vista los principios que la sustentan: protección de los menores, impedimento de la adicción, de la ruina y del daño económico, y regulación y control del acceso al mercado.

Julio Pérez ha explicado que los objetivos del proyecto de ley elaborado por el Gobierno canario, y que ahora debe aprobar el Parlamento, son reforzar las medidas de protección y alejamiento de los lugares concurridos por los menores, que pasa de 50 a 300 metros.

El refuerzo de los controles de acceso a la actividad y su ejercicio, pues hoy es demasiado fácil; y la prohibición de la publicidad en aquellos ámbitos en los que el la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias, la RTVC y el deporte. Además, se ha referido a la regulación de algunos aspectos de esta actividad, para evitar las malas prácticas.

En su intervención, ha recordado que, hoy en día, "en España el juego es una actividad lícita, pero restringida, mirada con prevención por la sociedad y, en algunos casos, temida, de ahí la importancia de su regulación legal".

Ha señalado, también, que "está regulada, con una especial intensidad, por todos los ordenamientos jurídicos modernos del mundo europeo y no europeo, y que es la única actividad humana en la que una persona puede acudir a la autoridad para que le impida desarrollarla y el Estado está obligado a ello".

En Canarias, según ha enumerado, hay 299 salones de juego, 30 bingos, 8 casinos, 7.365 máquinas de jugar, llamadas tipo B, 3.443 establecimientos de hostelería de hostelería con máquinas tipo B1 y 4.656 máquinas tipo B1 en dichos establecimientos.

En la actualidad, juegos y apuestas generan para las arcas públicas de las islas unos ingresos fiscales de casi 60 millones de euros, de ahí la importancia de establecer unos gravámenes que permitan un aprovechamiento colectivo de las ganancias.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha hecho hincapié en que la nueva norma persigue, fundamentalmente, la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección, y, para ello, entre otras cosas, prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y amplía la relación de personas que tienen prohibida la participación en los juegos.

También prohíbe que el ente público Radio Televisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego –tanto presencial como online–, y la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica, siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Igualmente, suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración y establece una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores.

Con su aprobación se dará cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contras las adicciones, aprobada por el Parlamento de Canarias en diciembre de 2019 y a la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.