El Diputado del Común, Rafael Yanes, expuso el Informe Anual 2022 de la Diputación del Común ante el Pleno del Parlamento de Canarias. Al acto también asistieron el adjunto primero, Felipe Afonso, la adjunta segunda, Milagros Fuentes, la adjunta de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera, el secretario general, Lázaro Brito, y el coordinador de asesores, Oliver Fariña.

Durante su exposición, Yanes reflexionó sobre algunos asuntos destacables del ejercicio 2022. Desde el organismo, “quiero trasladar una queja que no es de la ciudadanía, sino de la propia Administración. Me refiero a los alcaldes. Los municipios canarios no tienen suficientes habilitados nacionales”. Según el Informe, de 233 plazas, 168 están vacantes, lo que supone solo una cuarta parte.

Por ello, Yanes propone ante esta problemática “una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para que nuestra Comunidad Autónoma pueda realizar la convocatoria para cubrir las vacantes existentes en su ámbito territorial, tal y como ya lo tiene el País Vasco”.

En relación al Tercer Sector, el Diputado del Común destacó la importante labor social que desempeñan para completar la acción pública y mantener el estado de bienestar. Y propuso “dotarlas de estabilidad económica y financiera para garantizar los derechos fundamentales de los más vulnerables de nuestra sociedad".

"Y para ello planteamos algunas sugerencias: anticipar las convocatorias relativas al 0,7 del IRPF para que los proyectos se inicien con posterioridad a su aprobación; estudiar la posibilidad de plantear proyectos plurianuales (2, 3, e incluso 4 años) para garantizar determinados servicios esenciales; y, garantizar en todas las convocatorias que a los trabajadores se les respeta el convenio colectivo correspondiente”.

Por último, el Diputado del Común quiso hacer una reflexión sobre la erupción volcánica de La Palma. “Lo sucedido nos demuestra que lo que dice nuestro himno “soy volcán, salitre y lava” es una realidad para la que no estamos preparados”.

Señaló, en esta misma línea, “posiblemente sea necesario un marco legal específico (una ley de volcanes) para poder proteger de forma ágil los derechos de la población damnificada, garantizar su recuperación socioeconómica y la reconstrucción de sus propiedades con arreglo al valor real de lo perdido, todo ello respetando los valores medioambientales”.