El Cabildo de Gran Canaria ha abierto dos expedientes por la ejecución de unas obras que se están realizando sin autorización en el Barranco de Veneguera, en el término municipal de Mogán, y que están provocando “graves daños” a los elementos patrimoniales de la Isla que se hallan en la Zona Arqueológica de La Cañada de la Mar y en el yacimiento Playa de Veneguera-Fortaleza.

El acta, elaborada por las y los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia, que tutela Teodoro Sosa, ha sido notificada igualmente a la promotora de los trabajos, Costa Canaria Veneguera SA, para que suspenda de inmediata las intervenciones, así como a la entidad propietaria del BIC afectado, con objeto de que elabore un proyecto de intervención que deberá ser remitido al Cabildo, para que dé su autorización. Asimismo, se ha dado traslado de estos expedientes a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) por la gravedad de los hechos.

Y es que, en la visita de inspección a ambos enclaves que efectuaron el personal del Servicio de Patrimonio Histórico, junto a varios agentes del Servicio insular de Medio Ambiente, se comprobó que las intervenciones acometidas por la citada promotora en la Zona Arqueológica de La Cañada de la Mar, para el proyecto 'Canalización y camino de acceso al Barranco de Veneguera. Tramo II', "han generado daños irreversibles muy graves sobre este espacio arqueológico, que mantenía un grado importante de integridad".

De hecho, el informe incide en que las obras han supuesto la destrucción de casi la totalidad de cuatro estructuras de piedra seca y, al mismo tiempo, han dejado los restos que se han conservado, como muros, depósitos y materiales, muy expuestos a factores de deterioro, que podrían contribuir a la pérdida definitiva de estos bienes del patrimonio cultural de Canarias.

Asimismo, han originado la pérdida de parte del propio soporte de este Bien de Interés Cultural (BIC), que ha sido eliminado mediante los desmontes practicados en la margen este del barranco. El documento señala, además, que se desconoce si han desaparecido otros elementos muebles e inmuebles que definen la identidad de este Bien.

Por otro lado, en la inspección desarrollada en el yacimiento arqueológico Playa de Veneguera-Fortaleza, se constató que las actuaciones llevadas a cabo en su zona norte, si bien transformaron parte del espacio, mediante su aplanado con máquinas, no implicaron la alteración de elementos arqueológicos muebles e inmuebles.

No obstante, las y los expertos subrayan que este yacimiento está recogido en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, y que en el artículo 229 de sus Normas Generales y Específicas, relativo a las 'Medidas preventivas para actuaciones en elementos, yacimientos, lugares y espacios de valor arquitectónico, etnográfico, arqueológico y paleontológico' se establece que cualquier obra que se lleve a cabo en este tipo de espacios debe contar con la autorización de la administración competente, así como un estudio de impacto arqueológico del mismo, circunstancias que no se dan en este caso. Por tanto, el acta concluye que estos trabajos son contrarios a la normativa.

Con esos argumentos, el Cabildo de Gran Canaria ha trasladado el acta a la Fiscalía de Medio Ambiente, así como a la APMUN, además de notificarlos a la promotora del proyecto, para que pare inmediatamente las obras, y al propietario del BIC, para que elabore un proyecto y solicite la licencia para llevarlo a cabo. Además, se ha informado a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, al Servicio insular de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Mogán.

Las obras de canalización del cauce público fueron solicitadas al Consejo Insular de Aguas, órgano que suspendió la autorización a mediados de febrero pasado al comprobar que se incumplía por parte de la empresa lo establecido en el proyecto.

Paralelamente, se iniciaron visitas de los agentes de Medio Ambiente, lo que dio lugar a que se paralizaran las obras, hasta que el pasado 11 de abril se verificó que los trabajos ejecutados modificaban sustancialmente el paraje natural alterando sustancialmente el ecosistema y que la intervención en la zona declarada como Bien de Interés Cultural había provocado posibles daños irreversibles.