En una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Judiciaria de Portugal, se han arrestado a 18 personas en toda España e intervenido 1.300 kilos de pasta base de cocaína
Dos detenidos en Gran Canaria tras desmantelar el mayor laboratorio en Europa de cocaína
En una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Judiciaria de Portugal, se han arrestado a 18 personas en toda España e intervenido 1.300 kilos de pasta base de cocaína
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Polícia Judiciária de Portugal y la Dirección Antinarcóticos (DIRAN) de Colombia, han desmantelado el mayor laboratorio clandestino de procesamiento de pasta base de cocaína de Europa con capacidad para producir 200 kilogramos diarios, en una operación que ha sido posible gracias a la dirección, coordinación y supervisión de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. El macrolaboratorio -instalado en la provincia de Pontevedra- no cesaba su actividad, permaneciendo a pleno rendimiento las 24 horas del día; en él, los “cocineros” (distribuidos en diferentes turnos) se encargaban de transformar la pasta base en clorhidrato de cocaína lista para el consumo. La organización criminal desarticulada tenía un alto nivel de sofisticación y sus miembros, que contaban un con claro reparto de funciones, empleaban fuertes medidas de seguridad tales como el uso de apodos, la utilización de vehículos lanzadera, el uso de disfraces de transportistas o el sometimiento de sus comunicaciones a un estricto protocolo de seguridad. Hay 18 detenidos en Galicia (11), País Vasco (1), Madrid (4), y Las Palmas de Gran Canaria (2), decretando la autoridad judicial el ingreso en prisión de todos ellos.
Como resultado de los 14 registros realizados, los agentes han intervenido 1.300 kilos de pasta base de cocaína -tratándose de la mayor incautación hasta la fecha fuera de las zonas de producción-, 151 kilos de clorhidrato de cocaína, y más de 23.000 litros de precursores y otras sustancias químicas. Asimismo, se han bloqueado 17 propiedades -por un valor aproximado de 1.700.000 euros- y 37 productos financieros, a la espera de cuantificar el valor de los mismos.
La Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional incoó por estos hechos Diligencias de Investigación nº 54/2022 y, con los resultados obtenidos, presentó querella que dio lugar a la incoación de la Diligencias Previas nº 70/2022 en el Juzgado Central de Instrucción nº 2.
La investigación se inició en octubre de 2022 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal asentada en las Palmas de Gran Canaria. Las primeras pesquisas constataron que contaba con una potente infraestructura que les permitía introducir grandes cantidades de droga en nuestro país. Además, algunos de sus miembros ya habían sido objeto de investigaciones policiales anteriores, quedando acreditado el alto nivel de vida que mantenían así como los vínculos con ciudadanos colombianos que ejercían de suministradores.
Varias células
Con las primeras gestiones policiales, los agentes evidenciaron un gran número de movimientos entre Las Palmas y la península -concretamente entre Madrid y Pontevedra-, si bien los investigados formaban varias células de actuación para reducir el contacto entre ellas y evitar levantar sospechas.
Asimismo, averiguaron que la organización disponía de un chalet en la localidad madrileña de Colmenar Viejo que utilizaba para el almacenaje de una gran cantidad de productos químicos y otros útiles. Este fue el primer lugar escogido para dejar “enfriar” los químicos precursores, esto es, almacenar las sustancias durante un tiempo prudencial para detectar si existen vigilancias sobre las mismas y eludir la posible acción policial.
Por otra parte, el entramado recurrió a varias empresas logísticas para transportar los productos químicos simulando tener una actividad legal. De estas gestiones se ocupaba un empresario del País Vasco quien, gracias a sus contactos, servía de “conseguidor” en la península a los investigados canarios. Uno de estos transportes permitió a los agentes localizar una nave industrial, en una localidad de Pontevedra, utilizada en un primer momento como centro logístico para abastecer el macrolaboratorio y, posteriormente, para “enfriar” los materiales antes de trasladarlos al mismo.
Los miembros de la organización criminal contaban con un alto grado de sofisticación y un claro reparto de funciones. Por un lado, los colombianos suministraban los medios humanos en forma de “cocineros” o químicos del laboratorio.
Por otro, los mejicanos aportaban los conocimientos técnicos para la correcta extracción de la coca base, que era transportada oculta en máquinas trituradoras de piedra de grandes dimensiones (concretamente en dos cilindros metálicos que forman parte de sus componentes). Además, también eran los encargados de supervisar que la coca base procedente de Colombia fuera convenientemente procesada.
Por último, los españoles se ocupaban del grueso de la operación; es decir, de la gestión del transporte de la sustancia desde el país de origen (Colombia) hasta su recepción en Pontevedra para su correspondiente tratamiento en el laboratorio, de cuya instalación también se encargaban, y la posterior distribución del producto final por todo el territorio nacional.
Durante el pasado mes de octubre, los investigadores observaron un aumento exponencial de las actividades de la organización. Nuevamente, y tras un tiempo prudencial, comenzaron a mover los productos químicos, la maquinaria y los útiles necesarios para el establecimiento del laboratorio. Esto se llevó a cabo bajo unas fuertes y estrictas medidas de seguridad, entre ellas, el uso de vehículos lanzadera y la fijación de puntos de observación para detectar la posible presencia policial.
En este momento, los agentes consiguieron ubicar el punto exacto de lo que ha resultado ser el mayor laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína desmantelado en Europa hasta la fecha (sin perjuicio de las zonas productoras de Sudamérica). Se trataba de un chalet de grandes dimensiones, localizado en un municipio pontevedrés, alejado de otras viviendas y rodeado de una gran parcela. Además, pocas semanas después, detectaron la presencia de tres varones de origen sudamericano que habían sido introducidos bajo fuertes medidas de seguridad.
Cooperación policial con las autoridades portuguesas
Paralelamente, los investigadores tuvieron conocimiento de que el entramado pretendía importar desde Colombia una máquina de triturar piedra de grandes dimensiones a través del puerto portugués de Leixoes (Oporto). Para ello, recurrieron a un empresario vasco que creó una empresa ad hoc con el objetivo de asegurar la entrada de la sustancia estupefaciente oculta en el interior de dos cilindros mecánicos que componían la trituradora de piedra.
Es en estos momentos cuando la investigación adquirió carácter internacional. Gracias a la cooperación policial con las autoridades portuguesas, que iniciaron pesquisas sobre las actividades de la organización investigada en su país, se detectaron constantes viajes y reuniones de varios de sus miembros con personas vinculadas al puerto de Leixoes (Oporto).
Las gestiones policiales realizadas permitieron concluir, por un lado, que detrás de los ciudadanos españoles se encontraban dos potentes organizaciones criminales de carácter internacional –una colombiana y otra mexicana- que se habían unido para poder financiar conjuntamente un laboratorio capaz de producir 6.000 kilos de clorhidrato de cocaína en diferentes fases. Y por otro, la intención del entramado de introducir otras tres máquinas trituradoras más.
Todos los miembros de la organización sometían sus comunicaciones a un estricto protocolo de seguridad, teniendo asignado cada uno de ellos un apodo y quedando completamente prohibido utilizar sus nombres de pila. En estas comunicaciones cobraban especial relevancia “los señores”, que eran los jefes del laboratorio y los encargados de dar instrucciones y órdenes, desde sus lugares de origen, a sus subalternos en España. Eran precisamente estas personas las que habrían desembolsado una cantidad aproximada de dos millones de euros para establecer el laboratorio clandestino.
Por otra parte, para financiar los elevados costes de las actividades, los miembros de la llamada “oficina” que la organización criminal internacional tenía en nuestro país se encargaban de realizar entregas de dinero en metálico. Para ello, se valían de diferentes ubicaciones y personas.
Una vez que el entramado criminal culminó la importación y traslado de la trituradora a la nave de Pontevedra, los agentes constataron la llegada a España de dos individuos de origen mexicano cuya misión era desarmar la máquina y recuperar la cocaína base oculta en su interior. A estas personas se referían como “el ingeniero”, encargado de extraer la droga para trasladarla al laboratorio; y el “notario”, persona de confianza de la organización mexicana que daría fe de todo lo acontecido allí.
Con el avance de la investigación, también se detectó la llegada de seis individuos de origen colombiano. En un primer momento fueron trasladados a un piso de seguridad y, tras retirarles sus teléfonos y esperar un tiempo prudencial, los llevaron al laboratorio de forma escalonada. Se trataba de los “cocineros”, es decir, los encargados de procesar la droga. Éstos eran distribuidos en diferentes turnos para que la actividad del laboratorio no cesara, permaneciendo a pleno rendimiento las 24 horas del día.
Cuando “el ingeniero” consiguió extraer la base de cocaína del interior del primer cilindro de la trituradora, se iniciaron los traslados de la sustancia desde la nave hasta el laboratorio. Para ello emplearon, nuevamente, fuertes medidas de seguridad -vehículos lanzadera, disfraces de transportistas y emisores Wi-Fi para no perder la comunicación durante los trayectos-.
Fue entonces cuando se puso en funcionamiento el mayor laboratorio de procesamiento de cocaína de Europa, capaz de producir hasta 200 kilos de sustancia estupefaciente diarios.
Gran dispositivo policial en Las Palmas de Gran Canaria, Pontevedra, Madrid y Bilbao
Tras finalizar el proceso de producción de la primera partida de droga, la organización comenzó a preparar su distribución valiéndose de una furgoneta de reparto de una conocida empresa de mensajería. Simulando la recogida de cuatro bultos, transportaron 100 kilos de cocaína que los agentes incautaron al interceptar dicho vehículo en la entrada de la Comunidad de Madrid.
Ante la existencia de indicios suficientes que acreditaban la actividad ilícita del laboratorio, se realizó un gran dispositivo policial que se extendió a Las Palmas de Gran Canaria, Pontevedra, Madrid y Bilbao.
Como resultado, los agentes detuvieron a 18 personas y realizaron 14 registros en los que intervinieron 151 kilos de sustancia estupefaciente terminada y lista para ser distribuida, 1.300 kilos de pasta base, más de 23.000 litros de precursores y 4 toneladas de productos químicos sólidos utilizados para procesar la droga. Asimismo, incautaron la máquina trituradora de piedra, numeroso utillaje de laboratorio, documentación, teléfonos móviles, ordenadores y vehículos de alta gama. Por otra parte, los agentes bloquearon 17 propiedades -por un valor aproximado de 1.700.000 euros- y 37 productos financieros, a la espera de cuantificar el valor de los mismos.
El laboratorio desmantelado tenía una magnitud sin precedentes en Europa. Contaba con avanzados sistemas de extracción de aire y sofisticados equipamientos de refrigeración y calentamiento de sustancias. Todo ello perfectamente compartimentado en varias zonas para poder llevar a cabo el procesado, separación, secado y empaquetado de la cocaína.
Esta operación ha permitido constatar una nueva tendencia en el tráfico de cocaína, en la que la sustancia estupefaciente es exportada sin haber sido sometida al proceso químico, que se lleva a cabo en laboratorios clandestinos instalados en el país de destino. Esto atiende al intento de las organizaciones criminales de disminuir las pérdidas ante posibles incautaciones policiales. Además, de impedir con este operativo que una gran cantidad de droga llegue al mercado, se ha evitado una contaminación ambiental con efectos devastadores, ya que las más de 27 toneladas de productos químicos líquidos y sólidos, una vez utilizadas, habrían sido vertidas a las aguas de un río cercano.
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