La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado este lunes, en la presentación de su‘XXI Informe Anual: La situación de las personas refugiadas en España y Europa’, un Pacto social y político que blinde el derecho de asilo frente a los continuos ataques que está sufriendo en los últimos años. Esta propuesta forma parte del paquete de 37 medidas que la organización hace a los partidos políticos de cara a las elecciones generales con el objetivo de “mejorar la protección internacional y evitar que la incertidumbre política e intereses electoralistas menoscaben al derecho humano que tiene toda persona a buscar refugio”.

Entre las personas solicitantes, cientos se tuvieron que jugar la vida en el mar o en saltos de valla “como los que desencadenaron la tragedia de Melilla”, señalan. Por este motivo, CEAR pide a los partidos políticos que en sus agendas políticas “den prioridad a garantizar el acceso al procedimiento de asilo de forma legal y segura, a través de embajadas y consulados, tal y como está recogido en el artículo 38 de la Ley de Asilo”.

Además, propone otras medidas como la emisión de visados humanitarios, la aprobación de un programa ambicioso y permanente de reasentamiento y la flexibilización de los requisitos de reagrupación familiar para evitar que las personas refugiadas se vean obligadas a ponerse en manos de traficantes.

Pese a ello, CEAR recuerda que 118.842 personas solicitaron asilo en España el año pasado, de las cuales 6.446 lo solicitaron en Canarias, sin contabilizarlas milesa las que “se invisibiliza” por no poder acceder a una cita. Fue un año más el tercer país europeo con más peticiones, solo por detrás de Alemania y Francia, y el tercero por la cola en cuanto a resoluciones favorables con un 16,5 por ciento, solo por delante de Malta y Chipre, quedando muy lejos de la media europea del 38 por ciento.

“Los graves obstáculos que se imponen para acceder al procedimiento de asilo, obtener una cita o el criterio restrictivo de las autoridades para rechazar sistemáticamente resoluciones de personas que vienen huyendo de países en conflictos inacabados como el de Colombia son una muestra de los retos pendientes que hay que resolver con urgencia. España debe proteger mejor a las personas que se ven forzadas a huir de sus países. Además, hay 146.000 solicitudes sin ser resueltas a día de hoy, la mayoría procedentes de Venezuela y eso no se puede consentir por la incertidumbre y dificultades que aporta a estas personas”, declara Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR Canarias.

“En Canarias hemos notado el impacto de la geopolítica, no solo en la ruta canaria y en el sistema de acogida de solicitantes de asilo, también en las relaciones de España y Marruecos. Los convenios firmados por la Unión Europea con países como Senegal, Mauritania o Níger para el control migratorio han hecho que, a pesar de que no ha disminuido la situación de violación de derechos en el continente africano, se haya reducido la cifra de personas que llegan a Canarias. A pesar de esto, en Canarias se está produciendo un aumento de llegadas de personas en los meses de verano y otoño, sobre todode personas de origen subsahariano, entre las que cada vez la presencia de mujeres es mayor. En 2022 aumentó el número de personas que pidieron asilo en Canarias en un 17 por ciento, ascendiendo la cifra a 6.446. Canarias es la quinta comunidad autónoma con más solicitudes de protección internacional, la mayoría proceden de Venezuela, Colombia, Marruecos, Senegal, Mali y Costa de Marfil”, añadió.

Refuerzo del sistema de asilo

CEAR en su informe incluye medidas basadas en reforzar el sistema de asilo y garantizar este derecho humano. Para ello, considera necesaria la creación de una estructura administrativa dependiente de Presidencia con presupuesto suficiente para aglutinar todas las competencias en materia de asilo, garantizando así una necesaria coordinación entre todos los órganos implicados en el proceso (procedimiento legal, acogida e inclusión).

Asimismo, reitera la necesidad de garantizar que los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), que tan buen resultado han dado en la respuesta a la emergencia en Ucrania, puedan transformarse en “ventanillas únicas del asilo" para que todas las personas solicitantes de protección puedan registrarse, documentarse y acceder al procedimiento a través de estos recursos, con independencia de su lugar de procedencia.

Este refuerzo del sistema de asilo debe venir acompañado con medidas que garanticen el acceso a derechos fundamentales. Para ello es esencial quelas administraciones les faciliten el empadronamiento para que puedan acceder a servicios sociales, a la educación o la sanidad; así como promover planes para acabar con la discriminación a la hora de encontrar una vivienda, entre otras cuestiones. Por otro lado, las entidades bancarias deben garantizar la apertura de cuentas de pago básicas, como establece la normativa vigente.

La respuesta a Ucrania y a la tragedia de Melilla, las dos caras de la moneda

En su repaso a los acontecimientos del año, CEAR puso sobre la mesa “la doble vara de medir” en dos de los principales hitos que tuvieron lugar el año pasado. En la invasión rusa de Ucrania, los países europeos, incluido España, “demostraron que con voluntad política se puede acoger y garantizar los derechos en tiempo récord”, señalan.

Sin embargo, esa respuesta “se vio empañada por la tragedia que tuvo lugar en Melilla el pasado 24 de junio, en el que al menos 37 personas perdieron la vida, 77 están en paradero desconocido y 470 fueron devueltas ilegalmente, sin que de momento haya habido verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias”, añadieron.

“No se puede abrir las puertas de manera ejemplar a las personas que huyen de un terrible conflicto como el que sufre Ucrania y, al mismo tiempo, cerrarlas a cal y canto de forma violenta a quienes tienen que escapar de otros terribles conflictos olvidados. Es una paradoja y una hipocresía la solidaridad a la carta. La mayoría de víctimas de la tragedia de Melilla huían de un país en conflicto como es Sudán, y se les recibió con una violencia desproporcionada, pese a que estas personas cuando logran llegar tienen altas tasas de reconocimiento de asilo en España”, denuncia Juan Carlos Lorenzo.

La presentación del Informe Anual de CEAR contó con la intervención de Hamed Samoura, joven maliense que, siendo menor de edad decidió salir de su país debido al conflicto armado que vive su población desde hace más de diez años. Han pasado casi tres años de su llegada a las islas pero no olvida el miedo que pasó en su ruta migratoria, especialmente la noche en la que perdieron la ubicación. Afortunadamente, llegó al puerto de Arguineguín y tras pasar por varios centros de menores, ahora vive en un piso gestionado por CEAR Canarias.

Desde el principio, ha sabido que hay que esforzarse mucho para poder superar todos los obstáculos que las personas migrantes se encuentran en su proceso de inclusión aquí. Lo primero fue estudiar español para que la barrera idiomática no le impidiera poder formarse. Y lo hizo, obtuvo el título de Educación Secundaria Obligatoria y un Programa Profesional básico en Mantenimiento de vehículos con prácticas de mecánico en una empresa de maquinaria pesada. Pero quiere seguir estudiando para tener más posibilidades de trabajar.

Hamed, a pesar de que echa de menos a su familia, se siente afortunado y recuerda que hay otros muchos chicos que no tuvieron la misma suerte que él, al ser acogidos una vez cumplieron la mayoría de edad. En cuanto a su situación jurídica, ya tiene la protección subsidiaria y permiso de residencia y trabajo.

Presidencia de España de la UE

“Es el momento de apoyar la solidaridad y la responsabilidad compartida, sobre todo estando en Canarias, lugar fronterizo y de acogida de miles de personas. Es importante conocer estas cifras, ahora que nuestro país va a asumir, a partir del 1 de julio la Presidencia del Consejo de la UE”, señala en relación a este tema Antonio Morales, Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Para CEAR se trata de una oportunidad histórica “para que nuestro país lidere una política migratoria que ponga en el centro a los derechos y a las personas”. Para ello debe defender una posición garantista en las negociaciones del Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo basado en los principios de solidaridad y responsabilidad compartida. No obstante, en el último Consejo de Ministros de la UE, las negociaciones sufrieron una “peligrosa deriva” al proponersela ampliación del concepto de “terceros países seguros” pudiéndose incluir aMarruecos, Libia, Túnez o Turquía, entre otros.

Al mismo tiempo, se apuesta por un mecanismo de solidaridad a la carta, en los que los Estados miembro pueden escoger entre reubicar personas refugiadas o financiar a terceros países en materia de control migratorio y fronterizo, una propuesta “inaceptable” que pone precio a los derechos humanos.

Adoptar medidas para poner fin a la criminalización de la solidaridad hacia las personas migrantes y refugiadas y poner la vida de las personas en el centro de la gestión de las políticas migratorias “son otras de las medidas que la presidencia española debería impulsar durante el segundo semestre”, según CEAR. Para ello, “es fundamental blindar la función de salvamento de vidas en el mar y garantizar, en todos los casos, el desembarco seguro de las personas rescatadas”.

Además, la presidencia española debe promover medidas para combatir actitudes y narrativas xenófobas, racistas y de odio, así como la desinformación en medios y plataformas online, que dañan la dignidad, estigmatizan y criminalizan a las personas migrantes y refugiadas al tiempo que amenazan gravemente la cohesión social europea.

“El gran desafío pendiente que tiene España a la hora de afrontar la movilidad humana, ya sea forzada o no, son las políticas de acogida y de inclusión. De nada vale que podamos desarrollar una acogida que cumpla las necesidades básicas si no desarrollamos de manera simultánea medidas de inclusión, ya sea residencial, la que afecta a los derechos culturales y sociales, a la formación y la empleabilidad. Debemos asumir la realidad con ese enfoque poliédrico, así podemos convertir a nuestro país realmente en un país de acogida, país para refugiados”, expone Juan Carlos Lorenzo.

“Frente al alarmante aumento de los mensajes xenófobos, racistas y de odio es necesario que quienes toman decisiones políticas actúen con responsabilidad y promuevan en todo momento políticas que permitan salvar vidas, sin excepciones ni discriminaciones. Además, en Canarias es indispensable apostar por los planes de convivencia intercultural”, concluye Juan Carlos Lorenzo.