El abogado laboralista de Seguridad Integral Canaria (SIC) ha afirmado este miércoles ante la Audiencia de Las Palmas que en la empresa se hacían muchas horas extras y que su pago fue objeto de cientos de reclamaciones por parte de los empleados, así como que se excedían de las 80 anuales que fija el Estatuto de los Trabajadores.

En la quinta sesión del juicio que se sigue contra el empresario Miguel Ángel Ramírez y el administrador único de SIC desde 2011, Héctor de Armas, por un supuesto fraude a la Seguridad Social y a Hacienda, el testigo propuesto por la defensa del también presidente de la UD Las Palmas ha señalado que en esas reclamaciones los trabajadores "nunca" decían que habían cobrado una parte en dietas.

Este abogado ha indicado que los trabajadores reclamaban la totalidad de las horas extras que habían realizado, y ha recalcado que la litigiosidad laboral en SIC era enorme y ello se debía a que es común en este sector y a que esta empresa creció "muy rápido".

Según recuerda este testigo, fueron más de 8.000 las reclamaciones por salarios y complementos y por horas extras, cientos.

Sobre las reclamaciones por horas extras, se exigía el pago de la totalidad de las que habían hecho, más de las debidas, ha manifestado el abogado laboralista de SIC desde 2009 a 2018, que ha remarcado que acudía a 30 señalamientos semanales en la jurisdicción laboral, pleitos que concluían la mayoría en conciliaciones, los que menos en sentencias.

El testigo ha explicado que asistía a las inspecciones de la Seguridad Social en Madrid, que se llevaban a cabo cada cuatro años y que es una práctica habitual en las grandes empresas como SIC, y que participó en la última de los años comprendidos entre 2009 y 2012, que concluyó como todas con un reconocimiento de deuda de 3 millones de euros por ingresos de cantidades no justificadas como dietas.

Ha manifestado que le sorprendió que se reabriera la actuación inspectora tras el acuerdo de reconocimiento de deuda de 2014 y se pidiera una prórroga de nueve meses y que le comentó el inspector que se debía a que habían recibido una "alerta de Hacienda" y que no se podía concluir.

También le sorprendió que se les impusiera una sanción de 6.000 euros, "lo mínimo de lo mínimo", para un supuesto error en el pago de 14 millones de euros.

Además, ha indicado que se le autorizó abonar esa deuda a plazos a lo largo de 10 años y por parte de SIC se abonaron los casi dos millones de la parte inaplazable relativa a la cuota de los trabajadores, mientras que el resto se fraccionó en pagos mensuales de más de 100.000 euros, de los que se hicieron varios, según ha recordado.

En cuanto al descuelgue del convenio colectivo que se acordó con representantes de los trabajadores y al convenio de empresa que se aprobó, y que fue publicado en 2013 en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas, también con el apoyo mayoritario de los empleados, ha defendido que ambos fueron anulados por el Tribunal Supremo por "defectos de forma" y "no se objetaron las condiciones laborales".

La anulación del descuelgue y del convenio en 2015 y 2016 por las sentencias del Supremo "abocó al cierre y al concurso (de acreedores) a SIC", ha señalado el abogado, que ha subrayado que el convenio propio del que se había dotado la empresa era "tan lícito que las administraciones públicas se aprovecharon de él".

En esta jornada también han declarado como testigos de la defensa un primo de Miguel Ángel Ramírez que fue vigilante y llegó a ser el responsable de seguridad en SIC, así como la directora de Recursos Humanos, que ha reconocido que la "conflictividad" era alta y que su función era, sobre todo, jurídica.

La entonces responsable Recursos Humanos ha dicho que la "inmensa mayoría de las reclamaciones de los empleados se referían a las horas extras trabajadas, que pedían que se les pagara al precio del convenio, si bien, "cuando se hacían, la instrucción era que había que librarlas en los tres meses siguientes" pero había veces que no se podían compensar.

Ha explicado también la testigo que se pagaban dietas por desplazamiento a los trabajadores que se trasladaban a municipios distintos al suyo, pero desconoce lo que se abonaba por este concepto.

El familiar de Ramírez, que empezó a trabajar como vigilante de seguridad en 1999 y estuvo en SIC hasta 2018, ha indicado al tribunal que cuando se hacían horas que se excedían de la jornada se abonaban como dietas, y que eso se hizo desde "1999 hasta 2018 a todo el mundo", y no recuerda cómo se producían los pagos, al ser preguntado si primero recibía la nómina y después un segundo ingreso de las dietas.

No obstante, ha dicho posteriormente que "las horas que se pasaban (de la jornada) se compensaban con días libres" y que no escuchó a otros trabajadores decir que "las horas extras se camuflaban como dietas", algo que ni le consta ni lo recuerda tampoco.

En 2009 cobró 19.000 euros en dietas y ello, según ha explicado, se debe a que, por su cargo, tenía una cantidad asignada al mes para gastos de representación de empresa que no debía justificar, y que estos gastos se los ingresaban en la nómina, al margen de que disponía de una tarjeta de empresa que no utilizaba.

Otro testigo propuesto por la Seguridad Social que trabajó durante 19 años en SIC como vigilante y responsable de servicio, también ha declarado que cuando hacían algún turno de más se compensaba con horas y días libres y que alguna vez se pagaban y se incluían en la nómina, y que los desplazamientos se consideraban como dieta.

En su caso, prestaba servicio en las cocheras de Guaguas Municipales de El Sebadal, donde SIC ofrecía vigilancias de 24 horas todo el año, que cubrían tres vigilantes más y un cuarto para cubrir los días libres.

El juicio continuará este jueves, cuando comenzarán a declarar los peritos.