Raquel López Merchán es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UNED y autora de Revictimizadas. Migrantes y víctimas de violencia de género, un libro que recientemente la ha traído hasta Fuerteventura para presentarlo en la Biblioteca Feminista Lorenza Machín de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva.

Raquel ha colaborado con Cruz Roja, Generando Igualdad (Madrid), Adavas Salamanca y Cepaim. Ha unido el feminismo con sus ganas de cambiar el mundo a través del trabajo con mujeres, inmigración y violencia de género. En esta entrevista, la especialista alerta de los inconvenientes que se encuentran las migrantes a la hora de denunciar la violencia machista y lamenta la victimización secundaria que sufren por parte de las instituciones, agentes sociales intervinientes y sociedad. “En ellas, la revictimización va unida a la discriminación por ser mujer, migrante y víctima de violencia de género”, apunta.

-El libro se titula ‘Revictimizadas. Migrantes y víctimas de violencia de género’. ¿Por qué son revictimizadas?

-A las mujeres nacionales, las instituciones nos vuelven a convertir en víctimas cuando vamos a interponer una denuncia. Con las mujeres migrantes ocurre mucho más. La revictimación o victimización secundaria es cuando la mujer es víctima porque ha sido victimada por violencia de género. Cuando se va a denunciar al Juzgado, a la comisaría o al cuartel de la Guardia Civil hay determinadas circunstancias, actitudes y comentarios que te vuelven, otra vez, a recordar que eres víctima de un hecho tan traumático como este. En las mujeres migrantes, la revictimización va unida a la discriminación por ser mujer, migrante y víctima de violencia de género.

-¿Las mujeres migrantes tienen más dificultades a la hora de denunciar la violencia de género?

-Sí. Se enfrentan a estar en un país que no es el suyo, sin una red de apoyo y encima están en situación administrativa irregular. Piensan cómo se van a acercar a una comisaría a denunciar. Creen que no las van a creer. En muchos casos, no tienen la cultura de ir a denunciar. Se enfrentan al miedo o la sospecha de que son todos corruptos y no les van a echar una mano. Es una idea que traen de su país y aquí les cuesta mucho romperla. Aparte hay muchos mitos sobre las mujeres migrantes. Piensan que si denuncian las van a deportar.

-¿A qué mitos se refiere?

-El principal es que denuncian porque, automáticamente, les van a dar una autorización de residencia y trabajo y no es así. Todo eso requiere de un proceso. Si va a denunciar puede solicitar, a la par, una autorización por circunstancias excepcionales que la autoriza a residir y trabajar, pero es provisional. Para que se vuelva definitiva, debe tener en la mano un papel que le diga que el agresor ha sido condenado y que a ella se le reconoce como víctima de violencia de género. Otro mito es que todas las denuncias son falsas. También existen mitos en relación con la mujer migrante como que son todas analfabetas y no es así. Me he encontrado con mujeres doctoras en su país, con estudios universitarios, empresarias y que se han venido aquí y ahora están trabajando en la limpieza o en el ámbito de los cuidados. Contra todos esos mitos también tienen que luchar.

“Se enfrentan a estar en un país que no es el suyo, sin una red de apoyo”

-¿Qué dificultades se topa cuando se acerca a una comisaría?

-Por un lado, no confían mucho en los cuerpos de seguridad por el pensamiento que traen de sus países de corruptela. Piensan que no se las va a creer porque son migrantes y no tienen los papeles en regla. También piensan que si denuncian estando en situación administrativa irregular van a ser deportadas. No tienen información ni red de apoyo.

-¿La Ley de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género de 2004 tiene en cuenta a las mujeres migrantes?

-Se habla muy poco, casi de puntillas, y lo mismo pasa con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que firmaron todos los partidos de entonces en 2017. Dos o tres medidas se hacen eco de las mujeres migrantes. Lo mismo pasa con las mujeres en el medio rural, que son otras grandes olvidadas. Se habla de forma muy generalista. Soy de las que piensan que está muy bien lo general, pero cuando se pone en marcha se tiene que ir al caso particular. Se tiene que analizar caso por caso y ver cuál es la situación de cada mujer, pero eso lleva mucho tiempo y no se tiene. Además, es mucho más lento y no están los recursos necesarios.

-¿Es correcta la respuesta de las autoridades competentes?

-Podría ser muchísimo mejor. A la inmensa mayoría de los profesionales todavía les pueden los prejuicios y estereotipos y eso echa para atrás a las mujeres. No denuncian porque no hay una implicación ni empatía. Ellas se sienten, entonces, más desvalidas. Es importante el trabajo que se hace con la mujer a nivel de asesoramiento jurídico y, sobre todo, de apoyo psicológico. Para enfrentarse a un proceso judicial tienen que estar muy fuertes porque se les va a cuestionar. En los delitos relacionados con la mujer, tanto en violencia de género como violencia sexual, a quien se cuestiona siempre es a la mujer.

“La Ley de 2004 habla muy poco, casi de puntillas, de las mujeres migrantes”

-En el caso de estas mujeres migrantes, la dependencia al maltratador es mayor…

-Sí. Hay muchos casos en los que las mujeres han venido reagrupadas por sus parejas. Su situación legal depende de la situación legal de su pareja y él juega con esa información o desinformación. En muchos casos, ellas no saben dónde acudir ni saben que, si interponen una denuncia, pueden solicitar a la par la autorización provisional que es, totalmente, independiente a la de su pareja. Los maltratadores, tanto nacionales como extranjeros, juegan con esa información y ese miedo y hacen que las aíslen muchísimo más. Muchas de ellas llegan a pensar que es lo que se merecen. Dependen económicamente de él y también su situación administrativa depende de él. En muchos casos, no las dejan trabajar y si trabajan es en lo que ellos les dicen y les requisan el dinero. No son independientes económicamente. Es algo que pasa a las nacionales y, en mayor medida, a las extranjeras.

-Y en el caso de que el maltratador sea nacional y ella extranjera se complica aún más…

-Sí. Las mujeres migrantes cuando, por ejemplo, inician una relación engañadas su situación personal es un poco tambaleante. Muchas veces vienen sin conocer a nadie, dicen qué hago, será cierto todo lo que me dice. Piensan: “es de acá y conoce todo al dedillo”, pero lo que está haciendo el maltratador es jugar con ellas, amenazándolas, manipulándolas y moviéndolas como un guiñapo. La mujer se convierte en un objeto para él. Algo de su propiedad.

-Las mujeres migrantes suelen tener una red de apoyo muy limitada. ¿Cómo les afecta esta situación cuando son víctimas de violencia de género?

-Les cuesta mucho más dar el paso de denunciar y de romper la relación. Piensan dónde voy, no tengo casa. Si hay menores a su cargo piensan dónde voy con los niños, qué recursos asistenciales y de vivienda hay. Para nosotras, teniendo una red, es complicado, pero a ellas se les complica muchísimo más. Están totalmente perdidas. Muchas veces no conocen ni los recursos asistenciales que hay o sienten vergüenza de pedir ayuda a las entidades que conocen.

-¿Con qué prejuicios se topan las mujeres extranjeras víctimas de la violencia machista?

-Prejuicios y mitos como que son analfabetas, que vienen a quitarnos el trabajo, a aprovecharse, o quitarnos nuestros maridos. Se les dice que tienen más facilidad para acceder a ayudas de cualquier tipo. A la hora de alquilar una vivienda, también se encuentran con muchos problemas. Piensan que les van a timar. Otra teoría es que todos los maltratadores son extranjeros, pero si te vas a las estadísticas de la Delegación del Gobierno ves que el 60-70 por ciento son nacionales. Es muy fácil desinformar.

“Muchas veces no conocen ni los recursos asistenciales que existen”

-¿Qué mecanismos hacen falta a la hora de tratar a estas mujeres?

-Sobre todo la empatía. Si no sabe el idioma, se debe buscar a alguien que ayude a entenderla en su mismo idioma. No juzgarlas ni criticarlas. Nunca se debe empujarlas a hacer algo de lo que no están seguras. Hay que acompañarlas en el proceso para tomar esa decisión. Se las puede aconsejar y darle el hombro para llorar y escucharlas, pero nunca juzgar ni tomar decisiones por ellas.

-¿Se debe diferenciar el trato que se da a la mujer nacional víctima de violencia de género de la que se da a la extranjera en la misma situación?

-Creo que hay que diferenciar cada caso. Da igual que sea mujer nacional o migrante, es distinto. Hay un hilo conductor, una línea temporal y una serie de herramientas y recursos que, en mi opinión, hay que adaptarlos al caso concreto. Ningún caso va a ser igual. Lo que pasa es que no tenemos tiempo ni recursos.

-¿Se protege en España a los hijos de mujeres migrantes víctimas de violencia de género?

-No. Creo que se les maltrata de manera institucional, desgraciadamente.

-¿Por qué?

-Aunque están reconocidos como víctimas directas por ley, los consideran un daño colateral. En el caso de mujeres que han sido asesinadas y dejan menores a cargo, el proceso que les queda a las familias para trabajar con esos niños es muy duro. Todos los derechos los tiene el padre, aunque esté en la cárcel. La burocracia es muchísima para las ayudas económicas. En el caso de un niño migrante, que se ha venido con su mamá y tiene a toda la familia en su país, puede que ya no tenga ningún vínculo con su familia y, de repente, se le dice: “tu papá está en la cárcel. Te regresas a tu país o te vas a un centro de menores”. De pronto se les rompe todo.