Objetivo conseguido tras recorrer Canarias: la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) de una ley frente a catástrofes volcánicas ya ha conseguido las 15.000 firmas necesarias para que su propuesta sea debatida y votada en el Parlamento de Canarias.

No obstante, este grupo de ciudadanos palmeros, afectados por la destructiva erupción de 2021 en el Valle de Aridane, podrá seguir recabando firmas hasta el 19 de septiembre, casualmente fecha en que se cumple el segundo aniversario del inicio de la destructiva erupción en Cumbre Vieja.

Los pliegos de firmas se podrán entregar al Parlamento canario entre el 20 y el 27 de ese mes, según ha confirmado el Parlamento de Canarias a la comisión promotora, ya que agosto es inhábil en esta institución.

En los últimos dos meses, una quincena de personas, incluyendo fedatarios, ha visitado numerosos lugares del Archipiélago para recabar apoyos, un periplo que aún no ha terminado, pues en los próximos días y semanas aún se instalarán mesas con los pliegos para firmar en Tenerife, La Gomera y La Palma, para intentar superar las 20.000 firmas; pero ya con la satisfacción de que el texto de la iniciativa legislativa popular será tramitado en el Parlamento autonómico.

La comisión promotora de la ILP, que urgirá al Parlamento a que la ley sea aprobada como máximo el 13 de diciembre, cuando se cumplen dos años del fin de la erupción en Cumbre Vieja, desea expresar su profundo agradecimiento a las personas que han rubricado ya su apoyo a esta iniciativa así como las múltiples muestras de empatía y solidaridad hacia los miles de damnificados por la erupción de 2021 en La Palma, la mayor catástrofe de este tipo en Europa en el último siglo.

El objetivo de esta Ley de Volcanes es cubrir el vacío legislativo actual en cuanto a garantizar el derecho a una recuperación socioeconómica digna y ser posible en el mismo lugar para la población damnificada por desastres naturales como el ocurrido hace casi dos años en La Palma.

Aunque el texto inicial fue modificado a instancias del Consejo Consultivo de Canarias para no invadir competencias estatales, la comisión promotora espera que durante el trámite parlamentario se busque el encaje legal para determinadas reivindicaciones referidas al justiprecio de expropiaciones de terrenos, la creación de un consorcio público para gestionar la reconstrucción con participación de los afectados y las bonificaciones fiscales para damnificados por erupciones.

Se trata de una ley de ámbito regional porque Canarias es un archipiélago volcánicamente activo en el que han sucedido 17 erupciones desde el siglo XV y que en el futuro seguirá viéndose afectado por el riesgo volcánico, con una peligrosidad muy superior a la de siglos pasados debido al intenso poblamiento actual de las islas, lo que hace imperiosa la necesidad de esta ley.

En su recorrido en busca de respaldo social, la comisión promotora ha visitado lugares afectados por erupciones históricas, como El Pinar (El Hierro), donde ocurrió en 2011 la erupción submarina junto a La Restinga; en Tenerife Guía de Isora (donde en 1909 erupcionó el volcán Chinyero) Garachico (cuyo puerto resultó destruido en 1706 por la lava del volcán de Arenas Negras), el valle de Güímar (erupción del volcán de Arafo en 1705), Arico (1704-1705, volcán de Siete Fuentes), Fasnia (1705), Lanzarote (erupciones en Timanfaya entre 1730 y 1736), además de la propia isla de La Palma, donde se han producido 8 erupciones históricas.