La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha finalizado el pasado 27 de junio la instrucción de una serie de diligencias por la presunta autoría de un delito de fraude a la hacienda pública, al detectar una importante empresa tabaquera radicada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias se había aplicado durante los tres últimos años un tipo impositivo de menor importe al que realmente debería haberse aplicado, constituyendo estos hechos un fraude contra la Agencia Tributaria Canaria.

La Guardia Civil, tuvo conocimiento en mayo de 2022 al recibir una denuncia anónima en la que se detallaban la comisión de una irregularidad en el pago de tributos por parte de una empresa tabacalera de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife.

El análisis especifico de los tributos de los tres últimos años llevó a la Sección Fiscal y Fronteras del Puerto de la Luz, a comprobar cómo la citada mercantil, durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y marzo de 2023, habría repercutido en sus autoliquidaciones del impuesto sobre las labores de tabaco negro de un modo deliberadamente erróneo por un tipo impositivo de menor importe al que realmente debería haberse aplicado.

Esto se basaba en la declaración de un tipo impositivo denominado “específico”, que para el ejercicio 2023 está establecido en 11,10 euros por cada 1.000 cigarrillos negros vendidos cuando realmente tendría que haber aplicado el tipo impositivo denominado “proporcional” que para el ejercicio 2023 está establecido en 47 euros por cada 1.000 cigarrillos negros vendidos, todo ello en función de lo dispuesto en la Orden de 9 de mayo de 2011, que desarrolla la Ley 1/2011, de 21 de enero, del impuesto sobre las labores del tabaco y otras medidas tributarias.

En este sentido, el estudio pormenorizado de cada uno de los periodos investigados, se estima que se eludió una cantidad que podría oscilar entre 44,2 euros/1000 cigarrillos negros vendidos, en el ejercicio de 2020 y 35,9 euros/1000 cigarrillos negros vendidos, en el ejercicio de 2023.

Con la práctica descrita, la empresa dejó de pagar a las arcas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias la cantidad de 29.890.125,25 euros, realizándose por parte de la Guardia Civil las diligencias oportunas que fueron entregadas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción UNO de los de Güimar (Santa Cruz de Tenerife).